Se escuchan disparos que retumban en la oscuridad, carreras y gritos. Colombia ha vivido durante la mañana de este martes una nueva jornada de violencia en las calles que ha alertado a los organismos internacionales. La ONU y la Unión Europea han condenado la brutalidad policial y han pedido que los responsables de la represión respondan por sus actos. De forma oficial, son ya 19 los muertos y más de 800 los heridos desde las protestas arrancaron el miércoles pasado por una reforma tributaria que el presidente Iván Duque ya ha retirado.
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Las escenas más impactantes llegan desde Cali, donde se ha producido el mayor número de muertes. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes han sido constantes a lo largo de la noche. Hay imágenes de carros blindados dispersando a la multitud con gases lacrimógenos y detonaciones de armas. La primera planta de un hotel donde se hospedaban unos policías ardió en llamas. Los manifestantes han colocado retenes en las principales carreteras de acceso y el aeropuerto está bloqueado. Las estanterías de los supermercados están vacías. Las autoridades han abierto corredores para que la ciudad, de 2,2 millones de habitantes, pueda abastecerse de gasolina, medicinas y alimentos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo que sus responsables, sobre el terreno, han sido testigos de “un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”. La portavoz de la oficina, Marta Lamas, en una rueda de prensa, aseguró que los agentes utilizan munición real, golpean a los manifestantes y hubo detenciones. “En el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes de la protesta también han sido violentos”, añadió.
Bruselas asimismo ha reaccionado a la crisis colombiana. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, dijo que la unión condenaba los actos de violencia, que apuntan “contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión”. Dijo tener confianza en las instituciones colombianas para investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos.
Las protestas, en su mayoría pacíficas, han derivado en ocasiones en actos vandálicos. Los manifestantes han quemado autobuses y bancos y han saqueado comercios. Las autoridades aseguran que hay más de 400 policías heridos. El presidente Iván Duque ha calificado estos disturbios como “terrorismo urbano de baja intensidad”. El tótem de la derecha colombiana, el expresidente Álvaro Uribe, escribió en un tuit, borrado más tarde por la red social por contravenir sus normas, en el que apoyaba el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad. La izquierda lo interpretó como una invitación a un derramamiento de sangre. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los actos violentos habían sido premeditados, organizados y financiados por las disidencias de las Farc, una pequeña agrupación que no se atuvo al proceso de paz, y el ELN, la última guerrilla reconocida de Colombia. Por ahora no hay pruebas de que sea así.
La reforma fiscal ha sido el motivo coyuntural por el que la gente salió a protestar, pero como marejada de fondo hay un gran descontento por la situación universal de la nación. Colombia, la cuarta economía de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su producto interior bruto (PIB), la mayor desde que lleva registros. El desempleo, que en medio de las medidas de confinamiento más estrictas superó el 20%, cerró el año de la pandemia en 15,9%, mientras que la pobreza monetaria subió hasta el 42,5%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Estos datos suponen un retroceso de cerca de una década.
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