La lección transmitida por el informe de precios al consumo publicado el miércoles pasado depende, en gran medida, de la opinión de cada cual. Al Equipo Transitorio —una expresión que tomo prestada del analista económico George Pearkes— le animó el hecho de que la inflación de julio fuera considerablemente más baja que la de junio. Es decir, a quienes sostenemos que los recientes aumentos de precios reflejan alteraciones temporales que surgen a medida que nos recuperamos de la pandemia y no un problema de inflación subyacente —un grupo que incluye economistas de la Casa Blanca, muchos progresistas y un servidor— el informe nos ha parecido tranquilizador.
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Otros economistas razonables se han mostrado menos optimistas, y han señalado que la inflación sigue elevada, advirtiéndonos de que pronto podríamos observar subidas importantes de los alquileres, que tienen un gran peso en el Índice de Precios al Consumo. Y admito que existe la posibilidad de que la inflación por encima de lo normal resulte ser lo suficientemente persistente como para que la Reserva Federal quiera ajustar antes de lo previsto la política monetaria. No creo que vaya a ocurrir, pero no confío lo suficiente en esta opinión como para descartar la posibilidad.
Incluso si la inflación es un problema mayor de lo que el Gobierno de Biden u otros economistas de ideas similares pensamos, ¿qué repercusiones tendría, aparte de la política monetaria? En concreto, ¿es el riesgo de inflación una razón para que los demócratas rebajen sus planes de invertir en el futuro de Estados Unidos?
No, no, y 3,5 billones de veces, no.
Buena parte de la cobertura de los medios sobre la resolución presupuestaria aprobada recientemente por el Senado por votos sujetos a la disciplina de partido —una resolución que sienta las bases para gastos nuevos por valor de 3,5 billones de dólares— padece dos problemas habituales del periodismo fiscal: falta de contexto cuantitativo e incapacidad para distinguir claramente entre el aumento del gasto y el estímulo fiscal, que no son necesariamente lo mismo.
Respecto al primer punto, sí, 3,5 billones de dólares es muchísimo dinero. Pero este gasto pretende ayudar a reconstruir la economía estadounidense, que es enorme. Hablamos de un plan de gasto a largo plazo, en virtud del cual el dinero se desembolsaría gradualmente a lo largo de una década. Y es probable que el PIB de Estados Unidos en esa década ronde los 300 billones de dólares (287,7 billones, según la Oficina Presupuestaria del Congreso).
Así que olvídense de los titulares que califican el plan de “masivo” o “enorme”. Es un plan que podría suponer una gran diferencia para la vida de muchos estadounidenses y ayudar a construir un futuro mejor. Y apenas representa un poco más del 1% del PIB. No bastaría para causar problemas graves de inflación incluso si todo el gasto se sufragase con dinero prestado.
Y la resolución presupuestaria no prevé un gasto deficitario puro. Es decir, no es como el Plan de Rescate Estadounidense aprobado a principios de año, que se financió completamente mediante endeudamiento.
Por el contrario, los demócratas proponen pagar la mayor parte del nuevo gasto con nuevos impuestos a los ricos (además de recaudar los impuestos que los ricos deben, pero no han estado pagando). Y esto significa que el aumento de gasto en carreteras y en cuidado infantil se compensaría con una disminución del gasto en superyates y helicópteros en los Hamptons. En otras palabras, si les preocupa que el plan demócrata estimule excesivamente la economía, tengan en cuenta que proporcionaría menos estímulo de lo que las cifras de gasto anunciadas en los titulares podrían dar a entender.
Pero si el plan no es un estímulo, ¿qué es? Es básicamente inversión, y eso reduce aún más los riesgos inflacionarios. El gasto en infraestructuras físicas, tanto en la ley ya aprobada en el Senado por los dos partidos como en la futura ley que probablemente aprobarán solo los demócratas, aliviaría los atascos de suministros que tanto han influido en la inflación reciente, y aumentaría al mismo tiempo la productividad de los trabajadores.
¿Y respecto al gasto en “infraestructuras humanas”? Hay pruebas fehacientes de que ayudar a las familias con niños enriquecerá a Estados Unidos y lo hará más productivo a largo plazo, pero para ser justo, esos beneficios tardarán mucho en materializarse. Sin embargo, la ayuda federal para guarderías y la enseñanza infantil universal también aportarían resultados mucho más rápidos, en particular ayudando a más mujeres a sumarse a la población activa. Esto expandiría la capacidad de la economía, que es precisamente la mejor forma de luchar contra la inflación, si se maneja bien.
Entonces, ¿de qué va todo esto? No sé si algunos como Joe Manchin, que expresan su ansiedad por la inflación, están verdaderamente desinformados o solo intentan señalar que están a la derecha de sus compañeros.
Si son sinceros respecto a su preocupación por la inflación, yo los animaría a pedir a su personal que eche números. La ansiedad por el impacto inflacionario de la inversión pública no tiene sentido si se examinan las cifras.
Si solo es una cuestión de señales, vale, así es la política. Pero yo les diría que busquen una forma de enviar señales sin debilitar a su partido… y a su país.
Porque lo cierto es que Estados Unidos necesita desesperadamente invertir en su futuro, en activos tangibles como carreteras o puentes, y también en su gente, especialmente en sus niños. Y no hay razones económicas de peso para no realizar esas inversiones. La deuda no es un problema, teniendo en cuenta los bajos tipos de interés; y la inflación no sería un problema, dada la capacidad de la economía para absorber un aumento del gasto público. Podemos construir, y debemos hacerlo.
Paul Krugman es premio Nobel de Economía
© The New York Times, 2021
Traducción de News Clips
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