Puebla acumula 3,179 extorsiones en meses.

En un alarmante reporte de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que entre julio y octubre de este año se registraron un total de 3 mil 179 llamadas de extorsión. Este dato revela la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde la extorsión parece haberse convertido en un fenómeno común.

Desglosando las cifras, de las 3 mil 179 llamadas, 587 estaban relacionadas con fraudes y estafas, mientras que 105 casos correspondieron a sextorsiones. Sin embargo, la gran mayoría, con 2 mil 487 casos, fueron extorsiones directas. A pesar de la magnitud de esta problemática, el funcionario destacó que gracias a las acciones implementadas, se logró evitar un 80% de los delitos de extorsión.

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Sánchez González también mencionó que Puebla se encuentra en un proceso de fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas de la policía cibernética. Esto es esencial para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y hacer frente a las amenazas que surgen en el ámbito digital.

La situación es aún más crítica si se considera que la extorsión ha sido calificada como un “delito de moda”, ya que a nivel nacional no ha habido una disminución significativa en los reportes de este tipo de delito, según el Servicio Ejecutivo de la Seguridad Nacional. Esta tendencia preocupante enfatiza la necesidad de soluciones efectivas y la colaboración entre las autoridades y la comunidad para combatir este flagelo.

La SSP también reportó que 277 personas en Puebla se han visto afectadas por estafas derivadas de estas llamadas, lo que pone de relieve la urgencia de concienciar a los ciudadanos sobre las tácticas utilizadas por los delincuentes.

Este contexto resalta uno de los grandes desafíos actuales en materia de seguridad en Puebla, donde la colaboración y la prevención son fundamentales para reducir los índices de criminalidad y proteger a la población. La lucha contra la extorsión no solo es una cuestión de seguridad pública, sino también una responsabilidad compartida entre las autoridades y los ciudadanos, quienes deben estar alertas y bien informados para no caer en las redes de los extorsionadores.

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