La Comisión Europea ha rechazado este martes el primer intento del Gobierno inglés de Boris Johnson de mantener una relación privilegiada con la UE tras su salida del club comunitario. El ejecutivo dirigido por Ursula von der Leyen se ha pronunciado en contra de la petición cursada por Londres para que el Reino Unido y Gibraltar se sumasen al convenio de la UE y algunos países de la EFTA (Asociación europea de libre comercio) sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El portazo deja al Reino Unido a expensas de aplicar acuerdos multilaterales más generales y normalmente menos efectivos, con el previsible impacto en la fluidez de las relaciones comerciales.
Londres solicitó en abril de 2020 (también en nombre de Gibraltar) incorporarse al llamado Convenio de Lugano, suscrito por los países de la UE y tres de los cuatro miembros de la EFTA para garantizar y acelerar la ejecución de las resoluciones judiciales, los documentos con fuerza ejecutiva y las transacciones judiciales en materia civil y mercantil. El convenio es trascendental para las relaciones comerciales porque, entre otras cosas, garantiza que empresas o consumidores pueden resolver sus litigios en los tribunales de su propio país, sin verse expuestos a lidiar con varias jurisdicciones.
El Gobierno de Johnson quiere que el Reino Unido y Gibraltar se acojan a ese beneficio, disponible en principio solo para los socios de la EFTA. Pero la Comisión ha concluido este martes, tras una evaluación de varios meses, que la Unión Europea “no debe dar su consentimiento para la adhesión del Reino Unido al Convenio de Lugano de 2007”, según se lee en un comunicado. El período de evaluación ha coincidido con una etapa especialmente turbulenta de las relaciones entre Bruselas y Londres, después de que la Comisión acusase al Ejecutivo de Johnson de violar repetidamente los acuerdos del Brexit.
Bruselas considera que la ruptura total de los vínculos del Reino Unido con el mercado europeo tras el Brexit impiden reconocerle un derecho que solo está disponible para los miembros de la EFTA (incluidos Suiza, Noruega e Islandia, y Liechtenstein) porque mantienen una estrecha relación con el mercado único europeo.
En cambio, la Comisión señala que desde el 31 de diciembre de 2020 (fin del período transitorio del Brexit), el Reino Unido ha pasado a ser un país tercero, “sin ningún vínculo especial con el mercado interior”. Y, por consiguiente, no tendría derecho a ninguna relación privilegiada con el club comunitario más allá de los términos previstos en el Acuerdo de comercio y cooperación suscrito por la UE y el Reino Unido a finales de 2020 y que ha entrado en vigor de forma definitiva el 1 de mayo.
La EFTA, curiosamente, surgió en 1960 bajo el impulso del Reino Unido para intentar contrarrestar el éxito de la recién nacida Comunidad Económica Europea, que en solo dos años desde su nacimiento (1958) se había convertido ya en una referencia para el comercio mundial y había expandido la producción industrial de sus seis socios (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). Londres intentó crear un ámbito económica alternativa junto a Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y, algo más tarde, Finlandia.
Pero el proyecto fue poco más que un vaso comunicante con la UE: a medida que el plan comunitario crecía (con la incorporación del propio Reino Unido) la EFTA se vaciaba de socios (Dinamarca, Portugal, Austria y Suecia también se adhirieron a la Unión). Los miembros restantes de la EFTA están estrechamente vinculados con el mercado interior europeo (caso de Noruega e Islandia) o a través de acuerdos bilaterales (como Suiza).
“Esos países [Noruega, Suiza e Islandia] participan, al menos parcialmente, en el mercado interior de la UE, incluida la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas”, recuerda la Comisión en la comunicación en la que rechaza la participación del Reino Unido en el convenio de Lugano.
La participación en esa norma facilitaría las relaciones comerciales con el mercado comunitario, que antes del Brexit eran el destino del 43% de las exportaciones británicas tanto en bienes como en servicios. El Reino Unido puede tener dificultades para prolongar esa cuota de mercado siendo un país tercero, como han puesto de manifiesto los dos primeros meses después del final del período transitorio del Brexit.
En enero y febrero de este año, las exportaciones británicas hacia la UE han caído un 47% respecto al mismo período en 2020, según las cifras de Eurostat. Aunque el dato puede estar distorsionado por la pandemia y por el propio final del Brexit, lo cierto es que la relación comercial puede ser menos fluida tras la entrada de controles aduaneros y la ausencia de una seguridad jurídica como la aportada por las normas europeas o convenios como el de Lugano.
Londres parecía dar por supuesto que tras el Brexit podría acogerse al mismo convenio que sus antiguos compañeros de la EFTA para establecer con la UE una conveniente área común de justicia. El diario inglés Financial Times incluso informó a mediados de abril que Bruselas se decantaba por apoyar la adhesión del Reino Unido al anhelado convenio.
Pero el optimismo se evaporó rápidamente. El mismo diario informaba el mismo día que la Comisión de Von der Leyen se inclinaba por rechazar la petición de Londres y que las posibilidades de beneficiarse del reconocimiento mutuo de sentencias se complicaba. La última palabra la tienen los miembros del Convenio (los 27 socios de la UE más los tres de la EFTA que participan), pero parece muy difícil que Londres logre el respaldo necesario teniendo en contra la negativa de la Comisión Europea. El Brexit y el portazo de Lugano pueden dejar al Reino Unido, en particular, a sus empresas y consumidores, en un peligroso terreno de nadie cuando mantengan relaciones comerciales con la UE.
Para evitar ese hueco, Bruselas insta a Londres a seguir la vía alternativa, mucho menos atractiva, de los convenios de La Haya, que son el marco que regulan la cooperación de la UE con países terceros en materia de derecho civil. Pero la Comisión lanza un aviso a todas las partes interesadas, en particular a los abogados involucrados en asuntos contractuales transfronterizos que impliquen a la UE para que tomen en cuenta la situación cuando deban elegir una jurisdicción internacional. El mensaje es claro: más vale elegir uno de los 30 países europeos cubiertos por el convenio de Lugano que el Reino Unido, dejado a merced de los convenios de La Haya.
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