Por Alberto Ramírez Rivera
Una persona con infancia y juventud terribles, tristes, severas, por haber sido violado sexualmente, recibido burlas u otros hechos penosos, como matar a un pariente, no está exento de sufrir traumas en la edad adulta que lo llevan a ser un resentido social, para luego pasar, si no las supera, a un estado de locura.
Pero si ese individuo con mente insana es presidente de una nación, funcionario de primer nivel o legislador, el asunto es más delicado, pues pone en riesgo el bienestar de un pueblo.
En México, el Congreso ha desatendido este tema. No hay ley que exija a aspirantes a mandatarios de una nación, así como a candidatos a servidores públicos y legisladores, un certificado que les avale estar sanos o no de sus facultades mentales.
Hay una iniciativa “congelada” en la Cámara de Diputados que se refiere a este tema (presentada por Acción Nacional y publicada en septiembre del 2020), donde se establece que para ser Presidente de la República se requiere lo siguiente:
“Tener un buen estado de salud mental, que deberá acreditarse con los estudios clínicos y dictámenes médicos, de conformidad con las normas aplicables y la ley en la materia, así como hacerse públicos, noventa días antes del día de la elección”.
Agrega: “Y tampoco tener padecimientos mentales, ni los comprendidos en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83”.
El documento subraya que “hay el registro de por lo menos siete solicitudes de información a distintas dependencias federales, en las que se les requirió el expediente clínico, la valoración médica y resultados de las pruebas físicas realizadas al presidente López Obrador, mismas que se han dado respuesta negativa con el mismo argumento: es información confidencial por tratarse de datos personales o como información inexistente”.
Destaca: “Es necesario que exista en la Constitución Política la excepción de que la información sobre la salud mental de los individuos pueda publicarse cuando ésta afecte el interés público, la seguridad nacional, el orden y la salud públicas o los derechos de terceros”.
Tal propuesta legislativa “duerme” en el escritorio y, por lo tanto, el tema se mantiene en “el sueño de los justos”, sin que alguna fracción parlamentaria haga eco de la misma.
De acuerdo con la psiquiatría moderna, las personas que padecen traumas y complejos durante la infancia y adolescencia, en la adultez manifestarán su paranoia de la siguiente manera: un día llorarán sin motivo, otro, se carcajearán, luego amenazarán, acusarán, buscarán culpables de su ineptitud y se volverán violentos.
Aflorará en ellos, a cada instante, una vehemencia muy próxima a la agresividad.
Por ello, si un jefe de Estado, un servidor público, un diputado o un senador es acusado de asumir una personalidad mentalmente insana, debe ser analizado y, si resulta afectado, se le deben abrir las puertas del manicomio.
Un ente con características de orate no debe seguir en un puesto público, y menos, en el relacionado con el del mandato de una nación.
De lo contrario, ese loco de atar, ante la ciudadanía e integrantes de su Gabinete, sacará su personalidad de energúmeno y se enfrentará con todos los que denuncian su inutilidad en el cargo que le fue encomendado, tanto en el gobierno como en el Congreso u otro cargo público.
También manifestará su rabia, sus mentiras, su cinismo y su instinto asesino para culpar de todos sus males a quienes llama sus enemigos.
En fin, la psiquiatría sostiene que la personalidad de un orate se conoce también por ser vengativo, ya que así está moldeado por la vida adversa que lo marcó en la infancia, por eso es burlón y viola el orden social, sin importar el daño que haga a los demás.
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