Sin lujos, discreto, nunca dio un ruido a sus vecinos. Su figura ha pasado desapercibida durante años en la Costa del Sol. Ni siquiera su nombre llamaba la atención: Mohamed L. Mohamed, tan común en Marruecos como un Juan García en España. “No era nada ostentoso y siempre estaba a la sombra”, cuentan fuentes policiales. Rompía el estereotipo de sus compañeros de actividad, pero era su forma de hacer negocios y se había convertido en uno de los principales operadores logísticos del narcotráfico en las costas de Málaga y Cádiz. Fuera de los focos, el presunto delincuente tenía tratos, entre otros, con los hermanos Tejón, con sobrenombre ‘Castaña’, poderosos narcotraficantes de la Línea de la Concepción. Hasta que, el 25 de abril, la Guardia Civil le detenía a la salida de su domicilio de Estepona. En la operación, denominada Busycon, asimismo han caído otras siete personas, entre ellas un miembro de la camorra napolitana, con iniciales P. V.
Lo de Mohamed era permanecer un “perfil bajo” e “intentar pasar desapercibido”, según explican fuentes judiciales que le conocen de operaciones anteriores, como la que en 2014 sirvió para decomisar una treintena de narcolanchas a su organización. Con reserva y cautela, el narco, de 45 años, se fue labrando su reputación, llegando a liderar una de las “más importantes y activas organizaciones delictivas” dedicadas a la introducción de grandes cantidades de droga en España, según la Guardia Civil. Entre sus clientes estaban los Castaña, conocidos como los “reyes del hachís” y a los que los investigadores les estiman una fortuna de 30 millones de euros. “Era el proveedor en la sombra, pero era un pieza”, cuentan fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado en Málaga, que han desarrollado la investigación, coordinada por la Fiscal Delegada Antidroga de Almería y el juzgado de Instrucción seis de la provincia almeriense.
El domingo por la mañana, Mohamed estaba en su casa mientras, a poco más de 130 kilómetros por carretera, en Conil de la Frontera (Cádiz), se producía un intercambio de 5.000 kilos de hachís. Era una operación en la que los agentes estaban trabajando desde mediados del año pasado. La pista indicaba que había una organización que, con una importante infraestructura, conseguía transportar grandes cantidades de hachís de manera ágil y rápida desde Marruecos a España. Y también que, desde ahí, la droga era más tarde enviada con destino a distintos países europeos. El grupo estaba formado por personas españolas, marroquíes e italianas, lo que muestra una vez más los lazos internacionales de la actividad narcotraficante que se lleva a cabo en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol.
La banda adquirió recientemente casi cinco toneladas de hachís, que llegaron al litoral andaluz por vía marítima. Sin incidencias, el alijo se llevó hasta unos almacenes —denominados guarderías— donde se iba a entregar “de manera inminente”, según la Guardia Civil, a otro departamento de la organización, especializado en la distribución internacional. Los agentes actuaron justo en ese intercambio con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) y de la Unidad Especial de Intervención (UEI) “debido a la complejidad y peligrosidad” de la actuación. En ese momento se realizaron varias detenciones y se intervino la droga.
De manera paralela la intervención se activaba en las provincias de Almería y Málaga, especialmente en Marbella y Estepona. En esta localidad fueron detenidas varias personas, entre ellas a Mohamed L. Mohamed, viejo conocido de las fuerzas de seguridad después de que en 2014 una operación del GRECO [Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado] de la Policía logró decomisar 29 narcolanchas de hasta 750 caballos que partían desde embarcaderos clandestinos ubicados en el río campogibraltareño de Guadarranque.
Acto seguido, los agentes además detuvieron en la vía pública de Estepona a P. V., miembro de la camorra napolitana y buscado en su país. Tiene varias causas pendientes con la justicia por narcotráfico y “asociación de tipo mafioso”, según la Guardia Civil. Durante los registros se intervinieron más de 200.000 euros en metálico, joyas, vehículos y una gran cantidad de material informático y tecnológico. De las ocho personas detenidas, seis se encuentran ya en prisión. La Guardia Civil mantiene la operación abierta y no descarta nuevas detenciones.
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