Grupo Salinas recurrirá a organismos internacionales.

Grupo Elektra, el conglomerado dirigido por Ricardo Salinas Pliego, ha decidido apelar en instancias internacionales tras el reciente fallo desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La corte desechó su amparo, lo que conlleva la obligación de abonar más de 33 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En un comunicado, la empresa expresó su firme postura de que “esto no termina aquí”. Acusan a la corte de ser una “oficina al servicio del poder político”, argumentando que las decisiones tomadas violan derechos fundamentales. Elektra sostiene que esta situación refleja una “persecución política sistemática” contra Salinas Pliego y cuestiona la legitimidad de los ministros que no analizaron adecuadamente el caso, sugiriendo que actuaron en base a un guion proveniente del Palacio Nacional.

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En su defensa, Grupo Elektra insiste en que las autoridades fiscales están realizando cobros dobles y aplicando multas desproporcionadas. Al mismo tiempo, han solicitado al SAT que cuantifique sus créditos fiscales de acuerdo con la ley y sus resoluciones previas, denuncian que el silencio del organismo y la dilación en sus procesos ratifican la supuesta motivación política que sostiene el accionar del gobierno federal.

La controversia se enmarca en un litigio que se ha prolongado por más de 12 años, en el cual la empresa argumenta haber sido víctima de acoso político por parte de las autoridades. Esta situación ha generado un clima de confrontación entre el sector empresarial y el gobierno, elevando la tensión política en el país.

Con el futuro de su caso en juego y el monto reclamado por el SAT en el horizonte, Grupo Elektra se prepara para llevar su batalla a escenarios internacionales, reafirmando su determinación de defender sus derechos y continuar su lucha legal. La resolución de este conflicto no solo impactará a la empresa, sino que también podría incidir en la percepción del clima de inversión y la relación entre el sector privado y el gobierno en México.

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