Tras días de relativa calma, y cuando se cumplen tres meses del golpe de Estado que el pasado 1 de febrero interrumpió una década de transición democrática en Myanmar (antigua Birmania), miles de personas volvieron a tomar las calles de varias ciudades del país este domingo para manifestar su oposición al régimen militar. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los civiles en algunas de las protestas, matando al menos a seis personas. En total, más de 760 civiles han fallecido a manos del Ejército y la policía desde la asonada.
En algunas protestas los manifestantes urgían a una “primavera revolucionaria”, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, coreando consignas como “¡Nuestra vía conduce a la democracia!” o “¡Despertad al mundo con la voz de la gente unida de Myanmar!”. Miles de personas ocuparon las calles de las principales ciudades del país, con Yangón y Mandalay a la cabeza, después de semanas de manifestaciones de perfil bajo tras varios episodios de dura represión por parte de las fuerzas de seguridad. Uno de los más graves ocurrió en Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón, a comienzos de abril, cuando al menos 82 personas fueron abatidas por la policía y el Ejército.
Aunque la dura represión policial y militar ha hecho que, en ocasiones, los manifestantes busquen otras vías para protestar –a través de huelgas o de forma simbólica, con pintadas y marchas en silencio, como durante el Año Nuevo birmano, de tradición budista-, este domingo volvieron al estilo predominante de los dos primeros meses tras el golpe. En Mandalay, centenares de personas, entre ellas muchos monjes, se manifestaban este domingo portando la bandera de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), el partido de la líder de facto desde 2015 Aung San Suu Kyi, depuesta por los generales.
La NLD obtuvo una holgada victoria en las elecciones de noviembre, cuyo resultado garantizaba una segunda legislatura para Suu Kyi hasta que los militares —que tacharon los comicios de fraudulentos sin presentar pruebas— dieron el golpe. La Nobel de la Paz, de 75 años, se encuentra detenida desde entonces, acusada de varios delitos que podrían suponerle más de una década de prisión. No ha vuelto a ser vista en público y, aunque sus abogados han asegurado que se encuentra bien de salud, su estado y situación son controlados por la Junta Militar con máxima opacidad.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
