En plena crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, China ha dado un giro a su relación con Latinoamérica. Por primera vez en 16 años, sus dos principales bancos de desarrollo, el Banco de Desarrollo de China (CDB en sus siglas inglesas) y el Banco de Exportación e Importación de China (Chexim), no proporcionaron ninguna financiación a los Gobiernos de la región en 2020; cero dólares, según los datos recopilados por el Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston y el centro de análisis Diálogo Interamericano. Las empresas chinas, en cambio, reforzaron sus inversiones en infraestructuras, especialmente en el camino de la distribución eléctrica, y siguió aumentando la demanda de materias primas, pese a que Pekín se comprometió a principios de 2020 con Estados Unidos a aumentar las compras de productos estadounidenses hasta los 200.000 millones de dólares (unos 164.540 millones de euros) en los siguientes dos años.
La falta de créditos al desarrollo no significa necesariamente el fin de la relación entre China y la región, sostienen los informes, sino “una transición hacia un compromiso más concentrado en dos sectores fundamentales para Pekín: las infraestructuras y las materias primas”.
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De hecho, la financiación procedente del CDB y del Chexim alcanzó su máximo en 2010, con una aportación de 36.600 millones de dólares (unos 30.295 millones de euros). A partir de ahí, la financiación se ha ido reduciendo notablemente, salvo en 2015, que alcanzó los 21.500 millones de dólares. En 2019, los bancos de desarrollo apenas proporcionaron 1.100 millones al conjunto de la región. Con todo, como recuerda Jorge Malena, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y presidente del grupo de trabajo sobre China del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, la financiación de China a la región ha superado con creces a la ofrecida en el mismo periodo de tiempo tanto por el Banco Mundial como por el Banco Interamericano de Desarrollo.
La covid-19 ha cambiado, además, la política de ayuda de China, que tradicionalmente no formaba parte de su relación con América Latina. China envió apoyo directo y en forma de equipación sanitaria por valor de 214 millones de dólares, casi la mitad de ese monto destinado solo a Venezuela (100 millones). La diplomacia de las mascarillas, lo han llamado algunos expertos; la Ruta de la Seda de la Salud, lo ha rebautizado Pekín.
Una Ruta de la Salud en sentido amplio que incluye, por ejemplo, donaciones de tecnología de Huawei a determinados países de la región para ayudarles a hacer frente a la pandemia, como sensores de imagen para tomar la temperatura a los viajeros en el aeropuerto de Ezeiza (Argentina), o sistemas auxiliares de diagnóstico de la covid-19 en hospitales de Quito (Ecuador) o de República Dominicana.
La crisis sanitaria le ha brindado a China la posibilidad de asumir un papel más importante en la región y la ha aprovechado. Desde 2016, explica Margaret Myers, directora del programa Asia y América Latina del think tank Diálogo Interamericano, China ha intentado desarrollar una política hacia la región dirigida a compensar las deficiencias de los planes estadounidenses. Eso ha llevado a Pekín, prosigue Myers, a reforzar su papel en temas relacionados con el comercio multilateral, el cambio climático y las energías renovables. “Las empresas chinas anunciaron proyectos en 2020 por más de 12.000 millones de dólares, aunque la mayoría están en suspenso debido a la pandemia”, apunta Myers. En estos meses tan complicados, el presidente chino, Xi Jinping, ha mantenido un estrecho contacto con sus homólogos regionales, recuerda Jorge Malena, y se han mantenido varias reuniones en formato virtual entre los ministros de Exteriores latinoamericanos y Wang Yi, el titular de Exteriores chino, en el marco del Foro China-Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) creado en 2014 a iniciativa de Pekín.
Fruto de esa cooperación sanitaria y económica brindada, China ha reforzado su presencia en la región, a juicio del profesor Malena. “Como consecuencia de esta creciente relación multidimensional entre China y Latinoamérica, el conflicto estratégico entre Washington y Pekín se ha prolongado a la región”, añade. No en vano, la principal política de la anterior Administración estadounidense hacia Latinoamérica se dirigió en los últimos cuatro años a contener esa creciente presencia e influencia regional del gigante asiático. Con relativo éxito en muchos casos.
El caso de Ecuador
Un buen ejemplo de esa batalla soterrada que libran China y Estados Unidos en Latinoamérica es Ecuador. En los últimos años Pekín ha desarrollado, no solo en América Latina, una política de prestamista de última instancia para países con economías en problemas. Ha sido el caso de Ecuador, pero también el de Montenegro o el de Angola, entre otros. Según datos del Banco Mundial, recogidos por la Universidad de Boston, el 63% de la deuda oficial bilateral de los países más pobres con los países del G20 se lo deben a China, por un monto de 112.000 millones de dólares aproximadamente.
Tras la crisis financiera de 2008, Ecuador suspendió pagos y su entonces presidente, Rafael Correa, decidió recurrir a China, que no le exigía los planes de ajuste fiscal o sostenibilidad de la deuda para hacer el desembolso que exigía el Fondo Monetario Internacional y al que se pagaba parte de esa financiación en barriles de petróleo. Con la crisis desatada por la pandemia en 2020, Ecuador buscó un aplazamiento de pagos y una nueva línea de financiación, con lo que la deuda del país con Pekín suponía ya el 78% de su deuda externa. El acuerdo le obligaba a vender los barriles de petróleo a China a un precio por debajo de mercado, lo que a su vez reducía los ingresos del país y hacía más insostenible su situación financiera. A mediados de enero pasado, Estados Unidos -a través de su Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo- llegó a un acuerdo con el Gobierno de Quito. Washington acordó prestarle 3.500 millones de dólares para reemplazar parte de su deuda externa, incluida la que tiene con Pekín, con la condición de que país andino excluya a las empresas chinas de su desarrollo de redes de telecomunicaciones 5G.
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