Las mujeres no se rinden. La ola verde dominicana, el grupo de organizaciones que piden despenalizar el aborto en casos excepcionales en uno de los pocos países del mundo que mantienen una prohibición total, lleva más de 50 días de acampada frente al Palacio Nacional en Santo Domingo para exigirles al presidente Luis Abinader y a los congresistas unas leyes que les garanticen sus derechos. Después de llevarse un revés esta semana en el Congreso, han convocado a una gran marcha nacional el domingo 23 de mayo para exigir a sus políticos que apoyen las tres causales básicas: la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo, en caso de violación o incesto o por malformaciones del feto.
“Las mujeres nos sentimos así engañadas, traicionadas”, le ha dicho a Sergia Galván, una activista que lleva más de 20 años al frente de las demandas feministas. El miércoles, la Cámara de los Diputados aprobó en una primera lectura un Código Penal que incluye un artículo que permite la interrupción del embarazo en el caso de que la vida de la madre corra peligro, pero los legisladores rechazaron mayoritariamente un informe disidente que pedía incluir las tres causales básicas. Eso pese a que el liderazgo de los dos mayores partidos, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se habían pronunciado públicamente a favor de las tres excepciones.
“Lo que se aprobó es estado de necesidad. Van a poner en riesgo la vida de la mujer y, ya cuando sea inminente la muerte, van a intentar salvarla y esa no es la causal vida que nosotras estamos proponiendo”, afirma Galván en entrevista telefónica. Los grupos que promueven las tres causales están especialmente dolidos con el presidente Abinader, quien llegó al poder defendiendo esas excepciones, pero recientemente dijo que llevaría esa decisión a un referéndum popular. “La Constitución dominicana establece claramente que los derechos fundamentales no pueden estar bajo escrutinio de la mayoría, sino que se regulan a través de la legislación y por eso les elegimos”, afirma la activista en conversación telefónica desde el campamento.
El miércoles, tras la votación en la Cámara de Representantes, las mujeres del llamado ‘campamento de la dignidad’ se juntaron a cantar La calle será la calle de Xiomara Fortuna frente al Palacio Nacional, una declaración de intenciones para plantarles cara a los políticos que consideran que no defienden sus intereses. “Esta lucha, ya no nos queda de otra, es en la calle que la tenemos que ganar”, afirma Galván. “Al PRM, el partido mayoritario y que hizo campaña con las tres causales, le decimos que las mujeres y el pueblo le va a pasar factura por aprobar un código que niega esos derechos fundamentales”, advierte.
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