IP en Colombia deniega consulta popular por decreto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado una decisión que ha encendido el debate político en el país. A pesar de que la reforma laboral aún debe ser discutida en el Senado antes de su aprobación, Petro ha anunciado su intención de convocar una consulta popular mediante decreto. Esta iniciativa revive una propuesta que había sido detenida a mediados de mayo, generando incomodidad en diferentes sectores productivos.

Los gremios, que representan a varios sectores de la economía, han expresado su preocupación, argumentando que la actuación del presidente atenta contra la separación de poderes y han llegado a calificar esta acción como un “verdadero golpe de Estado”. Ante esta reacción, Petro ha señalado que lo que realmente ha desencadenado esta situación ha sido la negativa de los senadores a discutir la reforma laboral.

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El decreto que establece la consulta popular será presentado ante la Corte Constitucional, con un plazo límite del jueves 12 de junio. Este anuncio no ha pasado desapercibido y ha suscitado múltiples reacciones, incluyendo un comunicado del Consejo Gremial que expresa su contundente rechazo. En él se advierte que la decisión del presidente podría constituir una vulneración grave de la Constitución y de la institucionalidad del país.

La controversia ha escalado a un punto en que Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, ha cuestionado intensamente la iniciativa, sugiriendo que se trata de un intento de apropiarse de recursos estimados en $750,000 millones que serían necesarios para llevar a cabo la consulta. Además, se ha señalado que esta movida podría estar alineada con la preparación de una campaña presidencial para el año 2026.

Con un conflicto que pone en el centro el diálogo democrático y la independencia de las instituciones, la situación es un claro reflejo de las tensiones políticas que se viven en el país. La separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia, se encuentra en el horizonte, poniendo a prueba no solo la estabilidad del gobierno de Petro, sino también la fortaleza de las instituciones colombianas. La necesidad de un debate constructivo y de un espacio para la discusión surge como una respuesta imprescindible ante esta compleja coyuntura.

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