La afirmación “lo que se mide, se puede mejorar” resuena con claridad en el contexto de la evaluación de políticas de desarrollo social. Aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha dejado de existir, su legado se mantiene vigente: sin datos confiables como guía, cualquier intento de progreso económico puede transitar en la oscuridad. La medición precisa de indicadores esenciales como el empleo, la inflación y la pobreza es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social.
Las estadísticas oficiales son un bien público, tanto en su acceso para la población como en su valor estratégico. Su credibilidad se basa en principios reconocidos a nivel internacional: imparcialidad, objetividad, pertinencia, precisión, coherencia, transparencia, accesibilidad, replicabilidad y confidencialidad. Estos principios no son simples elementos técnicos, sino la base de la confianza ciudadana y del diálogo informado. Cuando se vulneran, la legitimidad institucional se ve amenazada, afectando la efectividad de las políticas públicas.
Por esta razón, resulta esencial que analistas, medios de comunicación y tomadores de decisiones comprendan la metodología detrás de la generación y revisión de estadísticas. Un ejemplo reciente que pone de manifiesto estos riesgos sucedió luego de la publicación de cifras de empleo en Estados Unidos; Donald Trump acusó al Bureau of Labor Statistics (BLS) de manipulación, tildando el reporte de “engaño” y destituyendo a su directora. Esto surgió tras revisiones a la baja en los datos de empleo, donde se pasó de reportar 139 mil nuevas posiciones a tan solo 14 mil en la cifra revisada. Aunque este ajuste puede generar incomodidad, es parte del compromiso con la precisión y la transparencia. Como muchas oficinas estadísticas, el BLS ofrece una serie histórica de revisiones que permite a todos los interesados ver que han ocurrido ajustes aún más significativos en períodos previos como durante la crisis de 2009 o la pandemia de Covid-19.
En el caso mexicano, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó en julio de 2025 un incremento histórico de más de 1.2 millones de empleos formales. Este crecimiento se debe en gran medida a la integración de trabajadores de plataformas digitales en sectores de reparto y transporte al régimen de seguridad social. Más allá del debate sobre la formalización de estos empleos, este fenómeno debe ser analizado con rigor al evaluar las tendencias laborales en la segunda mitad del año, dado que el empleo formal es una variable crucial que impacta directamente la economía de los hogares en el país.
Asimismo, se anticipa la publicación de la evaluación oficial de la pobreza en México, ahora bajo la responsabilidad del Inegi tras la disolución del Coneval. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 se darán a conocer pronto. A pesar de que varios analistas han replicado la metodología anterior, el Inegi presentará su propio enfoque, con ajustes técnicos y metodológicos el 13 de agosto. Este cambio conlleva desafíos en términos de continuidad y comparabilidad, subrayando la importancia de generar datos estadísticos robustos.
La independencia técnica de las oficinas estadísticas es tan crítica como la autonomía de los bancos centrales. No solo es deseable, sino esencial. El Inegi, altamente respetado a nivel internacional, es un activo significativo y debe preservar su estatus. Garantizar su fortaleza institucional requiere asignar recursos adecuados, apoyo legal y fomentar una cultura de integridad, haciendo frente a posibles presiones políticas y contribuyendo a un debate informado. La protección de estas instituciones no es solo tarea del Estado; es un compromiso colectivo por la verdad y por construir una sociedad fundamentada en la información precisa y confiable.
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