Exige a bancos comprobar cargos no válidos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un importante giro en la protección de los usuarios de servicios bancarios en México, estableciendo que las instituciones financieras tienen la firme obligación de probar la legitimidad de los cargos realizados en tarjetas de crédito y débito, así como en cuentas de los clientes. Esta decisión, que se traduce en un nuevo precedente jurídico, marca un hito en la relación entre los bancos y sus usuarios, al exigir mayor transparencia y responsabilidad.

El fallo de la SCJN establece que no se puede presumir que un usuario autorizó una operación simplemente por su falta de respuesta en un juicio, un concepto conocido como “confesión ficta”. En este sentido, la Corte subraya que ante la disputa sobre cargos no reconocidos, corresponde a los bancos presentar evidencia clara y documentación confiable que respalde cada transacción. Solo cuando estos demuestren que seguirán todos los procedimientos adecuados y que su sistema operó de manera correcta, podría invertirse la carga de la prueba, obligando al usuario a demostrar lo contrario.

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Este avance legal se hace relevante en un contexto donde la Cámara de Diputados ha impulsado reformas significativas para proteger a los consumidores. En días recientes, se han aprobado medidas que prohíben el envío de tarjetas de crédito no solicitadas y establecen procedimientos claros para su cancelación sin penalizaciones. Entre estas disposiciones, se incluye la obligación de que los usuarios puedan cancelar sus tarjetas de crédito o débito tanto de forma presencial como digital, con un proceso que debe completarse en un plazo máximo de cinco días. Esta innovación, impulsada por la iniciativa del diputado Ricardo Monreal, también estipula que la emisión de nuevas tarjetas sin el consentimiento explícito del usuario será considerada nula.

Estos cambios no solo buscan equilibrar la balanza entre los bancos y sus clientes, sino que también son un esfuerzo por garantizar una mayor protección de los derechos de quienes confían en las instituciones financieras. La decisión de la SCJN fortalece esta postura y enfatiza la necesidad de que las entidades bancarias actúen con la debida diligencia y transparencia.

Con un panorama legal en evolución y la atención puesta en la justicia financiera, los consumidores pueden esperar un entorno más seguro para realizar sus transacciones. La SCJN ha dejado en claro que proteger a los usuarios es una prioridad, y las reformas en curso son un paso hacia un sistema más equitativo y justo.

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