El golpe ha sido definitivo y cierra las pocas esperanzas con las que contaban las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo en el Estado de Texas de revertir una ley que prácticamente prohíbe de facto el aborto. El pasado viernes, el Tribunal Supremo de ese Estado ratificaba la ley aprobada en septiembre de 2021 que impide la terminación de un embarazo desde que se registra actividad cardiaca del feto, un plazo alrededor de los seis meses de gestación. El fallo fue unánime en una corte integrada por partidarios del conservador Partido Republicano.
“Se acabó, este caso queda definitivamente terminado con respecto a nuestro desafío a la prohibición del aborto”, dijo a la cadena ABC Marc Hearron, abogado del Centro de Derechos Reproductivos, que lideró el desafío contra la ley de Texas, conocida como la ley del latido de Texas [Texas heartbeat, como se llama a la norma Senate Bill 8 (S.B. 8) en referencia a la supuesta pulsión del feto]. La decisión tomada por los supremos magistrados significa que una de las leyes de aborto más restrictivas del país sigue vigente mientras la Corte Suprema de Estados Unidos evalúa el futuro de Roe contra Wade, la decisión histórica de 1973 que garantizó el derecho constitucional al aborto.
Uno de los puntos más polémicos de la norma, y por lo que había sido llevada ante el Supremo, es que evita que la vigilancia del cumplimiento de la ley recaiga sobre las autoridades. En cambio, la responsabilidad se ha delegado en ciudadanos de a pie, para que estos, sin importar si viven en el Estado de Texas, demanden por la vía civil a cualquiera que “ayude o sea cómplice” de un aborto más allá de las seis semanas de gestación. Esto incluye pagar o reembolsar el gasto de la intervención. Si la demanda tiene éxito, el denunciante puede recibir 10.000 dólares para cubrir sus daños legales.
Lo sucedido el viernes da todavía más oxígeno a otros estados controlados por republicanos que ahora están presionando con leyes similares, incluido el vecino Oklahoma, donde muchas mujeres de Texas han cruzado las fronteras estatales para abortar durante los últimos seis meses. El Senado de Oklahoma, controlado por los republicanos, aprobó el jueves media docena de medidas contra el aborto, incluida una prohibición al estilo de Texas.
BREAKING: A Texas court has issued a statewide ruling blocking the state of Texas from investigating families with trans youth.
We will continue to fight with trans youth, their parents and their doctors until all trans people are affirmed and have access to the care they need.
— ACLU (@ACLU) March 12, 2022
También en Texas ha sido noticia la decisión de una juez que esta semana ha bloqueado las investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo sobre los padres de menores transgénero, deteniendo de momento una controvertida norma del gobernador del estado sureño de Estados Unidos, Greg Abbott. “Victoria”, tuiteó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, sus siglas en inglés). “Una juez ha bloqueado las acciones ilegales del gobernador Greg Abbott que tienen como objetivo la atención médica esencial para la juventud transgénero”, agregó en la red social.
La juez Amy Clark dictaminó que la directiva de Abbott era inconstitucional, afirmando que los menores transgénero y sus padres sufrirían un “daño inminente e irreparable” si no se paraba esa directiva, según reportó el diario Houston Chronicle. Abbott emitió la orden el mes pasado para que el Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS, siglas en inglés) de Texas investigara casos de menores que recibían medicamento de afirmación de género y “procedimientos de cambio de sexo”, lo que “constituye abuso de menores, según la ley vigente de Texas”, alegó el gobernador.
Medicinas de afirmación de género para menores transgénero, así como la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas o el uso de baños de acuerdo con su identidad de género, es objeto de un extenso debate en Estados Unidos, donde muchos estados conservadores se han movilizado para adoptar medidas restrictivas.
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