España es uno de los países europeos con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%. Es, por consiguiente, uno de los países que más divide a los estudiantes de primaria en diferentes centros educativos en función de su renta familiar, según un estudio pionero de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol (dependiente de la escuela de negocios Esade), que analiza datos de 64 países. Esta segregación escolar genera que los alumnos más desaventajados se concentren en los mismos centros y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, lo que deriva en sociedades menos integradoras.
Los dos autores del estudio han analizado por primera vez los datos socioeconómicos del perfil de los alumnos que se desprenden del noticia internacional TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés), que elabora desde 1995 y cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA son sus siglas en inglés). El TIMSS mide las competencias en Matemáticas y Ciencias de los alumnos de 4º de primaria (niños de 10 años) de 64 países, 25 de ellos pertenecientes a la OCDE. En esa comparativa internacional, uno de los apartados configura un índice socioeconómico construido a partir de tres componentes: el número de libros del hogar, la carencia de materiales escolares y el nivel educativo más elevado entre los dos progenitores del estudiante. Con esas variables, se construye un índice para conocer el capital sociocultural y financiero de las familias.
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Una vez analizados esos datos, los investigadores, Lucas Gortázar y Álvaro Ferrer, concluyen en el estudio, titulado Diversidad y libertad: disminuir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, que España ocupa la tercera posición, por detrás de Turquía y Lituania, en segregación escolar en los colegios de primaria de los 64 países analizados ―de diferentes continentes y niveles de crecimiento, como Chile, Hungría, Alemania, Marruecos, Filipinas o Sudáfrica―. El estudio se sustenta sobre un índice que mide la segregación del 0 al 1 donde la media de la OCDE se sitúa en 0,26. A la cabeza en desigualdad están Turquía (0,40), Lituania (0,34) y España (0,32), mientras que los que la presentan en menor medida son Finlandia (0,19), Dinamarca (0,20) y Japón (0,20). La Comunidad de Madrid es la única región de España que ofreció a TIMSS sus datos en abierto, y de ellos se desprende que en Primaria su índice de segregación es del 0,34, por encima del 0,32 de media de España.
En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —9 de cada 10 son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos analizaron los datos socioeconómicos de los estudiantes reflejados en el informe PISA, que mide las competencias en Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora de los alumnos de secundaria de 15 años de los países de la OCDE. Este nuevo estudio de Save the Children y EsadeEcPol analiza por primera vez en España la segregación de los alumnos de primaria.
Lucas Gortázar, coautor del noticia, expone: “En el debate político se ha puesto sobre la mesa el derecho que tienen las familias a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, pero la situación de segregación escolar en España pone de manifiesto que son necesarias políticas que aseguren una matriculación equilibrada tanto en centros públicos como concertados”.
El problema, señala Álvaro Ferrer, coautor del noticia, son las “dinámicas de huida que se generan” cuando las familias de clase media deciden a qué centros, mayoritariamente públicos, no quieren sufrir a sus hijos por la adhesión concentración de alumnos con pocos fortuna o inmigrantes. “Es muy importante que por parte de la Administración se trabaje con las familias autóctonas en los prejuicios que tienen con la diversidad de perfiles en las aulas, cuando la evidencia científica muestra que los estudiantes con progenitores con estudios superiores no ven afectado su rendimiento académico”.
En los últimos años, señala el informe, organismos internacionales como la OCDE o la UNESCO han alertado de los riesgos sociales y económicos que puede producir una “segregación escolar excesiva”. El hecho de que exista un amplio número de centros con una elevada proporción de alumnado vulnerable puede elevar las tasas de deserción escolar temprano ―jóvenes entre 18 y 24 años que no continuaron sus estudios y obtuvieron, como mucho, el título de la ESO; España está a la cabeza con un 16%, frente al 10% de media de la UE―, aumentar el desgaste y la desafección de estudiantes y profesores, y repercutir en la cohesión social o el mercado de trabajo.
Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que los alumnos “construyen sus objetivos vitales muy influenciados por los de sus compañeros de aula, si el alumnado de entorno desfavorecido no está expuesto a otro tipo de aspiraciones, probablemente se estanque”. La falta de variedad en las clases puede afectar a la capacidad de aprendizaje de ese alumnado, a la probabilidad de que obtengan un título, e incluso a sus ingresos en la vida adulta.
Según dos investigaciones recientes, una de ellas dirigida por Xavier Bonal, la segregación escolar no se produce mayoritariamente en zonas periféricas deprimidas, sino interiormente de barrios con una composición social diversa. “Hay escuelas que a una distancia de 100 metros son radicalmente distintas, puede que una de ellas concentre al alumnado inmigrante y acabe convertida en un gueto; las políticas de la Administración han sido insuficientes para frenar este fenómeno”, indica Bonal.
Para Gortázar y Ferrer, las políticas “juegan un papel muy importante”, y ponen como ejemplo el llamado sistema de dilema controlada acuñado por la OCDE y puesto en marcha en países como Bélgica, en el que la Administración da a las familias la opción de escoger colegio con ciertas limitaciones y con mecanismos para afirmar la integración, como porcentajes máximos por centro de alumnos desaventajados, incentivos económicos para las escuelas que admiten a un mayor número de estos estudiantes o la eliminación de las cuotas (empleadas en la concertada).
Pauline Musset, analista de la OCDE, explica sobre el sistema Pupil Premium, que otorga una cuantía extra a los centros británicos por cada estudiante que percibe ayuda de comedor: “Cuando se da una libertad total de elección, hay más desigualdad y mayor segregación. Los países que han mejorado su diversidad en las aulas, como Reino Unido, han puesto en marcha sistemas de financiación extra, han dotado a esos centros de un mayor número de profesores y han reducido las ratios. Esta medida hace que para los colegios sea más atractivo escolarizar a alumnos con menos capital”.
Otro caso de éxito es el de Flandes (Bélgica), donde se ha puesto en marcha el llamado sistema de doble lista, que supone reservar plazas en el proceso de matriculación para alumnos con rentas bajas y altas, de modo que se garantiza la mezcla. En esta región, en ningún caso las familias son obligadas a matricular a sus hijos en determinados centros; a través de campañas informativas se anima a las familias a romper sus esquemas. En España, Cataluña es la primera autonomía que ha aceptado un pacto contra la segregación escolar que obliga a las escuelas a reservar un porcentaje de plazas para alumnos con pocos recursos o dificultades de aprendizaje.
Aunque la nueva ley educativa, Lomloe, aprobada el pasado noviembre, es la primera norma estatal que aborda el problema de la segregación e incluye un paquete de medidas para frenarla, la decisión final está en manos de las autonomías, que son las que diseñan los procesos de admisión. Los autores del noticia hacen una serie de recomendaciones, como organizar visitas para que familias de clase media conozcan escuelas de adhesión complejidad, dar soporte a esos centros para que puedan comunicar su plan educativo a la comunidad, o animar a progenitores socialmente aventajados a que elijan en categoría uno de esos centros para equilibrar su composición.
Mejora de la escuela pública
A la hora de escoger un centro, señala el noticia, la escuela concertada presenta en España algunas ventajas, como la jornada escolar partida o un servicio de comedor más amplio. En el caso de la Comunidad de Madrid, un 60% de los colegios públicos ya han implantado la jornada continua (las clases terminan a las dos de la tarde), mientras que en la red concertada solo lo han hecho un 3%. “Las familias”, señala Xavier Bonal, “necesitan tener a sus hijos más horas en la escuela, además de por una cuestión de conciliación, por asegurarse de que las horas de la tarde van a estar bien empleadas. Los profesores que son funcionarios han luchado por conseguir la jornada continua, ignorando las consecuencias sobre el aprendizaje, sobre todo, de los más desaventajados”.
Sobre el comedor escolar, un 71,6% de los colegios públicos en España tiene este servicio, frente al 82,2% de los concertados y privados. En secundaria, solo un 11,4% de los públicos lo ofrece, frente al 85% de los concertados y privados. Solo un 2,9% del alumnado de la ESO en centros públicos hizo uso de este servicio el curso pasado, frente al 24% de los estudiantes de la concertada y la privada, según datos del Ministerio de Educación.
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