La primera medida de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador ha sido un golpe al Constitucional por haberse interpuesto en el camino unilateral del presidente, Nayib Bukele. El Parlamento elegido hace dos meses, de mayoría oficialista, ha aprobado este sábado la destitución de los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El argumento de los legisladores coincide con las acusaciones que el mandatario lanzó contra el tribunal por haber frenado unos decretos relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria. La decisión de la Asamblea del país centroamericano ya ha recibido las críticas públicas de la Administración de Joe Biden a través de Juan González, su asesor para América Latina, y manifestaciones de repudio de organismos internacional como Human Rights Watch (HRW).
La moción ha sido presentada por la vicepresidenta de la Asamblea recién instalada, Suecy Callejas. “Por iniciativa de varios diputados, solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este Pleno legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia”, ha pedido la diputada entre aplausos de su bancada. La medida, que afecta a los cinco jueces titulares y a los cuatro suplentes, ha salido adelante a toda prisa sin el trámite parlamentario habitual.
Bukele no ha tardado en defender la iniciativa a través de Twitter. “La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea es una facultad incontrovertible expresada claramente el artículo 186 de la Constitución de la República”. Ese artículo, en efecto, dispone que los magistrados podrán ser destituidos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”. Sin embargo, en esta ocasión las motivaciones no son de carácter legal sino político.
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