Las autoridades rusas han ordenado este lunes la suspensión de todas las actividades de la organización política nacional del opositor Alexéi Navalni mientras se resuelve el proceso judicial en el que la acusan de ser “extremista”. La decisión aumenta aún más la dura represión contra el movimiento del activista —que cumple dos años y ocho meses de cárcel—, que había logrado abrir una amplia red de sedes en numerosas provincias rusas pese a no poder legalizarse como partido. El dictamen les prohíbe convocar mítines o participar en actividades electorales, también publicar en internet, organizar eventos y usar cuentas bancarias. Los aliados del crítico más feroz del Kremlin denuncian que el caso tiene motivaciones políticas.
La decisión de este lunes implica el cierre de la vasta red de oficinas que Navalni y su equipo mantienen desde Vladivostok a Moscú. Mientras, un tribunal de Moscú está juzgando (con pruebas declaradas secretas) al movimiento político opositor y a la Fundación Anticorrupción de Navalni por “extremismo”, una designación que ilegalizaría por completo las entidades y cualquiera de sus actividades y expondría a sus empleados, donantes y simpatizantes a cuantiosas multas y penas de hasta seis años de cárcel. Sería la medida represiva más radical contra un movimiento opositor en décadas en Rusia.
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La fiscalía de Moscú acusa a las entidades vinculadas a Navalni de “crear las condiciones para la desestabilización de la situación social y política y para cambiar los cimientos del orden constitucional, incluso a través del escenario de una revolución de color [como se denominó a los levantamientos ciudadanos en Georgia, Ucrania o Kirguistán, por ejemplo]”, dice en un comunicado.
Esta última decisión judicial marca otro paso en el camino iniciado por las autoridades rusas hace meses, cuando Alexéi Navalni regresó a Moscú y fue arrestado por violar la libertad condicional de una sentencia antigua mientras estaba en Alemania recibiendo tratamiento por el envenenamiento casi mortal que sufrió el pasado agosto en Siberia y tras el que Occidente ve la mano del Kremlin. El arresto del opositor derivó en las protestas más numerosas en la última década. La represión contra Navalni, que fue condenado en febrero, y sus aliados empezó a agudizarse con arrestos domiciliarios por participar en las protestas o acusaciones por violar las normas sanitarias relacionadas con la pandemia.
La etiqueta de “organización extremista”, que ya tienen en Rusia por ejemplo los Testigos de Jehová, podría derivar en la desaparición o paso a la clandestinidad de las organizaciones vinculadas a Navalni solo unos meses antes de las elecciones parlamentarias de septiembre, en las que algunos de sus aliados aspiran a convertirse en candidatos independientes. Como Liubov Sobol, número dos del opositor, que criticó este lunes la medida cautelar: “Es una parodia total de la justicia y la anarquía una vez más en la Rusia de Putin”, escribió en las redes sociales.
Las sedes regionales del movimiento opositor han empezado ya a congelar sus cuentas en las redes sociales, según ha anunciado por ejemplo la de San Petersburgo. “Desafortunadamente, ya no podemos trabajar en nuestro formato anterior”, han dicho sus miembros en su canal de Telegram. “No es seguro para nuestros empleados y seguidores. A partir de hoy no aparecerá ninguna información en esta página. Se congelará”.
Uno de los principales asesores de Navalni, Ivan Zhanov, ha denunciado que el proceso judicial, sumado a la oleada represiva contra el equipo del opositor y sus simpatizantes, busca desmantelarla y evitar su participación política con iniciativas como la llamada “voto inteligente”, que estudia qué candidato de los partidos de oposición tiene más posibilidades de derrotar al de Rusia Unida (el partido de Gobierno). “Todos entendemos perfectamente que no hay extremismo en [nuestro] trabajo. La acusación de extremismo se está usando simplemente como pretexto para la represión política”, ha criticado otro de sus asesores, Leonid Volkov.
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