Rafael, Endryw, Ana Clara, Alice, Kaio. Estos son los niños que han muerto por disparos en el campo de acción metropolitana de Río de Janeiro solo este año. Hay uno más, cuyo nombre y foto no se han hecho públicos. Son seis de los 100 niños que han muerto en los últimos cinco años en la misma región. A Kaio, de 8 años, le alcanzó una bala perdida el pasado 16 de abril. Lo operaron de aprieto y permaneció nueve días ingresado en el Hospital Municipal Pedro II, hasta que acabó falleciendo, el sábado 25. El martes 27 fue enterrado en presencia de otros niños como él.
Kaio era hijo único y vivía con sus padres en la zona oeste de Río. El viernes 16, estaba en una fiesta en un centro de refuerzo escolar. Su mama, Thais Silva, estaba allí con él. El niño estaba haciendo cola para que le pintaran la cara cuando una bala perdida, posiblemente procedente de un tiroteo cerca de allí, le alcanzó en la vanguardia. Cuando vio la sangre de su hijo en el suelo, Thais no pudo reaccionar, solo llorar. “Ni siquiera podía sostener a mi hijo”, dijo, según relatan los periódicos de la ciudad.
En los últimos cinco años, a otros tres niños les alcanzó un tiro cuando estaban en la escuela o iban en dirección a allí. A otros 17 les alcanzó estando en casa, según datos del Instituto Fogo Cruzado, una plataforma digital que registra datos de violencia. Entornos que deberían ser islas de seguridad para los niños no lo son en Río de Janeiro, un categoría del Brasil en el que germinar en la periferia no sigue las estadísticas naturales de un ciclo positivo. “La vida perdida de un niño es un presente y un futuro menos para todos nosotros”, afirma Pedro Hartung, abogado y coordinador judicial del Instituto Alana, que promueve el derecho y el progreso integral de los niños en Brasil.
En 2019, el posterior curso escolar convencional antaño de la pandemia, el 32% de los tiroteos en la región metropolitana se produjeron en torno a los colegios. La llano situación ha llevado a la Defensoría Pública a presentar una energía civil pública para prohibir las operaciones policiales cerca de las guarderías y escuelas y para que los helicópteros de la policía se mantengan alejados de los edificios. La Fiscalía igualmente ha tomado medidas y ha emitido una recomendación para que se establezca un sistema de notificación obligatoria a las escuelas municipales cuando se produzcan tiroteos en sus proximidades.
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La violencia armada de la que han sido víctimas los niños de Río se perpetúa por la incapacidad del Estado para contener la circulación de armas de fuego, ya que el 70% de los tiroteos se han producido en abandono de las fuerzas de seguridad que podrían protegerlos. Por otro lado, el 30% de los niños han muerto durante tiroteos resultantes de operaciones policiales, como fue el caso de Agatha Felix, muerta a los 8 años por un disparo de rifle que realizó un policía militar.
La Defensoría Pública presentó una demanda contra el Estado para indemnizar a la comunidad de Agatha y el Gobierno de Río de Janeiro apeló, argumentando que no hay pruebas de la responsabilidad del Estado y que la cantidad solicitada para la indemnización —5.300 salarios mínimos— es excesiva y constituye “una violación frontal de los principios de constitucionalidad, razonabilidad y proporcionalidad”. Todo eso a pesar de que la Policía Civil concluyó que el disparo que mató a la niña salió del arma del policía, que está encausado. Según la investigación, hubo un “error de ejecución”. Un error muy caro, pero que puede salirle de ocasión al Estado.
Incluso para los niños que sobreviven a entornos violentos en los que la gente muere al azar hasta en el interior de casa, el impacto de esta exposición tiene consecuencias físicas y psicológicas. “¿Cómo podemos esperar que estos niños [supervivientes] obtengan buenos resultados en un examen [como el] Pisa [Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, que evalúa el nivel de conocimientos de los estudiantes], por ejemplo, o que ocupen espacios importantes en el mercado laboral si se ven perjudicados desde el principio de sus vidas, en este proceso de formación, por el contexto en el que viven?”, pregunta el abogado Pedro Hartung.
Coste de hoy y mañana
La pérdida de estas vidas cuesta mucho a las familias, pero no solo a ellas. Nos cuesta a todos como sociedad. Hartung nos recuerda que debemos entender que todos los niños son “nuestros niños”, y que esto determina nuestro futuro como la sociedad que queremos y podríamos ser. “Tenemos que pensar en una lógica de ciudad, de seguridad pública y de educación en la que el niño esté en el centro”, dice el abogado, que el lunes 19 pidió, en una audiencia pública en el Supremo Tribunal Federal, que se haga o se aplique un protocolo de actuación policial en áreas de entrada concentración de niños y adolescentes, centrado en la preservación de la vida.
En última instancia, el homicidio de niños igualmente representa el coste financiero de lo que no somos debido a la violencia. Las estimaciones del Instituto de Estudios Aplicados (Ipea) y del Foro Brasileño de Seguridad Pública mostraron que las pérdidas de Brasil por la violencia ascienden anualmente al 6% del PIB, o aproximadamente 68.500 millones de dólares considerando títulos de 2016, el año base del estudio. La cantidad era equivalente a la que invirtió el Estado en educación en la época.
El nobel de Economía James Heckman concluyó en uno de sus estudios que la inversión en la primera infancia —de cero a cinco años— es una táctica eficaz para el crecimiento económico. Calculó que, por cada dólar gastado, el retorno financiero para la sociedad es de seis dólares. Heckman llegó a la conclusión de que el rendimiento de la inversión era del 7% al 10% anual. El análisis financiero del profesor Heckman sostiene que “proporcionar recursos para el desarrollo de la primera infancia genera beneficios para el niño y para el conjunto de la sociedad, a través de la mejora de la educación, la salud y los resultados económicos”. En otras palabras, para cambiar el mañana es necesario —y posible— proceder hoy. Pero el hoy no nos deja ninguna esperanza.
“Una sociedad que no se moviliza para prevenir las muertes de niños no tiene futuro”, afirma Daniel Lozoya, defensor público de Río de Janeiro. También destaca que es muy raro que se llegue a identificar la autoría de un homicidio o intento de homicidio de un niño en el área metropolitana de Río, sobre todo cuando el 76% son víctimas de balas perdidas.
En 2020, el Gobierno estatal de Río fue condenado a indemnizar a 81 personas por errores, delitos o mala conducta de los agentes de policía. El importe medio era de algo más de 18.000 dólares, lo que equivale a unos 100 salarios mínimos. A modo de comparación, la suma de la cantidad pagada a todas estas víctimas no llega al 5% de la indemnización que se ha pagado a la comunidad de George Floyd, un hombre negro que murió asfixiado por un policía blanco en Estados Unidos el año pasado.
En la mayoría de las sentencias analizadas por el diario Extra, los magistrados argumentan que, entregado que las familias de las víctimas son pobres —en su mayoría habitantes de barrios marginales—, las elevadas indemnizaciones constituirían un “enriquecimiento injusto”. Es decir, la Justicia acepta las defensas que presenta el Estado. “Esas indemnizaciones son irrisorias. No provocan cambios en la actitud del Estado, porque económicamente se vuelve hasta interesante, es un incentivo para continuar con esta política”, dijo Lozoya, el defensor público, al comparar el caso de estas víctimas, que son pobres, con las indemnizaciones por muertes de otro tipo. “La media de indemnización en casos de accidentes aéreos en que las víctimas son familias de clase media normalmente es de 92.000 dólares”.
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