La mayoría de las 50 provincias españolas han perdido agentes o tienen los que tenían hace una década para luchar contra la violencia machista. El número de efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil destinados específicamente a proteger a las mujeres y a sus hijos del ataque de sus parejas o exparejas ha descendido entre 2011 y 2021 en 19 provincias (además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) mientras otras ocho están igual que entonces (suman 27 que están igual o peor). Las 23 restantes han incrementado la plantilla en este tiempo. En la actualidad, hay un total de 2.141 agentes en toda España, 41 más que hace una década.
Las principales organizaciones y sindicatos de ambos cuerpos policiales denuncian que las dotaciones siguen siendo insuficientes y, sobre todo, que falta formación tanto para los que están destinados de forma concreta a atender a estas mujeres como para el resto de la plantilla, que demanda herramientas para poder responder en las mejores condiciones posibles a las víctimas desde que ponen un pie en una comisaría o levantan el teléfono para denunciar.
Entre los 21 territorios con menos agentes, hay siete que han sufrido recortes por encima del 20% de la plantilla, es decir, han perdido a uno de cada cinco agentes o más. El más perjudicado es Valladolid, que cuenta actualmente con menos de la mitad de personal específico que en 2011: son 17, un 53% menos que en 2011. El resto son Granada, que ahora tiene 40 agentes (un 25% menos); Huelva, con 30 agentes en la actualidad (reducción del 23%); Zaragoza (37 efectivos, un descenso del 27%); Alicante, que ha bajado un 22%, hasta 95 agentes; Murcia, con 71 agentes y una caída del 22% y Ceuta (-29%, 15 agentes). Son las cifras incluidas en la respuesta a una pregunta parlamentaria del senador socialista Miguel Ángel Heredia, a los que ha tenido acceso Columna Digital. En dicha contestación se ve la evolución de los últimos 10 años, con datos que acaban en enero de 2021. Las cifras no aparecen desagregadas por cuerpos de seguridad del Estado, es decir, suman policías nacionales y guardias civiles.
Ocho provincias mantienen el mismo número de agentes que en 2011. Son Córdoba, Ávila, Salamanca, Guadalajara, Barcelona, Castellón, Cáceres y Gipuzkoa. En las otras 23 se han incrementado los efectivos. Entre ellas, tres triplican el número de agentes, aunque el punto de partida era bajo. Girona, Lleida y Álava pasan de uno a tres agentes en 10 años, según los datos oficiales, que no contabilizan ni a los mossos de Cataluña ni a los ertzainas del País Vasco. Hay otras dos que suben por encima del 50%: Cuenca (con un 62% más y 21 agentes en la actualidad) y Lugo, que pasa de 12 a 19 agentes, un 58% más.
El pasado 31 de marzo, el sistema de seguimiento integral de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio Interior recogía la existencia de 62.878 casos activos –y, por tanto, objeto de seguimiento policial–. Eso supone una media de un agente por cada 29 mujeres. De los casos, ocho estaban catalogados como de riesgo extremo y 567, de riesgo alto. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consideran que la cifra de agentes es insuficiente y demandan más formación.
Alicia Sánchez, secretaria de la Mujer de la AUGC, apunta a que “el problema es que la atención a las víctimas de violencia de género no se considera una especialidad”. “Se arregla con un curso de dos semanas. Y no tienen en cuenta que quienes realmente atendemos a las víctimas en el día a día somos quienes estamos en cuarteles en los pueblos, y ahí cada uno se apaña su formación en su tiempo libre”. Sánchez lamenta que ella misma no ha recibido formación en sus 28 años de carrera, como la mayoría de los cerca de 31.500 agentes que se encargan de la seguridad ciudadana en los cuarteles.
Marisa Estévez, secretaria general de Igualdad y Conciliación del SUP, critica: “Si hay un solo policía para un montón de víctimas no les puede dar el trato que requiere cada una”. Y añade que las plazas de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional “se suelen quedar vacantes porque piden requisitos muy específicos pero no dan facilidades para formarse”. Estévez demanda además vehículos “adecuados para no tener que meterlas en los coches para detenidos, que no suelen llevar sillas para menores ni tienen la limpieza adecuada”. Y pide más salas aisladas en las comisarías, para que las mujeres puedan contar sus casos con tranquilidad. Hay dependencias donde ya existen este tipo de salas, pero no están generalizadas.
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