El canto de sirena desde España era demasiado atractivo como para rechazarlo. Esa conocida, amiga e incluso familiar que emigró hace años prometía viaje y trabajo asegurado a sus compatriotas en Honduras. Pero el artificio llegaba a su fin cuando, nada más desembarcar en el aeropuerto de Barajas (Madrid), las víctimas descubrían que tenían una deuda de hasta 6.000 euros que saldar, a golpe de trabajo como internas en viviendas de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Hasta 26 hondureños, en su mayoría mujeres de no más de 30 años, han caído víctimas de una red de trata y explotación laboral, liderada por una mujer de 54 años y su hijo de 33, con la colaboración de seis personas más que formaban parte de dos empresas gaditanas que participaron en el engaño.
Las pesquisas comenzaron en 2019 cuando una de las víctimas huyó de la explotación a la que era sometida en Chiclana y denunció los hechos en otra comisaría de España. En total, los policías han identificado hasta 26 hondureños que han sufrido las artimañas de la trama, aunque los investigadores no descartan que “sean más”. Todas llegaron después de que L.L.M.A., y su hijo L.A.C.M., captaran a conocidos, amigos e incluso familiares que seguían viviendo en Honduras. Ellos, residentes en España desde 2008, les prometían viaje y trabajo a través de una carta de invitación, un requisito legal para poder acceder al país en el que un español argumenta que el recién llegado es familiar o conocido. “Realmente eran falsas porque ni les conocían. Los cabecillas pagaban a terceros 300 euros por carta que remitían a los ciudadanos que la solicitaban y que ahora son parte de los detenidos”, explica uno de los policías que ha llevado el caso.
“Las víctimas dejaban hijos a los que ayudar. Pero a su situación de vulnerabilidad, sumaban que se encontraban aún peor que en Honduras porque a veces no tenían ni para comprar comida”, resume uno de los investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros de Comisaría de Cádiz. El equipo gaditano, ayudado por el Grupo III de UCRIF Central de Extranjeros (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Policía Nacional, ha empleado casi dos años en desmadejar la investigación y romper la barrera del miedo que atenazaba a muchos de los que sufrieron el engaño. El pasado 11 de mayo los agentes detuvieron a los dos principales cabecillas y a sus seis colaboradores. El Juzgado Mixto Número 5 de Chiclana de la Frontera ha decretado el ingreso en prisión para madre e hijo y la libertad para el resto, aunque continúa centrado en la toma de declaraciones a otras personas que podrían también acabar investigadas, según sostienen fuentes cercanas al caso. Todos están encartados por supuestos delitos de trata de seres humanos y de explotación laboral.
