En Colombia confluyeron en pocos días varios hechos que han puesto patas en lo alto el debate político nacional. Por un lado, una reforma tributaría presentada por el Gobierno nacional y respaldada por la mayoría de la coalición de derecha radical que gobierna Colombia, aunque no por todos los sectores. La puesta en escena de la propuesta de reforma fue de las peores, ya que se filtró de a pocos. Luego, el Gobierno sin explicar muy bien utilizó una táctica de chantaje, diciendo que si no se aprobaba no habría plata para programas sociales. Al final, la reforma seguía favoreciendo a los más ricos y el recaudo se hará, en lo fundamental, sobre el sector medio y asalariado.
Lo segundo que sucedió es que Colombia ha entrado en lo peor del tercer pico de la pandemia, tal vez el más largo y mortífero. Por varios días, los reportes de personas muertas han superado los 420 registros diarios. Nuevamente hay cierres parciales, miedos e imágenes dolorosas sobre la saturación del sistema sanitario. Esos han sido los titulares de prensa.
En tercer lugar, surgieron dos encuestas en las que el balance es sencillo: las fuerzas alternativas suben bastante y la coalición de derecha parece tener muchos problemas. Obviamente, para algunos analistas esto causará un impacto de pánico en los sectores ricos y la clase política tradicional frente a los números tan altos del precandidato de izquierda Gustavo Petro. Lo que a su vez llevaría a una situación de una gran coalición de todos contra Petro. Para otro sector de analistas, en las encuestas se muestra el descontento alrededor de el Gobierno de Duque y el propio uribismo es el mejor director de campaña de Petro.
El último de los hechos es que la coalición de Gobierno en el Congreso de la República, por cuenta de la propuesta de reforma tributaria, está haciendo agua. Literalmente, estalló. Todo esto en medio de acusaciones sobre clientelismo por parte del Ejecutivo para ganarse el voto de algunos senadores y el cálculo de los directores de partido del costo electoral que tendría el aprobar dicha reforma.
Con un Gobierno con la imagen por el suelo, un deterioro de su gobernabilidad y una coalición que hace agua, los sectores de la oposición elevaron mucho la apuesta en el juego político: Convocaron un paro nacional. Una gran movilización para, en teoría, demostrar fuerza en la calle y con ello terminar de erosionar el apoyo al presidente Iván Duque. La convocatoria fue hecha para este 28 de abril, la misma semana en que se calcula que Bogotá llegará a su nivel más alto de estrés en su sistema sanitario.
El tema de fondo es que las manifestaciones serán, como se dice popularmente, una medida de fuerzas. Es asegurar, el Gobierno doméstico planea establecer cuál es la fuerza de la convocatoria de los sectores de competición, y todavía del descontento social. Por ende, adecuado al miedo por la pandemia, la convocatoria podría ser un serio fracaso y, al final, eso terminaría dándole clima al Ejecutivo. En medio de esto, hay otras formas de protestar encima de las marchas. Por ejemplo, se proponen cacerolazos como mecanismo alterno. Sin secuestro, los sectores de competición no se ponen de acuerdo en conciliar esas otras formas alternativas de protesta.
El Gobierno, por su parte, le apuesta al fracaso de la protesta y alcanzar con ello ciertos apoyos adentro del Congreso con algún impulso burocrático, lo que se conoce popularmente como ‘mermelada’. Obviamente, el Gobierno no quiere salir derrotado de la reforma, ya se convirtió en un punto de honor. Hará lo posible por aprobarla, encima, por las calificadoras de peligro. Así las cosas, también es una apuesta arriesgada por parte del Ejecutivo aprobar una reforma de esta forma, ya que el impacto electoral sobre su partido y los congresistas que la apoyen será demoledor. Pero todavía es arriesgado por el tema de la protesta social, hay mucho descontento y pasando el tercer pico, la calle podría ser el nuevo escenario democrático. Todos tiene apuestas muy altas.
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