Recibidas con escepticismo, la convocatoria de elecciones parlamentarias y presidenciales provocó sonrisas burlonas entre los palestinos cuatro meses atrás. Pero el aparente compromiso entre nacionalistas de Fatah e islamistas de Hamás para poner fin al cisma que envenena desde hace tres lustros la convivencia en la sociedad palestina devolvió a una gran mayoría la esperanza en las urnas.
Sin haber podido expresar su voluntad mediante el voto desde 2006, un 93% de los electores de Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este se habían registrado para las legislativas previstas para el próximo día 22. “Me siento frustrado y decepcionado por el actual liderazgo palestino, avejentado e incapaz”, lamentaba desde Hebrón el activista pro derechos humanos Issa Amro, un militante pacifista perseguido tanto por las fuerzas de seguridad israelíes como por las palestinas. “No debemos ofrecer ningún pretexto a quienes están en contra de las elecciones”, declaró Amro al portal Middle East Eye.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha aplazado sin fecha cierta los comicios generales al alegar el veto de Israel a que se celebren en Jerusalén Este. Abbas, de 85 años, lo advirtió en la noche del pasado jueves en un discurso televisado: “No iremos a las urnas sin Jerusalén. Tan pronto como Israel acepte la votación, la celebraremos”.
Posponer una decisión política en Oriente Próximo suele equivaler a cancelarla definitivamente. Las facciones disidentes de Fatah, formación liderada por el rais palestino, temen que el voto en Jerusalén solo sea una excusa del veterano Abbas para perpetuarse en el poder. Y desde su feudo en el enclave de Gaza, Hamás ha inculpado a Abbas de perpetrar un “golpe” contra la democracia.
Israel se ha escudado en que su propio Gobierno se halla aún en funciones tras las elecciones del 23 de marzo, las cuartas en dos años, para incumplir los Acuerdos de Oslo —de los que surgió la Autoridad Palestina en 1993—, que le obligan a facilitar el voto a los palestinos de la Ciudad Santa. La excusa alegada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, sin embargo, no impedía la organización de las votaciones en los distritos de la gobernación de Jerusalén situados tras las barreras y muros de separación con Cisjordania. O en consulados y sedes internacionales que se ofrecieron a acoger mesas electorales en la parte de la urbe anexionada por Israel tras la guerra de 1967.
Más que por una reedición de la aplastante victoria de Hamás en las legislativas de 2006 —el sistema proporcional ahora vigente dificulta las mayorías absolutas—, el presidente de la Autoridad Palestina parecía más preocupado por la fractura del sufragio nacionalista laico. Daba por descontado el auge del movimiento de Mohamed Dahlan, un antiguo jefe de seguridad que fue expulsado de Fatah. Desde el exilio goza del apoyo de Emiratos Árabes Unidos.
Su legitimidad como líder nacionalista se ha visto mucho más amenazada por la irrupción en la campaña de una lista nacionalista impulsada por Marwan Barguti, líder de la Segunda Intifada encarcelado a perpetuidad en Israel tras ser juzgado por terrorismo y la figura política con gran popularidad en la calle palestina.
“Abbas se ampara en el mantenimiento de un falso statu quo [mediante la coordinación de la seguridad con Israel] para seguir al mando de un fosilizado movimiento aferrado al poder político y económico en Cisjordania”, analiza Amira Hass, columnista y escritora experta en asuntos palestinos en el diario Haaretz. “Viejas glorias reconvertidas en altos cargos, que no han sido ratificados en las urnas acaparan la cúpula de la Administración y la seguridad, mientras controlan iniciativas del sector privado en beneficio de sus asociados y confidentes”, apostilla Hass para describir el clima de corrupción y nepotismo que aleja al liderazgo palestino de la sociedad civil.
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