Dinamarca ha aprobado este jueves una ley que prevé abrir centros para solicitantes de asilo en países fuera de la Unión Europea. El Gobierno pretende enviar a esos países a los peticionarios que lleguen a su territorio mientras se tramita su caso. Pero la que es la última medida antinmigración del Gobierno socialdemócrata danés para disuadir a potenciales solicitantes de asilo, no solo prevé que quienes aspiran a obtenerlo deban esperar en esos países la concesión o no de la protección, sino que incluso si se les aprueba deberán permanecer en el territorio de esos Estados, entre los que la prensa danesa cita a Eritrea y Ruanda. No obstante, el Ejecutivo danés deberá encontrar primero países dispuestos a aceptar centros de acogida a cambio de una compensación económica.
La ley se ha aprobado en el Parlamento con la oposición de algunos partidos de izquierda, pero ha contado con el apoyo de la derecha y la extrema derecha. Las medidas que prevé la norma se suman a otras adoptadas por el Gobierno danés de centroizquierda, muy criticadas a causa de su carácter restrictivo por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Algunas de estas disposiciones legales, cuyo objetivo último es alcanzar la entrada de “cero refugiados” anunciado por las autoridades danesas, son la retirada de permisos de residencia a ciudadanos sirios porque sus regiones de origen se consideran ya “seguras” a ojos del Gobierno de Copenhague y una ley antiguetos que limita el número de habitantes “no occidentales” de los barrios.
Según el último proyecto de ley, una vez registrada su solicitud y salvo raras excepciones-como una enfermedad grave-, los demandantes de asilo en Dinamarca serán enviados a un centro de acogida fuera de la Unión Europea. Si no se les concede el estatuto de refugiado.
Quienes sí obtengan ese estatuto, y la consiguiente protección internacional, tampoco podrán volver al país europeo. “En el plan del Gobierno, los solicitantes que obtengan el asilo, simplemente tendrán el estatuto de refugiado en ese tercer país [el de acogida]”, dice Martin Lemberg-Pedersen, especialista en temas de migración de la Universidad de Copenhague.
La tramitación de las solicitudes se confiará a esos países extracomunitarios a cambio de una compensación económica. Por el momento, ningún Estado ha aceptado acoger un proyecto de este tipo, pero el Gobierno danés asegura estar en conversaciones con entre cinco y diez países no identificados. La prensa danesa menciona a Egipto, Eritrea y Etiopía, pero sobre todo a Ruanda, un país que en su momento se planteó acoger solicitantes de asilo procedentes de Israel. A finales de abril, el Gobierno danés firmó un memorando de entendimiento con Kigali sobre cooperación en materia de asilo y migración.
Aunque ese documento no mencionaba la externalización del procedimiento de asilo, su anuncio suscitó duras críticas de Amnistía Internacional. Esta organización de derechos humanos advirtió a las autoridades danesas de la posible ilegalidad de un pacto de este tipo, que violaría los derechos que la ley internacional recoge para los refugiados políticos y quienes aspiran a serlo.
Las autoridades danesas han salido al paso de estas críticas aseverando que respetarán la legalidad internacional. Este sistema “debe establecerse, por supuesto, en el marco de los convenios internacionales. Esto será una condición previa para un acuerdo con un tercer país”, declaró a la agencia France Presse el ministro de Migración danés, Mattias Tesfaye. Este responsable defendió el mes pasado que el contenido de este tipo de acuerdos no afecta a la “calidad democrática” de su país.
