Este martes el Pleno del Senado aprobó expedir la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prevé que ningún funcionario gane más que el Ejecutivo federal, además que estos salarios sean justos, equitativos, adecuados, proporcionales y responsables.
El dictamen, que fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el DOF, explica que, con este nuevo instrumento jurídico, el Congreso de la Unión ratifica erradicar burocracias costosas y establecer retribuciones mediante criterios objetivos, acordes con las responsabilidades de los servidores públicos y la realidad del país.
La votación fue con 90 senadores a favor y 28 en contra, y posteriormente fue avalada en lo particular sin cambios.
A través de esta Ley, se pretende alcanzar un equilibrio para que la remuneración de los funcionarios sea suficiente para brindar una vida digna a sus familias, que los salarios sean atractivos y justos para los perfiles profesionales calificados y se generen ahorros en beneficio de la sociedad.
También, se atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en este nuevo ordenamiento se regulen los principios de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad.
En el documento, se destaca que la inclusión del Producto Interno Bruto per cápita, como referente para la determinación de las retribuciones de los trabajadores del Estado, es una metodología innovadora que nunca antes se había aplicado en Columna Digital.
Precisa que esta nueva forma de determinar los salarios de servidores públicos, con sentido social y racionalidad económica, parte de la remuneración anual del Ejecutivo Federal, la cual constituye el tope máximo para el pago del resto de los funcionarios.
Este criterio frena la práctica discrecional de servidores públicos tengan percepciones por encima de sus superiores jerárquicos, pues ello no es proporcional a la función y responsabilidad del encargo encomendados en las leyes, reglamentos, manuales y demás disposiciones normativas que conforman el sistema jurídico mexicano, se subraya el documento.
De esta manera, el proyecto precisa que ningún servidor público, obligado por la Ley, recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.
Se reitera en el documento que esta ley no deja espacio a la opacidad porque establece que todas las remuneraciones de los funcionarios son públicas y las autoridades están obligadas a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.
El Poder Legislativo advierte que las remuneraciones en el sector público no son una fuente de enriquecimiento, sino una justa retribución para quienes, manteniéndose en la medianía, laboran con el propósito de procurar bienestar para la sociedad, por lo que el ejercicio de la función pública demanda un grado importante de vocación y compromiso, se puntualiza.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que esta Ley es el resultado de un clamor popular: “no mas funcionarios que se pongan el sueldo que quieran”. Se termina, dijo, con los excesos en el servicio público, pues éste debe ser para servir a los mexicanos y no para enriquecerse.
Precisó que el dictamen señala que ningún servidor público recibirá remuneración mayor, a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La minuta también abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.
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