El correo que llegó a la bandeja de entrada de los docentes de parte de la dirección de un instituto de Móstoles no fue una sorpresa, aunque dejaba claro que algo iba mal en el sistema. La directora del centro pedía a través de un escueto mensaje a su equipo de profesores que, quien quisiera, podía aportar algo de capital para que algunos alumnos hicieran frente a las tasas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua selectividad. No es la primera vez que pasa, según confirma Esteban Álvarez, presidente de la asociación de institutos de Madrid (Adimad), pero este curso de pandemia el problema se está incrementando de una forma “incalculable” por el momento y ninguna institución pública hace nada para impedirlo. CC OO asegura que de los 50.000 alumnos que estudian segundo de Bachillerato en la región madrileña, al menos 7.500 están en peligro de exclusión social. Los chicos, que deben advenir ese examen para tener acceso a la universidad, dependen ahora de una cuestación de sus profesores. Si no, se pondrán a trabajar.
El mensaje iba al grano. “Este curso está siendo especialmente duro económicamente hablando para muchos de nuestros alumnos y sabemos a día de hoy que hay alguno de segundo de Bachillerato que no va a poder presentarse a la EvAU ni pagar el título si no le ayudamos económicamente”, comenzaba el escrito, enviado hace dos jueves a todos los profesores del centro, que cuenta con unos 130 alumnos que estudian el último curso de Bachillerato y, por consiguiente, optan al examen preuniversitario. “Por eso hemos decidido entre todos los miembros del equipo directivo que de manera voluntaria los profesores que queráis aportéis lo que cada uno considere. Dejaré un sobre hoy en secretaria”, explicaba el correo.
Precio medio de 170 euros
Todos los estudiantes que terminan Bachillerato deben abonar 51,49 euros para conseguir el título que acredita que han superado sus estudios y, si quieren optar a la universidad, deben pagar unas tasas de 90 euros para presentarse al examen genérico o de 112 euros si optan por el específico; es decir, el que permite añadir asignaturas optativas para subir la nota. Como se suelen matricular de una media de dos o tres materias voluntarias, el pago medio en el examen ronda los 120 euros por estudiante. Por tanto, cada uno desembolsa de golpe unos 170 euros. “Lamentablemente no todo el mundo tiene ahora ese dinero”, explica una profesora del centro, que prefiere que no se especifique el nombre exacto para no estigmatizar más a los menores: “Bastante tienen con haberlo reconocido”.
Este instituto de Móstoles, municipio situado al sur de Madrid, ha detectado por el momento a tres alumnos que han admitido que no podrán presentarse por problemas económicos. Algunos no se atreven a decirlo, por vergüenza, y acaban confesando tras una charla con el tutor, que intuye previamente la situación de algunas familias. “Hay tres que lo han dicho, pero posiblemente haya más. Uno de ellos es un chico brillantísimo que está en ciencias y los otros dos van bastante bien. Todos aprobarían la selectividad sin ningún problema”, subraya la profesora, que confiesa estar “enfadada” porque no se ayude a estos chicos. “La directora ha escrito a la Comunidad de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos, que es la que nos toca a nosotros, donde los chicos se presentan al examen. Les pedimos ayuda para que los menores más desfavorecidos no se queden sin estudiar por no pagar las tasas”. La Administración respondió por escrito que este año no se incluía “ningún supuesto nuevo de reducción” mientras que la universidad respondió, todavía por correo, que los precios de las tasas “los establece la Comunidad de Madrid”, añadiendo que la Rey Juan Carlos solo cuenta con ayudas socioeconómicas para alumnos que ya estén matriculados.
Álvarez, presidente de Adimad y director del instituto Sierra de Guadarrama de Soto del Real, admite que esta situación pasa cada año y muchas veces se resuelve “pidiendo ayuda a cada Ampa [asociación de padres]”. Esto, sin embargo, no ocurre en el centro de Móstoles, donde esa asociación, “prácticamente inexistente”, no tiene medios. “Es injusto porque no hay previstas ayudas y los centros solo podemos otorgar un 10% de matrículas de honor al año, eso ayudaría a algunos, porque les otorga el primer año de universidad gratuito”, explica el director. No es algo menor, ya que la Comunidad de Madrid es la región donde estudiar las carreras más económicas en una universidad pública cuesta más que en el resto de España: 1.283 euros anuales, según datos del Ministerio de Educación.
Isabel Galvín, portavoz de CC OO, explica que la exención de las tasas en la EvAU solo se contempla si el estudiante pertenece a una familia numerosa, sin tener en cuenta la renta. “Esto es enormemente injusto. La regulación debería incorporar exenciones en función de la renta y situación familiar”, afirma. Por otra parte, continúa, estas tasas no se consideran tasas académicas, que son las que cubren las becas, sino administrativas. Y lamenta: “Esto es la punta del iceberg. Hay muchos alumnos que están tirando la toalla y es muy probable que sea porque en casa les dicen que no se hagan ilusiones, que no van a ir a la universidad”.
La desigualdad más suscripción de España
Cáritas, a su vez, aporta una realidad ligada a la pandemia. Mientras en 2019 el 46% de personas atendidas en Madrid por la asociación tenían empleo, un año luego, ese porcentaje bajó al 39%, lo que supone un aumento de siete puntos, es proponer, un 13% más de personas desempleadas.
Esos números preocupan desde hace tiempo. La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en la Comunidad de Madrid era la más suscripción de España en 2019, a pesar de ser la región más rica, según los datos aportados por el último informe sobre Exclusión Social y Pobreza de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas Española. “Ahora, lamentablemente, esto va a peor, es lo que dicen los números”, explica un portavoz de la ONG.
El problema principal, explica el informe, es la redistribución y las escasas políticas sociales de la Administración madrileña, que han acentuado esa brecha. Un millón de personas se encontraban en peligro de exclusión social en ese momento. Esa noticia era inferior al de 2013, cuando en plena crisis se alcanzó 1,4 millones de personas. Sin embargo, ya entonces había síntomas de que algo no funcionaba correctamente, porque 900.000 personas se encontraban en el término, exacto en la barrera. “Ahora, con la pandemia hay muchísimas más”, asegura el portavoz de Cáritas, que explica que el informe actualizado de Foessa se está elaborando en estos momentos.
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