Irán ha añadido este lunes una condena de un año de cárcel a Nazanin Zaghari-Ratcliffe, de 42 años, por “actividades de propaganda contra la República Islámica”. La trabajadora humanitaria iranobritánica cumplió una pena de cinco años de prisión a primeros de marzo. Entonces le fue retirado el grillete electrónico con el que las autoridades penitenciarias vigilaban su detención domiciliaria a causa de la covid, pero al mismo tiempo volvió a ser convocada ante el juez frustrando sus expectativas de volver al Reino Unido, donde viven su marido y su hija.
La nueva sentencia incluye también la prohibición de salir de Irán durante un año, según ha informado su abogado, Hojjat Kermani, citado por los medios locales. Su marido, Richard Ratcliffe, ha declarado a la BBC que la decisión del tribunal era un mal signo. “Se trata claramente de una táctica negociadora de las autoridades iraníes”, ha asegurado en referencia al contencioso por una deuda de 400 millones de libras (unos 460 millones de euros) que el Reino Unido mantiene con Irán por una compra militar no entregada a raíz de la revolución de 1979. Ambos Gobiernos lo niegan.
No obstante, numerosos observadores se muestran convencidos de que la República Islámica utiliza la detención de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad como moneda de cambio en sus negociaciones con Occidente. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI, en sus siglas inglesas) ha denunciado que, en contra de lo esperado, la situación de algunos de esos detenidos ha empeorado a pesar del cambio de Administración en EE UU y su apuesta por reactivar el acuerdo nuclear abandonado durante el mandato de Donald Trump. Además de Zaghari-Ratcliffe, al menos otros 14 binacionales y un extranjero están actualmente privados de libertad en Irán, según el CHRI.
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