Infonavit, una de las instituciones más emblemáticas de financiamiento habitacional en México, se encuentra en medio de una tormenta mediática. El debate se ha intensificado tras las recientes declaraciones de su director, Octavio Romero Oropeza, quien anunció que la institución ofrecería arrendamiento con opción a compra a ocupantes no derechohabientes. Esta medida ha suscitado preocupaciones por un posible atentado contra la propiedad privada, lo que llevó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a reafirmar el compromiso de proteger los derechos de los beneficiarios de Infonavit.
Desde su fundación en 1972, Infonavit ha desempeñado un papel crucial en la provisión de vivienda asequible, aunque su enfoque ha variado a lo largo de los años. Inicialmente centrado en el desarrollo de viviendas unifamiliares en las periferias urbanas, el modelo enfrentó críticas por la falta de servicios adecuados y la lejanía de los centros de trabajo. En décadas posteriores, particularmente en los años 90 y 2000, la institución se transformó en un fondo de financiamiento hipotecario, abriendo la puerta a la construcción de vivienda vertical.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, Infonavit experimentó reformas significativas, como la incorporación de trabajadores independientes y esquemas de renta social, logrando otorgar 2.4 millones de créditos y reestructurar uno millón de préstamos. Sin embargo, la situación se ha complicado: la cartera vencida alcanzó un alarmante 18.94% en 2024, y se registraron 145,000 viviendas ocupadas de manera irregular.
Romero Oropeza ha señalado que Infonavit heredó una realidad complicada, con 4.8 millones de créditos considerados impagables atribuibles a la corrupción en gobiernos anteriores. Ha informado sobre 843,000 viviendas abandonadas o invadidas, lo que intensifica el desafío que enfrenta la institución.
A su vez, un consorcio de organizaciones empresariales ha manifestado su oposición a la propuesta de regularizar a los ocupantes ilegales. Argumentan que esta medida no sólo socavaría el derecho de propiedad, sino que también podría sentar un precedente peligroso que normalice la invasión de propiedades. Los índices de morosidad, que han pasado del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, reflejan una crisis de incobrabilidad que preocupa a diversos sectores económicos.
Entre las entidades que han alzado la voz se encuentran la Coparmex, Concamin y Canaco Ciudad de México, quienes exigen detener cualquier intento de legalizar ocupaciones irregulares. Destacan que un tercio de los financiamientos otorgados por Infonavit están en incumplimiento de pago, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de la institución.
El panorama es incierto, y con el poder que el gobierno ha adquirido a través de la reforma de Infonavit, la comunidad espera decisiones que podrían tener repercusiones duraderas en el mercado de vivienda. La situación está en constante evolución, y el futuro de Infonavit sigue siendo objeto de un intenso escrutinio y debate público.
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