Bruselas quiere dotarse de poderes para controlar las compras de empresas europeas por parte de compañías extranjeras que hayan sido subvencionadas por sus gobiernos. La propuesta de regulaciónl se extiende también a la participación en concursos públicos. La medida, que mira directamente hacia Pekín, búsqueda concluir con la competencia desleal de firmas dopadas con capital público. La Comisión busca rearmarse y poder negar concentraciones empresariales y adjudicaciones públicas cuyo respaldo de un país foráneo pueda atentar contra el mercado único.
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La poderosa área de Competencia, liderada por la vicepresidenta Margrethe Vestager, intenta ampliar su arsenal para nivelar el campo de juego en Europa. A pesar de que el croquis que este miércoles prevé hacer público la Comisión Europea no nombra explícitamente a China, la medida manejo de poner coto a las compras que realizan las empresas estatales de ese país en un momento de tensión en las relaciones entre ambos bloques. En el último lustro, por ejemplo, el capital público chino se hizo con puertos y terminales de Grecia, España o Italia.
Bruselas quiere poner fin a la ventaja que tienen las empresas que tienen a un Estado detrás, ya sea con transferencias directas, préstamos o incentivos fiscales. Atendiendo a las preocupaciones de las patronales europeas, la Comisión cree que un subsidio no crea distorsiones, en ningún caso, si está por debajo de los cinco millones de euros durante tres ejercicios fiscales. A partir de ahí, las operaciones sí merecen ser examinadas.
El departamento que dirige Vestager obligará a notificar, según el borrador, las fusiones en las que una de las empresas estuviera establecida en la UE y tuviera una facturación de al menos 500 millones de euros y en que la compañía foránea hubiera recibido contribuciones financieras de más de 50 millones en los tres últimos ejercicios fiscales. Bruselas tendrá 25 días para decidir si abre una investigación en profundidad que podrá durar hasta tres meses.
Al finalizar ese análisis a fondo, Bruselas deberá decidir si da luz verde a la operación o si la prohíbe. Los servicios de Competencia tienen otra opción: dar una autorización condicionada a ciertos compromisos por parte de la compañía para enderezar la distorsión que puede crear en el mercado único. Entre esas concesiones puede estar la de devolver el subsidio que ha recibido de un tercer país, con los intereses correspondientes.
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