Cuatro bandejas con 5 kilos de carne sentenciaron a muerte a Bruno Barros, de 29 años, y a Yan Barros, de 19. Sorprendidos mientras intentaban llevarse los productos en un establecimiento de Atakadão Atakarejo, en Salvador, Bahia, tío y sobrino fueron víctimas de un tribunal del crimen organizado patrocinado por el propio supermercado. El gerente y los vigilantes de seguridad entregaron a Yan y a Bruno a los traficantes, quienes los torturaron, asesinaron y posteriormente abandonaron sus cuerpos en el maletero de un coche.
El suceso, que tuvo lugar el pasado lunes 26 en la favela Nordeste de Amaralina, revela cómo los supermercados brasileños pueden ser escenarios de actos de violencia cometidos por sus propios empleados. Casos así no son extraordinarios, tal y como ocurrió con João Alberto y Pedro Gonzaga, asfixiados hasta la muerte por agentes de seguridad de Carrefour y la cadena Extra, respectivamente. Alberto fue maltratado hasta la muerte en noviembre del año pasado en Porto Alegre, al sur de Brasil. Gonzaga, en un mercado de Barra da Tijuca, barrio rico de Río de Janeiro.
Familiares y amigos no saben por qué Yan y Bruno salieron del barrio Fazenda Coutos, donde residían, y fueron a Nordeste de Amaralina el lunes. Pero la primera señal de que algo no iba bien se produjo alrededor de las 13.30 horas. Bruno envió un audio por WhatsApp a una amiga, a la que considera una hermana (su nombre no se divulgará por motivos de seguridad), en el que le pide 700 reales (unos 130 dólares) para pagar la carne que había sustraído en Atakarejo. Como estaba en un salón de belleza, no vio el mensaje.
Al no obtener respuesta, Bruno le llama a las 13.46 y logra hablar con su amiga. Cuenta que a él y a su sobrino les habían sorprendido intentando robar carne y que el gerente y unos vigilantes les habían llevado al estacionamiento del supermercado, donde fueron agredidos. Los empleados les exigen que paguen los 700 reales, el precio del producto, para dejarlos marchar. Si no les daban el dinero, les entregarían a los traficantes de la zona, dominada por el Comando da Paz. La banda estaría asociada con el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, algo que la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía niega.
La amiga de Bruno pone en marcha una operación con parientes y amigos para recaudar el dinero. Al principio, consigue 250 reales (46 dólares). “Le llamé y le pedí a uno de los vigilantes que mandara el número de cuenta para ingresarle el importe, mientras intentábamos obtener el dinero que faltaba. Sería la garantía de que pagaríamos. Los empleados no lo aceptaron, querían todo a la vez”, cuenta.
Bruno se desespera y se pone en contacto con otras personas para pedirles dinero. En un audio enviado a este periódico, él le dice a alguien: “Ella ya tiene 200 reales, mira a ver si consigues ese dinero”. “Él decía ‘el tiempo está pasando, me van a entregar, van en serio. Si me entregan, voy a morir’”, recuerda la amiga.
Pese al esfuerzo, no les dio tiempo de recaudar la cuantía. A las 14.02, ella recibe una llamada en la que Bruno le cuenta que los empleados habían decido entregar a Yan y a él a los traficantes. Fue la última vez que hablaron. “Me dijo ‘llama a la Policía para que me detengan, el segurata está entregándome a los traficantes en el aparcamiento. Voy a morir’. Llegué a llamar al 190 [teléfono de la Policía], denuncié que había varios hombres armados en el supermercado, pero no sirvió de nada.”
Los cuerpos de los jóvenes, muertos en Nordeste, fueron colocados en el maletero de un coche que los traficantes abandonaron en la región de Polêmica, localidad del barrio de Brotas. Elaine Costa Silva, madre de Yan, cuenta que los primeros rumores de que los dos habían sido asesinados surgieron en las redes sociales. Fue entonces cuando empezó la búsqueda para confirmar el trágico desenlace. El padre de Yan es hermano de su tío Bruno. “Primero llamamos al DPT [Departamento de Policía Técnica], pero no habían encontrado ningún cuerpo en el Instituto de Medicina Legal. Conseguí el número del DHPP [Departamento de Homicidios y Protección a la Persona], y me dijeron que no había ninguna noticia en Nordeste de Amaralina, pero que habían hallado dos cuerpos en el maletero de un coche en Polêmica”, cuenta. Elaine identificó el cuerpo de su hijo gracias a la ropa que llevaba puesta. Y a Bruno por una cicatriz que tenía en el abdomen. El velorio de ambos se hizo con los féretros cerrados, debido al estado de desfiguración de sus rostros.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Bahía, el diputado regional Jacó (Partido de los Trabajadores), quiere que el supermercado le explique a la población si mantiene alguna relación con el narcotráfico. “Si el gerente los llamó, es porque había algún tipo de autorización por parte de Atakarejo. Ocurrió un incidente, y la dirección de la empresa tomó una actitud cobarde. De haber sido el dueño de algún bar, ya lo habrían detenido. Es el dueño de una cadena de supermercados el que se niega a comentar el caso. Atakarejo hace como si no existiera. ¿Es el narcotráfico quien se encarga informalmente de la seguridad de Atakarejo?”, se pregunta. La comisión sigue la evolución del caso y ha pedido, mediante un oficio, que la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía asigne a un comisario especial para dirigir las investigaciones. Mientras no se soluciona el crimen, Elaine intenta prepararse para otra batalla que llegará junto al intento de superar el duelo: el de la exigencia de Justicia. “Quiero que todos y cada uno de los de Atakarejo paguen”.
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