Activistas y direcciones de organizaciones en pro de la búsqueda de personas desaparecidas en México se reunieron en un encuentro público para compartir experiencias y abordar los retos que enfrenta el sistema mexicano ante la alarmante crisis de desapariciones en el país. Las participantes concluyeron que la crisis más acuciante que enfrenta la República Mexicana no es de índole económica, sino la falta de estrategias efectivas para combatir esta problemática.
Grace Fernández, integrante del “Movimiento por Nuestros Desaparecidos”, subrayó que el sistema mexicano debe superar importantes obstáculos para abordar la crisis de desapariciones, tanto en México como en Colombia. Junto a Martha Pérez Gumercindo, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, coincidieron en que los procesos son fragmentados y en que miles de casos saturan las instituciones responsables, lo que limita la capacidad judicial para atender cada situación.
Fernández expresó con claridad: “Si no hay datos confiables, si no hay un análisis serio y si cada institución opera de manera aislada, la búsqueda se convierte en una simulación. Continuamos buscando a ciegas”. Asimismo, criticó a las autoridades y políticos, evidenciando que mientras se discuten nuevas reformas, en la práctica persisten “los mismos vicios” y contradicciones, junto con fiscalías incapaces de dar respuesta.
El papel del Estado Mexicano es crucial para garantizar que el sistema funcione adecuadamente, permitiendo que las familias de las personas desaparecidas obtengan la información que necesitan. En comparación con Colombia, Pérez Gumercindo destacó que el modelo mexicano carece de un enfoque “extrajudicial”, siendo las búsquedas en México marcadas por requerimientos legales complejos, como órdenes de cateo y cadenas de custodia.
Pérez Gumercindo concluyó que el sistema mexicano, debido a su estructura y enfoque estratégico, se enfrenta a un colapso. Actualmente, las fiscalías sufren una sobrecarga, con decenas de carpetas de casos sin la capacidad adecuada para gestionarlas. “El sistema se encuentra colapsado; es imposible para el Ministerio Público abordar tantas carpetas simultáneamente”, comentó, haciendo hincapié en la deficiencia del sistema actual.
Este encuentro pone de relieve la urgente necesidad no solo de reformas legislativas, sino de una revisión profunda de los procesos burocráticos y judiciales que afectan a las familias que buscan a sus seres queridos. Las voces de estos activistas y representantes son vitales para presionar a las autoridades hacia una solución que prevenga la prolongación de una crisis que ya ha perdurado demasiado tiempo.
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