En una nueva vuelta de tuerca contra las libertades políticas en Rusia, sus autoridades ordenaron ayer la suspensión cautelar de todas las actividades del movimiento político de Alexéi Navalni, líder opositor encarcelado. El movimiento no podrá organizar actos políticos y ni siquiera publicar en internet o utilizar cuentas bancarias mientras la justicia lo investiga —utilizando pruebas declaradas secretas— bajo la acusación de “extremismo”, en lo que constituye un proceso sin las debidas garantías que puede terminar con su prohibición definitiva. La Fundación Anticorrupción asociada al movimiento también está siendo investigada.
Se trata del aplastamiento legal del movimiento popular de oposición más extendido en Rusia contra la sistemática evolución, dirigida por Vladímir Putin, hacia un régimen abiertamente autoritario. Prueba del respaldo ciudadano a Navalni son las valientes y numerosas manifestaciones de protesta que se producen desde hace tiempo a lo largo del territorio ruso. Recientemente, estas han querido denunciar el trato que está recibiendo en prisión el líder opositor, quien el viernes anunció que por recomendación sanitaria ponía fin a la huelga de hambre que protagonizaba, exigiendo un trato médico con especialistas no pertenecientes al penal. Las marchas son protestas pacíficas amparadas en la libertad de expresión que, sin embargo, sufren reiteradamente una contundente represión de las fuerzas de seguridad con multitud de detenidos. Esto es así porque desde hace meses Putin ha endurecido sistemáticamente la legislación en todo lo que tiene que ver con la expresión ciudadana de las propias ideas y, sobre todo, cualquier cuestionamiento a su política o hacia su persona.
Silenciar para dejar fuera de la ley a la formación de Navalni es la constatación de esta deriva, pero no es la única. En una aceleración de lo que es la transformación de una democracia formal en un régimen personalista, el mandatario ruso ha ido concentrando el poder tanto en su figura como en los servicios de seguridad, ha forzado una reforma constitucional para extender su mandato prácticamente hasta que sea un anciano, ha incrementado los mecanismos legales para acusar a los opositores de estar al servicio de intereses extranjeros y no ha dudado en provocar la alarma internacional con injustificadas concentraciones de tropas en la frontera de Ucrania, cuya retirada ha sido anunciada. Mientras, sus servicios de seguridad acusan directamente a Occidente de estar detrás de un presunto intento de asesinato del presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko.
Todo esto se produce cuando el próximo septiembre deben celebrarse elecciones al Parlamento y ante las cuales la formación de Putin, Rusia Unida, sufre una importante caída de apoyo popular. La población rusa asiste a un aumento preocupante de los precios de los productos básicos y a la pérdida de ingresos reales en una economía estancada, lo que está haciendo aumentar el descontento social. Sin duda esta situación produce honda inquietud en un Kremlin incapaz de fomentar el dinamismo de la economía y la sociedad rusa. La respuesta de Putin es, pues, una nueva vuelta de tuerca en su receta tradicional: más autoritarismo, silenciar a las voces disidentes y agitar el fantasma de la amenaza exterior. Una vieja táctica, quizá útil para alargar su permanencia en el poder, pero no para la ciudadanía rusa.
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