En medio de un panorama económico incierto, el gobierno está implementando estrategias agresivas para asegurar liquidez, lo que podría hipotecar el futuro del país. Con el Paquete Económico de 2026 en marcha, se estima que el endeudamiento alcanzará un nivel histórico de aproximadamente 1.57 billones de pesos. Este monto sobresale incluso el gasto combinado en áreas críticas como Educación y Salud, dejando a las futuras generaciones con una carga financiera sin precedentes.
La situación actual exige que se busquen fuentes de financiamiento alternativas, y el gobierno ha decidido inclinarse hacia dos medidas directas que afectan a la ciudadanía. En primer lugar, está la ampliación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que busca gravar aún más a los productos de consumo, como refrescos y bebidas azucaradas, con un aumento casi del 100% hasta alcanzar los 3.08 pesos por litro. Además, se contempla la imposición de nuevos impuestos a bienes como videojuegos considerados violentos, renovando así la presión sobre los hogares al depender de gravámenes regresivos que afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
Más preocupante aún es la polémica iniciativa que busca la transferencia de recursos de las Afores destinados a cuentas inactivas y no reclamadas, principalmente aquellas de trabajadores mayores de 70 años. El gobierno argumenta que estos fondos se destinarían a un nuevo sistema de pensiones “de bienestar”, pero voces de oposición y las mismas cámaras empresariales han calificado esta medida de ataque a los ahorros de los trabajadores. Este “manoteo” a los fondos privados genera inquietud sobre la seguridad del sistema de ahorro para el retiro, en un contexto donde la confianza en las instituciones se desploma.
Ante esta situación, se hace evidente la necesidad de un debate profundo sobre la fiscalidad y la protección de ahorros personales, considerando que las decisiones actuales tendrán un impacto directo en la calidad de vida y la estabilidad económica de miles de familias. La combinación de un gasto público elevado y la búsqueda de ingresos por vías cuestionables plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará la economía nacional. La atención de los ciudadanos es crucial, ya que el futuro económico dependerá de la forma en que se gestionen estas decisiones críticas.
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