Las medidas de emergencia aprobadas durante el pasado otoño e invierno para frenar la tercera y la cuarta ola de la covid-19 están siendo retiradas en casi todos países de la UE. En la actualidad, solo 7 de los 27 socios de la Unión mantienen en vigor el estado de alarma o de emergencia sanitaria, según el recuento que elabora el Parlamento Europeo por encargo de su Comisión de Libertades civiles. Esa comisión, presidida por el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar, hace un seguimiento permanente sobre la evolución de unas normas que han supuesto una supresión sin precedentes de libertades fundamentales.
A fecha de 28 de abril, cuando el Parlamento cerró su actualización número 26 sobre el impacto las medidas excepcionales en las libertades fundamentales, solo siete países preveían mantener el estado de emergencia hasta finales de mayo o junio. Se trata de Bulgaria, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Eslovaquia. Y de todos ellos, solo Italia prevé prolongarlo al menos hasta el 31 de julio.
El Parlamento ya pidió en una resolución a finales del año pasado que los estados “se planteen la posibilidad de abandonar el estado de emergencia o, de no ser posible, la opción de limitar su impacto en la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales”. Pero la mortífera propagación del virus, sobre todo, después del verano y del período festivo de fin de año, llevó a numerosos países a endurecer las restricciones y a limitar, entre otras cosas, la libertad de movimiento y la de reunión.
Durante la tercera o la cuarta ola hasta 16 países, incluida España, declararon el estado de alarma o emergencia. Y el resto adoptó medidas equivalentes aunque con otra base legal. El frenazo de la actividad económica, social o escolar ha sido drástico, aunque en la inmensa mayoría de los casos no se ha llegado al parón casi total de la primavera negra de 2020. La primavera de 2021 ha marcado el inicio de un proceso de desescalada que se acelera, como el año pasado, a medida que se acerca el verano. Pero con el impulso, esta vez, de unas campañas de vacunación que avanzan a un ritmo de tres millones de pinchazos al día en toda la UE.
Pero las medidas restrictivas continúan en mayor o menor medida y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior mantiene una vigilancia permanente ante el riesgo de que algunos gobiernos aprovechen la pandemia para coartar de manera indebida ciertas libertades. La tentación es evidente en aquellos países donde la crisis coincide con turbulencias políticas o con protestas por motivos diversos.
El informe del Parlamento Europeo recuerda, por ejemplo, el caso de Bulgaria, donde el gobierno intentó enmendar el código penal para incluir multas y penas de prisión por difundir falsa información. El presidente del país vetó la propuesta. En Alemania las protestas contra las restricciones se han repetido a lo largo de la pandemia, con numerosos choques con las fuerzas del orden y el gobierno federal de Angela Merkel ha optado por una ley que le da poderes extraordinarios para imponer el toque de queda por encima de las autoridades regionales. En Hungría, según Amnistía Internacional, el gobierno de Viktor Orbán ha utilizado las medidas sanitarias para restringir la libertad de expresión y el derecho de reunión.
La Comisión que preside López Aguilar sigue con inquietud la evolución de todas las normas ante el temor de que alguna no guarde la proporcionalidad debida. Pero la recopilación de medidas también menciona las que no tienen carácter restrictivo, sino todo lo contario. Es el caso de Portugal, que hasta el 30 de junio, como mínimo, ha reconocido a todos los solicitantes de asilo los mismos derechos que a los ciudadanos portugueses para facilitarles el acceso a los servicios sanitarios y sociales.
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