Mientras se espera que para el nueve de enero del próximo año inicie el juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del expresidente de México, Felipe Calderón, la pruebas de su presunta responsabilidad por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero se incrementa y destaca la creación de 11 paraísos fiscales para el blanqueado del narco.
García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Texas, Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York lo acusó de recibir multimillonarios sobornos para permitir que el Cartel de Sinaloa, uno de los carteles de drogas más importantes a nivel mundial, operara impunemente en México mientras fue secretario de seguridad de Calderón entre 2006 y 2012.
Además de los supuestos sobornos, García Luna fue implicado en un esquema de lavado de dinero. A través de 11 paraísos fiscales en distintas partes del mundo, el exsecretario habría movido US$50 millones en sobornos.
La fiscalía de Nueva York le imputó cuatro cargos inicialmente: perjurio, conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína y conspiración para importar cocaína. García Luna se declaró inocente de los cinco cargos.
A continuación, InSight Crime analiza algunos de los acontecimientos más recientes ad-portas del que podría ser uno de los juicios más importantes del 2023.
Evidencia contra García Luna aumenta
La Fiscalía de Nueva York reveló nuevas pruebas el 26 de octubre en contra de quien fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Un comprobante de pago y fotos con otras personas investigadas se suman a las pruebas presentadas el 18 de diciembre de 2019 contra García Luna.
La evidencia fue presentada poco tiempo después de que Ruslán Mirvis, compañero de celda de García Luna, haya grabado más de 500 horas de conversaciones incriminatorias. Mirvis resultó ser un informante de la fiscalía neoyorquina.
Una de las conversaciones supuestamente implica a García Luna en intentos por buscar aliados para deshacerse de testigos claves en su juicio, incluido Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, actual líder del Cartel de Sinaloa.
Sin embargo, estas pruebas no son irrefutables. La defensa de García Luna alegó que “La evidencia que se ha entregado sobre este asunto consiste en más de 500 horas de grabaciones que en su mayoría son ininteligibles o no se escuchan bien y que son declaraciones hechas por un informante de la cárcel y no por García Luna”.
Creación de una Unidad Especial de la Policía
García Luna habría creado un grupo especial de la Policía Ministerial del Gobierno del estado de Baja California en el 2007 para debilitar al grupo narcotraficante de los hermanos Arellano Félix en beneficio del Cartel de Sinaloa, liderado en ese entonces por Joaquín “El Chapo” Guzmán, según un agente de ese grupo especial.
El agente señaló que hizo parte de una campaña secreta para “borrar del mapa” a los Arellano Félix para que el Cartel de Sinaloa se quedara con las ciudades de Tijuana y Mejicali.
Hasta el momento no hay fuentes adicionales que confirmen la versión del agente. Además, no es claro si García Luna dirigió directamente las operaciones en contra del rival del Cartel de Sinaloa en uno de los corredores de drogas más importantes de México.
Un jurado parcialmente secuestrado
Ante las pruebas y las implicaciones del caso los fiscales pidieron que el jurado fuera anónimo y parcialmente secuestrado. Con esta medida se buscaría proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado.
Además, la fiscalía alega que García Luna tiene los recursos para interferir en procesos judiciales. “El acusado interfirió en procesos judiciales garantizando esos trasiegos de droga, pero además proporcionando ‘inteligencia’ a dicho cártel [Cartel de Sinaloa] y protegiendo a sus miembros de arrestos”, según la institución.
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