Cinco meses después de la huelga de hambre realizada por varios miembros del opositor Movimiento San Isidro (MSI), que acabó en desalojo policial y derivó en una inédita protesta de jóvenes creadores a las puertas del ministerio de Cultura de Cuba el 27 de noviembre del año pasado, de nuevo el líder del MSI, Luís Manuel Otero Alcántara, lleva una semana sin comer ni beber en su casa. En esta ocasión exige básicamente que cese el cerco policial en torno a su domicilio en la Habana Vieja, que es la sede del MSI, y le devuelvan varias obras que utilizó en su último ‘performance’ y le fueron incautadas.
El viernes, el cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García, envió a su canciller, Ramón Sánchez Polcari, al domicilio de Alcántara para pedirle, sin éxito, que deponga la huelga de hambre y sed que mantiene desde hace días. Polcari pasó aproximadamente una hora con el disidente, que demanda también que se retire el asedio en torno a su persona y dejen de detenerle cada vez que sale de su casa, y tras la entrevista dijo que no logró convencerle y que vio a Alcántara “firme en su decisión” de proseguir con la huelga de hambre. Este domingo el líder del MSI fue trasladado por las autoridades a el hospital Calixto García de La Habana.
Más allá de la presente protesta de Alcántara, lo sucedido en los últimos meses en torno al MSI y la manifestación del 27N en el Ministerio de Cultura ha suscitado un ardiente debate en la isla, sobre todo en las redes sociales. El tema de fondo es sabido: la necesidad de abrir verdaderos espacios de participación política en la isla, el cese de los actos de repudio como forma de respuesta a los que disienten, libertad de expresión y creación y tolerancia con los que piensan diferente, son las principales demandas.
En este sentido se han manifestado figuras de la cultura cubana como los cineastas Fernando Pérez o Jorge Perugorría, cantautores como Silvio Rodríguez o académicos como Carlos Alzugaray -ex embajador de Cuba en la UE y miembro del partido comunista-, ninguno de ellos sospechoso de contrarrevolución y mercenarismo. Todos en diversas ocasiones han expresado que aunque no compartan la agenda del MSI ni lo que representan, la sociedad cubana debe abrir espacios cada vez más inclusivos y democráticos, pues al existir en la isla un sistema de partido único con más razón deben darse cabida a las sensibilidades diferentes y respetar incluso la de aquellos que no comparten el modelo socialista.
Además del tema central de las reformas económicas, el VIII Congreso del PCC abordó también el asunto de los nuevos “desafíos político-ideológicos”, admitiendo que internet y las redes sociales -hoy por hoy la principal “arma” que utilizan los opositores y donde se expresa de forma cada vez más abierta el malestar ciudadano por las penurias económicas que se viven-, es el principal “campo de batalla”. El gobierno cubano está plantado y sus argumentos son los de siempre: con los ‘contrarrevolucionarios’ no puede haber diálogo ni tolerancia.
Tras ser elegido primer secretario del PCC, el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió directamente a los miembros del MSI: “No vamos a permitir que los ‘artivistas’ —como dicen ellos mismos, entre comillas— del caos, de la vulgaridad, del desacato, mancillen la bandera e insulten a las autoridades. No ignoramos que buscan desesperadamente ser detenidos para cumplir el mandato de quienes les pagan, que no acaban de encontrar víctimas creíbles para sus infames informes sobre Cuba. Es bueno advertir al lumpen mercenario que lucra con el destino de todos, a los que piden “invasión ya”, a los que continuamente ofenden de palabra y de hecho a quienes no descansan, ¡que la paciencia de este pueblo tiene límites!”.
Así las cosas de empantanadas y con Alcantará atrincherado, intelectuales y artistas cubanos -muchos identificados con las posiciones oficiales- piden “mesura” cada vez que pueden. Constatan que las redes sociales han llegado para quedarse y que el activismo del MSI y de otros jóvenesopositores, financiados o no por EEUU, continuará. Por ello, aseguran, mejor responder con soluciones políticas, no policiales, a reclamaciones que son políticas. Por el bien general.
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