Este contexto se abordará en el 19º Congreso Internacional NENA 9-1-1, que tendrá lugar en Quintana Roo, un evento clave donde se reunirán directores de centros de emergencias, funcionarios de seguridad a nivel estatal y municipal, además de empresas dedicadas a la tecnología de seguridad. En este congreso se espera que surjan discusiones importantes sobre los retos que enfrenta la coordinación entre diferentes corporaciones que, a menudo, utilizan sistemas de comunicación aislados. Esto no solo afecta la rapidez de respuesta, sino también la eficacia en la gestión de emergencias.

A menudo, la percepción de la tecnología de seguridad se asocia con sofisticados centros de control llenos de pantallas y sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, hay aspectos mucho más inmediatos que necesitan atención. El uso de radios de comunicación, aunque convencional, sigue siendo esencial. Cuando los teléfonos móviles fallan por saturación, estos equipos garantizan el contacto entre las distintas fuerzas operativas en el terreno. Sin embargo, la falta de un sistema unificado entre la policía municipal, estatal y protección civil puede obstaculizar seriamente las operaciones.

Además de la tecnología básica de comunicación, otras herramientas están ganando terreno, como las cámaras corporales que protegen tanto a ciudadanos como a agentes del orden de acusaciones infundadas. Las armas no letales, bien implementadas, pueden prevenir el uso innecesario de armamento mortal, mientras que los drones y robots de reconocimiento permiten a los agentes explorar situaciones de riesgo antes de entrar en acción. Las innovaciones en capacitación, como el uso de realidad virtual, ofrecen a los oficiales la oportunidad de enfrentarse a escenarios críticos en un ambiente controlado.

Es crucial que los gobiernos municipales, muchas veces los primeros en responder a emergencias, sean conscientes de estas tecnologías y estrategias. Suelen operar con presupuestos limitados y recursos restringidos, lo que hace aún más urgente la necesidad de equiparse con información precisa y actualizada sobre las mejores opciones disponibles en el mercado. La planificación en estrategias de seguridad debería incluir desde un inicio la cuestión de la comunicación entre diversas corporaciones, ya que de poco sirve contar con más elementos si no pueden colaborar eficientemente.

No se espera que los alcaldes se conviertan en expertos en radiofrecuencia, pero es esencial que sus equipos estén bien equipados para asistir a estos foros y abordar las preguntas pertinentes. El intercambio de experiencias y la desconfianza saludable ante promesas de soluciones tecnológicas permitirán generar acuerdos y colaborar con colegas que ya han avanzado en la superación de desafíos similares.

El Congreso NENA 9-1-1 representa una oportunidad invaluable para confrontar y debatir sobre los retos que enfrenta México en materia de seguridad, y cómo la implementación eficaz de tecnología puede ser una aliada en la búsqueda de certezas y tranquilidad para las familias en todo el país. En última instancia, se trata de construir un sistema que no solo responda a emergencias con rapidez y certeza, sino que también promueva un ambiente más seguro para todos.

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En México, la reflexión sobre nuestra sociedad se vuelve urgente en medio de una realidad que refleja una falta de cuestionamiento hacia las causas de nuestros problemas. La corrupción y la mezquindad emergen entre las pasiones defensivas de algunos sectores de la población, mientras que otras aspiraciones, aunque legítimas, chocan con un entorno cada vez más caótico.

Los recientes enfrentamientos en Mazatlán, que dejaron un saldo trágico de al menos diez muertos y numerosos heridos, son solo un ejemplo de cómo víctimas de la violencia y la corrupción luchan por sobrevivir en un entorno que parece arrojarles al abismo. La fe en el cambio persiste, pero se fragua en un contexto de hambre de justicia, donde las figuras poderosas, en su mayoría corruptas, continúan privilegando sus intereses en el ámbito legislativo.

A pesar de las políticas públicas que se distancian del pasado, la economía mexicana enfrenta desafíos que no pueden ser ignorados. La inflación, que se ha mantenido persistente como el agua que fluye sin descanso, afecta el día a día de la población y pone en evidencia la fragilidad de nuestras estructuras financieras. Sin embargo, sigue existiendo la esperanza de repensar el modelo económico y social que nos sostiene.

La queja se ha vuelto un eco en las calles de ciudades como la Ciudad de México y Sinaloa, donde las manifestaciones de inconformidad reflejan la necesidad de un cambio. Ya sea reclamando aumentos salariales o pidiendo justicia, cada voz resuena en un tablero donde las soluciones parecen escasas y las demandas, urgentes. La lucha por construir un futuro diferente se enmarca en un escenario donde la descomposición social se manifiesta no solo en la política, sino en nuestro medio ambiente, la extinción de especies y la urgencia por conservar nuestro planeta.

Es crucial no olvidar los pasos que hemos dado para abolir prácticas inhumanas en la historia, como la esclavitud. La falta de memoria histórica nos deja vulnerables ante los gobiernos, ya sean neoliberales o no. Un cambio de rumbo en la agenda pública exige un compromiso real hacia una democracia activa y participativa, lejos de las vanidades y manipulaciones del poder.

Los acontecimientos recientes muestran que México no es un proyecto fracasado, sino un país que lucha por reformular sus prioridades. La aspiración a una democracia ascendente requiere esfuerzo constante y una voluntad firme para erradicar los vicios de la política. No podemos permitir que el autoritarismo tome las riendas de nuestra sociedad: es necesario seguir levantando la voz y tendiendo puentes que nos acerquen a una realidad más justa.

Al mismo tiempo, la llegada de la inteligencia artificial plantea nuevas preguntas sobre nuestro modelo educativo. La urgencia de replantear las carreras y adaptar la enseñanza al contexto actual es evidente, abriendo oportunidades para las nuevas generaciones. Pues el espacio educativo necesita una transformación que incluya tanto lo presencial como lo virtual, algo vital ante la disminución de estudiantes en las instituciones.

Así, la construcción del futuro de México dependerá de nuestra capacidad para aprender del pasado, conservar lo valioso y utilizar la innovación para abordar los retos que tenemos por delante. La lucha por la justicia, la equidad y un ambiente saludable son la brújula que necesita nuestra sociedad en esta travesía hacia un porvenir mejor.

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La verdadera riqueza de la digitalización reside en la liquidez y disponibilidad del dato clínico. Un hospital que opera con un expediente clínico electrónico cerrado, incapaz de comunicarse con unidades médicas de primer contacto, opera como un silo que destruye valor. La transición ordenada de la sanidad analógica a la digital exige la cimentación de políticas públicas que establezcan estándares obligatorios de interoperabilidad, permitiendo un flujo seguro y accesible de información. Esto no solo mitiga la duplicidad de estudios, sino que reduce el gasto de bolsillo del paciente y habilita el intercambio de servicios entre instituciones.

Sin embargo, la interoperabilidad tecnológica se vuelve inútil sin su contraparte financiera: la interoperabilidad transaccional. Para que el intercambio de servicios entre los distintos niveles de atención—incluyendo los sectores público y privado—sea una realidad operativa, es fundamental establecer mecanismos de compensación rigurosos. Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede leer un estudio de un hospital privado, es vital definir cómo, cuándo y a qué precio se realiza esta transacción.

Aquí surge la necesidad de anclar las políticas públicas en una realidad contable, definiendo tabuladores de intercambio basados en el valor justo de mercado. Estas directrices no deben depender de negociaciones coyunturales; han de estar indexadas a los Programas Nacionales de Salud (PRONAMs), que dictaminan la priorización epidemiológica del país y, por lo tanto, la asignación de recursos. Sin una actualización ágil y precisa, el riesgo de colapso en el intercambio de servicios se incrementa, pues un tabulador desactualizado puede conducir a pérdidas financieras para los proveedores de servicios o a la negativa a aceptar pacientes.

A pesar de este panorama, es importante señalar la reciente dinámica positiva en el trabajo colaborativo. Las mesas de diálogo entre el Poder Legislativo, la Secretaría de Salud y la industria tecnológica han empezado a mostrar un nivel de madurez institucional que no se observaba en la administración anterior. Reconocer que la digitalización y el intercambio de servicios no son concesiones políticas, sino herramientas de eficiencia, es un primer paso crucial.

No obstante, esta colaboración necesita avanzar más allá de meras intenciones y plasmarse en una arquitectura legal, fiscal y regulatoria robusta. El capital privado y corporativo demanda reglas claras para realizar inversiones en infraestructura interoperable y requiere la certeza de que el Estado actuará como un eficiente pagador de los servicios.

Por lo tanto, los tomadores de decisiones deben seguir una hoja de ruta bien definida:

En primer lugar, la Secretaría de Salud, junto con el Consejo de Salubridad General, debe desarrollar una fuerza de tarea técnica para acelerar la publicación y el costeo basado en actividades de los PRONAMs pendientes.

En segundo lugar, el Congreso debe legislar para hacer obligatorios los estándares de interoperabilidad de datos en todas las compras públicas de Tecnologías de la Información, evitando así sistemas propietarios cerrados.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda necesita validar y publicar tabuladores interinstitucionales derivados de los PRONAMs, asegurando el cumplimiento de los mecanismos de compensación a través de contratos o acuerdos inteligentes.

El hospital del futuro en México no será determinado solo por la presencia de tecnología, sino por su capacidad para operar de manera eficiente, estableciendo algoritmos que permitan facturar, transferir y compensar casos clínicos entre instituciones en tiempo real, con transparencia total y bajo tabuladores claros. Para evitar caer en una “obsolescencia interconectada”, es imperativo que se sistematicen tanto la interoperabilidad clínica como la financiera.

En conclusión, la digitalización del Sistema Nacional de Salud debe ir mucho más allá de la simple implementación de herramientas tecnológicas; necesita un diseño integral que potencie la sistematización de los servicios de salud. La relevancia de este enfoque se manifiesta en su capacidad para transformar la experiencia del paciente y optimizar los recursos en un sector que, sin duda, es un pilar fundamental para el bienestar de la sociedad.

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Chartier explora fenómenos históricos fascinantes que surgen de la interacción entre textos y lectores, enfatizando que cada lectura es única y personal. En una era donde se transita de la lectura de libros físicos a la navegación en redes digitales, es esencial detenernos a observar cómo estas nuevas herramientas influyen en nuestra capacidad de conocimiento. Las plataformas digitales fragmentan el contenido, exponiéndonos a una lectura en hipervínculos que, aunque nos provee de información variada, puede impedir una comprensión plena de las obras y un entendimiento profundo de lo que leemos.

El historiador subraya la importancia de cuestionar cómo construimos conocimiento en un mundo saturado de datos. Tener acceso a información en abundancia no garantiza su comprensión. Así, confronta interrogantes fundamentales: ¿Qué significa leer y escribir en un contexto donde las máquinas intervienen en nuestro proceso cognitivo? ¿Cómo abordarán los historiadores del futuro la complejidad del presente?

Chartier nos recuerda la crítica social que deben ejercer los historiadores. La tarea de contrastar, interpretar y comprobar se vuelve indispensable en un panorama mediático donde la veracidad de la información es cada vez más cuestionable. Es aquí donde la historia cumple su función social: ayudarnos a entender cómo representamos y transformamos nuestras sociedades, ofreciendo una mirada crítica hacia nuestras relaciones entre pasado y presente.

El historiador nos ofrece también una reflexión profunda sobre el acceso a la lectura, sugiriendo que para aquellos que han crecido en entornos con escasa influencia de libros, el acto de leer se convierte en una conquista. Este desafío se extiende a la educación formal y a iniciativas cívicas que promuevan la lectura crítica, herramientas esenciales para el fortalecimiento de una ciudadanía informada y democrática.

Con el cierre de sus reflexiones, Chartier destaca la necesidad de abordar la lectura como un proceso que no solo se hereda, sino que se conquista. A medida que navegamos en este nuevo paisaje digital, es primordial fomentar habilidades que permitan la interpretación y el análisis de la información. Así, el legado de la lectura puede seguir enriqueciendo nuestras vidas y nuestras sociedades.

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Para ilustrar este punto, volvamos a 1956, cuando Malcom McLean, un empresario del transporte terrestre, se enfrentaba a un desafío común: la ineficiencia en el manejo de mercancías en puertos. En lugar de descargar cada paquete para volver a cargarlo en un barco, McLean propuso una solución que parece evidente hoy en día: transportar cargas completas en contenedores. El 26 de abril de ese año, el Ideal-X zarpó con 58 contenedores, marcando el inicio de la contenedorización moderna. Sin embargo, el contenedor por sí solo no resolvió nada. Sin barcos adaptados, puertos equipados y normas estandarizadas, su utilidad era limitada. La verdadera innovación llegó cuando todos los elementos del sistema logístico comenzaron a trabajar de manera integrada.

Este fenómeno se refleja también en los hospitales modernos. Con el objetivo de optimizar la experiencia del paciente, reducir tiempos de espera y controlar costos, se lanzan múltiples iniciativas. Desde la implementación de sistemas de gestión hospitalaria (HIS, EHR, ERP) hasta aplicaciones móviles, cada uno parece tener sentido por separado. El problema surge cuando estas soluciones operan como entidades aisladas, sin una lógica común que las articule. Esto puede resultar en una desconexión de información y procedimientos, dificultando la eficiencia operativa.

Un ejemplo alarmante de esta falta de integración se demuestra en un incendio en Baltimore en 1904, donde, a pesar de contar con numerosos bomberos de distintas ciudades, la incapacidad de compatibilidad de los equipos hizo que el fuego consumiera 1,500 edificios. Aquí, como en los hospitales, se evidencia que no es suficiente tener las herramientas adecuadas; lo crucial es que todos los componentes del sistema hablen el mismo idioma.

La solución a este dilema radica en la Arquitectura Empresarial. En lugar de centrarse únicamente en qué tecnología adquirir, los hospitales deben cuestionarse sobre cuál es el cambio que realmente desean lograr. Esta arquitectura conecta la estrategia hospitalaria con las capacidades necesarias, los procesos que deben ajustarse, y los datos e información requeridos para que todo funcione en armonía. Por ejemplo, si el objetivo es reducir los tiempos de admisión, en lugar de implementar de inmediato un registro digital, la pregunta crucial es qué capacidades se deben desarrollar para lograr esa meta, como mejorar la recolección de información existente o asegurar la interoperabilidad entre áreas clínicas.

Sin embargo, el camino hacia la transformación no es lineal y presenta desafíos. Existen brechas que deben abordarse antes de implementar nuevas tecnologías, lo que puede incluir la calidad de los datos o la simplificación de procesos. A menudo, los proyectos en un hospital compiten por tiempo y recursos, y sin una arquitectura sectorial que los alinee, las decisiones suelen basarse en la urgencia y no en una visión integral.

La Arquitectura Empresarial no solo organiza estas decisiones; proporciona un marco que permite evaluar qué capacidades son necesarias y cuáles deben desarrollarse. No es necesario un mapa perfecto ni años de planificación antes de tomar acción; el enfoque debe ser pragmático y adaptativo.

Hoy, con un acceso sin precedentes a la tecnología, el reto principal ya no es decidir qué soluciones incorporar. Se trata de diseñar un sistema hospitalario que opere de manera efectiva y que utilice la tecnología para alcanzar ese funcionamiento. Al considerar el próximo proyecto, es esencial preguntarse: ¿qué capacidad del hospital estamos fortaleciendo y de qué otras dependemos?

Esta reflexión podría marcar el comienzo de una verdadera transformación. En vez de adquirir otro contenedor, se trata de construir un sistema cohesivo que efectivamente lo maneje.

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La indiferencia, como la define la Real Academia de la Lengua Española, se manifiesta en un estado de apatía y desapego hacia el sufrimiento ajeno. Esta condición nos coloca ante una dolorosa pregunta: ¿cómo fue posible que México, en 1968, no se movilizara enérgicamente ante tal brutalidad? La respuesta puede encontrarse en los eco de las voces que, aún años después, parecían no haber presenciado la carnicería.

Una madre, que vivió en aquellos días, recuerda cómo la información sobre la masacre llegó a ella de manera tardía y confusa, estableciendo una desconexión entre el horror real y la percepción social. "Suponíamos que los pocos que se quejaban estaban exagerando", confiesa. Este silencio que rodeó a la masacre ha sido un manto de ignorancia sobre el dolor ajeno, empeorado por la falta de cobertura mediática en aquel tiempo.

Diez años atrás, se llevó a cabo una exposición que pretendía honrar a las víctimas y mantener viva la memoria de estos eventos; documentando que la masacre de Tlatelolco no fue solo un fallo de los soldados, sino también de las estructuras de poder que intentaron criminalizar y desmovilizar la voz de estudiantes y ciudadanos. Un investigador como Jacinto Rodríguez Munguía propuso una cifra más justificada de muertos, estimando entre cincuenta y sesenta, pero, sin importar el número, el valor de cada vida es irrefutable y la indiferencia la atenta.

La situación en México, hoy en día, sigue siendo complicada. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, ha dejado un legado de dolor y hallazgos macabros en diversas partes del país, mientras las víctimas de feminicidio continúan incrementándose, reflejando una indiferencia quizás aún más profunda.

La historia de la matanza del 2 de octubre se ha narrado a través de las voces de grandes escritores y caricaturistas, que han capturado la frustración y la impotencia que siente un país frente a su propia historia. Carteles emblemáticos y testimonios siguen resonando en la sociedad, evidenciando que la valentía ante la negación es fundamental para confrontar los hechos.

Así, el legado de aquel día, más que un eco del pasado, se convierte en un llamado a la acción. En un momento en que la memoria puede desvanecerse y la indiferencia se enraiza, es vital recordar no solo el evento, sino también a cada una de las víctimas y el impacto perpetuo de la violencia en la sociedad. Al recordar, buscamos no solo justicia, sino también un futuro donde la indiferencia no tenga cabida, y donde cada vida, con su historia, sea valorada debidamente.

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Chartier nos invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y la atención que dedicamos a nuestras lecturas. En su análisis, menciona que la era digital ha transformado radicalmente nuestra relación con los textos. Los lectores, ahora más que nunca, estamos inmersos en un mar de información, navegando entre fragmentos, enlaces y descripciones breves. Este panorama plantea un desafío significativo: la fragmentación de los textos puede dificultar la comprensión profunda y la creación de una relación única con lo que leemos. Al interactuar con textos mediado por pantallas, corremos el riesgo de realizar lecturas superficiales que no nos permitan aprehender la obra en su totalidad.

Un punto crucial que Chartier revela es la importancia de la crítica en la labor del historiador contemporáneo. En un mundo donde las máquinas intervienen cada vez más en el proceso de conocer y escribir, es fundamental cuestionar la producción y verificación de la verdad. A medida que se acumula información, la capacidad de discernimiento de los ciudadanos se convierte en un pilar de la democracia. Chartier enfatiza que una sociedad democrática no solo requiere la circulación de información, sino también individuos preparados para leerla y someterla a un análisis crítico.

Además, Chartier recuerda que la formación de un lector competente no es un proceso heredado, sino más bien una conquista. Para aquellos que crecieron en entornos con escasez de libros, su relación con la literatura puede ser enriquecida por mediaciones que van más allá del hogar y llegan a la escuela y la comunidad. Estas instancias se convierten en trampolines para desarrollar el pensamiento crítico, analítico y democrático en los jóvenes.

En un contexto de constantes cambios tecnológicos, Chartier lanza una invitación a detenernos y observar cómo nos relacionamos con estos nuevos recursos. La era digital es una oportunidad para fomentar discusiones cívicas que empoderen a los ciudadanos a interpretar la información críticamente y transformar su entorno. Finalmente, el legado del conocimiento y la literatura es una herencia que, sin duda, se conquista con esfuerzo y atención, ofreciendo nuevos horizontes de comprensión en un mundo cada vez más complejo.

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La llegada de la inteligencia artificial ha causado un cambio radical en nuestro entorno. Su desarrollo avanza a un ritmo vertiginoso, desbordando las capacidades de regulación y contención necesarias para manejar sus repercusiones. La innovación se ha vuelto una exigencia, destacándose no solo en el ámbito comercial, sino también en la política, donde la oferta de soluciones parece más un ejercicio de presentación que un compromiso genuino con la verdad.

El fenómeno de la violencia se ha convertido en una constante en nuestras vidas, y la impunidad nos persigue como una sombra. La corrupción, por su parte, se ha aceptado casi como parte de nuestra realidad; ya no es solamente un problema, sino una condición que deteriora las bases de nuestra convivencia. Ante un país con más de 130 millones de habitantes, es evidente que no estamos alineados con los ideales de transparencia y credibilidad que tanto necesitamos.

A medida que se acerca el relevo en instituciones clave, como el Instituto Politécnico Nacional, la demanda de una educación tecnológica de calidad cobra mayor relevancia. Estudiantes y comunidad educativa piden atención a las problemáticas que afectan su infraestructura y su experiencia académica. Sin embargo, el camino a seguir no parece estar claro; el consenso escasea y la sensación de urgencia se siente en cada rincón.

La política, en medio de esta vereda de incertidumbre, debe enfrentarse a la realidad de un electorado cansado y desconfiado. La polarización ha alcanzado niveles alarmantes; los partidos que alguna vez prometieron un cambio parecen ahora rehenes de su pasado lleno de complicidades y decepciones. El ciclo de la simulación se repite, y mientras la desesperanza se asienta, las propuestas vacías se convierten en pan de cada día.

Es un momento crucial para reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones y la dirección que elegimos. Con un panorama tan complejo y problemático, la claridad y la rendición de cuentas deben ser los pilares de una nueva era en la que las ansiedades sociales puedan ser escuchadas y atendidas, y donde el tejido de nuestra civilidad no se degrade bajo la amenaza de la violencia y la corrupción. El desafío está servido, y la verdad no puede seguir siendo una víctima más de la desidia.

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La Primavera Árabe (2011) permitió la expansión de la influencia estadounidense apoyada en Israel, que ha demostrado que tiene su propia agenda hegemónica en la región, pero no ha traído la estabilidad esperada con la presencia de guerras civiles intensas: Libia, Siria, Irak y Yemen. Las tensiones en Eurasia se agudizaron, primero con la desestabilización de Ucrania (2014), que si bien es cierto existía disensos internos promovidos por nacionalistas en contra del gobierno, que había mostrado acercamiento con Rusia, detrás de ellos estaba el impulso de la OTAN por extender su influencia hasta la frontera Rusa. El conflicto fue escalando con la anexión de Crimea por parte de Rusia (marzo 2014) y los enfrentamientos en la Región del Dombás y su declaración de independencia aprobado por un referéndum (mayo 2014) hasta llegar a la confrontación de los dos países con la invasión Rusa a Ucrania (febrero 2022).

El ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (2001) y su silencioso desarrollo económico y tecnológico y, la crisis financiera de 2008 reveló vulnerabilidades económicas en el núcleo occidental, modificando los equilibrios económicos globalizadores. La década de 1990 abrió una discusión sobre si esas transformaciones reducían la centralidad de las rivalidades geopolíticas o si simplemente cambiaban sus formas. Charles Krauthammer describió un "momento unipolar", expresión de un contexto en el que la concentración del poder estadounidense parecía excepcionalmente amplia. Francis Fukuyama en "The End of History" y The End of History and the Last Man sostuvo que la democracia liberal podía representar el punto final de la evolución ideológica moderna, no porque desaparecieran conflictos o acontecimientos, sino porque el comunismo dejaba de constituir una alternativa universal comparable.

El argumento geopolítico es que, si disminuye la confrontación ideológica estructural, ¿puede también disminuir la centralidad de las rivalidades tradicionales entre grandes potencias?. Samuel P. Huntington cuestionó esa lectura mediante una interpretación centrada en identidades culturales y civilizacionales. Su propuesta sostuvo que el final de la confrontación ideológica no implicaba el final del conflicto y que las líneas de fractura podían reorganizarse alrededor de identidades colectivas de mayor escala. Su enfoque incorporó cultura, religión e identidad como dimensiones capaces de estructurar percepciones de pertenencia, amenaza y alineamiento.

La discusión entre Fukuyama y Huntington muestra que la posguerra fría analizó el análisis desde la distribución material del poder hacia las formas ideológicas mediante las cuales los actores interpretan el orden internacional. Philippe Delmas (1996) le planta cara a Fukuyama y se diferencia de Huntington, porque en su análisis aborda aspectos estructurales del "Establishment". Afirma que la extinción de los dos bloques y el proceso globalizador acarrean inestabilidad y que el conflicto es inevitable ante la carencia de instituciones consistentes.

Ante esa ausencia la guerra es el camino para realizar ajustes al sistema internacional. Reivindica la función del Estado como la única institución con capacidad de planear a largo plazo y regular los vaivenes del mercado. También alertó sobre el riesgo social que implica el florecimiento de las trasnacionales tecnológicas. Zbigniew Brzezinski mostró, al mismo tiempo, la persistencia de la dimensión territorial.

En El gran tablero mundial sostuvo que Eurasia continuaba siendo el principal espacio estratégico para la primacía estadounidense y que la distribución del poder en Europa, Rusia, Asia Central y Asia oriental seguía condicionando el orden mundial. La tesis confirma que la globalización no eliminó las grandes masas continentales ni la importancia de regiones bisagra: modificó los instrumentos mediante los cuales podían organizarse y disputarse. La posición de Ucrania, Asia Central y el Cáucaso adquiría relevancia por su relación con la posibilidad de reconstrucción del poder ruso y con el equilibrio euroasiático.

La continuidad entre Mackinder y Brzezinski no consiste en repetir literalmente el Heartland, sino en mantener la pregunta por Eurasia bajo condiciones distintas. Durante la posguerra fría, una potencia situada fuera del continente podía sostener su primacía mediante alianzas, instituciones, presencia militar y relaciones políticas más que mediante ocupación territorial. Joseph S. Nye desarrolló otra ampliación decisiva mediante el concepto de soft power.

La capacidad de un Estado no depende únicamente de coerción militar o incentivos económicos, sino también de la atracción generada por cultura, valores, instituciones y legitimidad. Posteriormente, Nye propuso pensar el poder mediante combinaciones de instrumentos duros y blandos, evitando reducirlo a una sola dimensión. Para la geopolítica, esta aportación resulta relevante porque muestra que la competencia por influencia sobre espacios y sociedades puede desarrollarse mediante recursos simbólicos, institucionales e informativos, además de instrumentos materiales. La globalización otorgó también mayor visibilidad estratégica a la interdependencia económica.

Keohane y Nye habían mostrado previamente que las relaciones internacionales podían estructurarse mediante múltiples canales y dependencias asimétricas. Edward Luttwak propuso después el tránsito "de la geopolítica a la geoeconomía", destacando el uso de instrumentos comerciales, financieros e industriales con lógica competitiva. La economía no sustituyó a la geopolítica: se convirtió en uno de sus medios. Acceso a mercados, inversión, tecnología, sanciones y dependencia productiva podían utilizarse para modificar capacidades y conductas sin recurrir directamente a la fuerza militar.

Las cadenas globales no eran espacios políticamente neutrales: su distribución desigual generaba ventajas y vulnerabilidades. Esta observación será decisiva después de 2016, cuando la interdependencia comience a analizarse abiertamente como instrumento de competencia (Keohane & Nye, 1977; Blackwell & Harris, 2016). Robert Kagan incorporó una discusión sobre las divergencias estratégicas dentro de Occidente. En Poder y debilidad sostuvo que Estados Unidos y Europa habían desarrollado perspectivas distintas sobre el uso de la fuerza, las instituciones y la diplomacia, diferencias relacionadas con sus capacidades materiales. La unipolaridad estadounidense no implicaba una cultura estratégica occidental homogénea. introduce una dimensión de cultura estratégica dentro del análisis del poder (Kagan, 2003). Robert D. Kaplan recuperó explícitamente la geografía como restricción estructural. En The Revenge of Geography insistió en que montañas, mares, llanuras, clima, demografía y posición continúan condicionando posibilidades estratégicas, aun cuando la tecnología transforme la manera en que esos espacios son utilizados. George Friedman, desde una perspectiva prospectiva, combinó geografía, demografía, economía y capacidad militar para construir escenarios de largo plazo.

Más allá de la exactitud de sus predicciones, ambos autores expresan una recuperación contemporánea del argumento clásico: la globalización no elimina las restricciones físicas y espaciales (Kaplan, 2012; Friedman, 2010). El ascenso de Asia y la redistribución gradual de capacidades económicas introdujeron además una dimensión de cambio sistémico. Kishore Mahbubani interpretó el desplazamiento de poder hacia Asia como una transformación de larga duración, señalando que el crecimiento económico, demográfico y político de la región podía modificar una estructura internacional históricamente dominada por potencias occidentales. Su relevancia para el estado del arte consiste en destacar que la distribución del poder puede cambiar gradualmente mediante industrialización, urbanización, educación y acumulación tecnológica, no sólo mediante guerras o modificaciones territoriales.

El balance de 1991-2016 es una ampliación del concepto de poder. A territorio, equilibrio y capacidad militar se añadieron identidad, legitimidad, atracción, interdependencia, finanzas, comercio y redes. La posguerra fría no produjo la desaparición de la geopolítica, sino una disputa sobre qué variables debían incorporarse para explicar un sistema caracterizado simultáneamente por primacía estadounidense, globalización económica, nuevas identidades políticas y desplazamiento gradual de capacidades hacia Asia.

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La idea central que plantea Lin es tanto simple como profunda: Taiwán no debe ser considerado un asunto interno de China, sino un actor relevante en el escenario global, actualmente excluido de organismos internacionales que dependen de su estabilidad. El estrecho de Taiwán es esencial para el comercio mundial, siendo una de las rutas marítimas más transitadas, donde circulan productos vitales como semiconductores. Estos son la base de la economía digital moderna y su interrupción, debido a tácticas de presión como incursiones cibernéticas y coerción militar, representa una amenaza directa a las cadenas de suministro globales.

Un punto crucial en el argumento jurídico que presenta Lin es la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, emitida en 1971. China ha sostenido que esta resolución justifica la exclusión de Taiwán del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, al analizarla con atención, se observa que el texto no menciona a Taiwán en absoluto. Se refiere únicamente a la representación de un solo gobierno de China, sugiriendo que la interpretación que limita la participación taiwanesa en organismos esenciales no está bien fundamentada. Esta distorsión del texto crea un peligroso precedente: si se permite que una resolución sea reinterpretada para excluir a 23 millones de personas del discurso global, se pone en riesgo el futuro de cualquier consenso multilateral.

Para países como México, que están estableciendo un vínculo comercial y tecnológico más estrecho con Taiwán, el debate no es solo académico. Taiwán ha demostrado ser un aliado verdadero a través de su Proyecto de Prosperidad de los Aliados Diplomáticos, ofreciendo cooperación técnica en diversas áreas, desde sistemas de salud digital en Paraguay hasta reservas de energía en Esuatini. Este tipo de colaboración es lo que la ONU debería fomentar, en lugar de obstaculizar.

La reciente elección de Khalilur Rahman como presidente de la 81ª Asamblea General de la ONU representa una oportunidad para restaurar la confianza en la institución. Una ONU que aspire a la confianza no puede mantenerla excluyendo de manera permanente a un actor que cumple con los estándares de gobernanza democrática y cooperación internacional.

La cuestión en juego no es simplemente lograr un reconocimiento político completo para Taiwán; de hecho, el objetivo taiwanés es buscar una "participación significativa" en lugar de una membresía total. Ignorar a un actor tan influyente en la tecnología y la economía en foros donde se discuten temas globales como la salud y la aviación no solo es contraproducente, sino que también deja un vacío de información y cooperación que todos, incluyendo América Latina, necesariamente resentirán.

El sistema internacional enfrenta desafíos serios y la comunidad global, especialmente en Latinoamérica, tiene un interés directo en que se cierren los vacíos que actualmente existen, con el fin de promover una colaboración efectiva y constructiva. La situación en el estrecho de Taiwán no es solo un tema regional: es un asunto que afecta a cada rincón del planeta.

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Este cambio no ocurre en un vacío; está enmarcado en un contexto económico y geopolítico que evidencia la creciente influencia de naciones como China. Mientras que Estados Unidos ha sido tradicionalmente el mayor inversor extranjero en México, con un notable 48.2% de la inversión extranjera directa, la participación de China ha escalado de menos del 1% entre 2005 y 2009 a un 9% en 2023. Esto ha llevado a las autoridades a examinar más de cerca la propiedad y el control de ciertos activos estratégicos.

La legislación actual permite ya negar inversiones que impliquen riesgos para la seguridad nacional, y exige una evaluación favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para participaciones extranjeras iguales o superiores al 49% en ciertas actividades. Sin embargo, la reforma busca abordar la falta de un procedimiento de revisión claro que ayude a identificar riesgos oportunamente en otros sectores sensibles.

Uno de los cambios más significativos en la nueva iniciativa es la reconfiguración de la CNIE. Actualmente, este organismo incluye a varias secretarías, pero la propuesta sugiere sumar a las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se prevé que la Fiscalía General de la República y otros organismos participen, aunque sin voto. Esta integración busca garantizar que las perspectivas de defensa, inteligencia y seguridad tengan un lugar en el análisis de inversiones.

La revisión obligatoria de adquisiciones se activa si un inversionista extranjero intenta adquirir más del 49% del capital de una firma mexicana y si el valor de los activos excede un monto que determinaría la CNIE. Esta evaluación incluiría áreas como infraestructura estratégica y tecnologías críticas, apuntando a proteger sectores claves para la seguridad nacional.

Sin embargo, hay observaciones sobre la necesidad de ajustar este umbral del 49%, ya que una participación minoritaria podría proporcionar acceso a información sensible. Por lo tanto, algunos especialistas sugieren considerar porcentajes más bajos combinados con criterios monetarios a fin de mitigar riesgos de manera más eficaz.

Otro desafío radica en que una parte importante del alcance de la reforma se definirá después de su aprobación, lo que podría generar incertidumbre. La CNIE deberá establecer el valor de los activos y, aunque la iniciativa menciona principios de la OCDE como transparencia y rendición de cuentas, aún queda pendiente desarrollar estos conceptos en el articulado de forma concreta.

La propuesta también destaca la necesidad de aprovechar la información ya en poder del Estado para identificar y rastrear propietarios finales de sociedades. Una coordinación efectiva entre las distintas autoridades que participen facilitaría el análisis de riesgos sin duplicar esfuerzos en la solicitud de información a las empresas.

Es esencial que esta reforma se implemente con recursos adecuados, dado que la CNIE deberá asumir nuevas funciones de análisis y seguimiento. La propuesta actual estipula que los costos derivados serán cubiertos por el presupuesto aprobado para la Secretaría de Economía, lo que podría limitar su efectividad si no se manejan adecuadamente.

El tiempo de resolución plantea otro punto crítico. La iniciativa concede a la CNIE 60 días para deliberar sobre el asunto, aunque una propuesta en el Senado sugiere reducir este plazo a 45 días hábiles. Si se solicita información adicional, este período podría suspenderse, generando una potencial carga administrativa.

Las decisiones de la CNIE no solo incluirían la aprobación de adquisiciones, sino que también podrían establecer condiciones o incluso impedirlas por razones de seguridad nacional. Esto desencadena preocupaciones sobre la certeza jurídica y el clima de negocios en México, particularmente entre los grupos empresariales que temen que esta proposición afecte la inversión extranjera.

Con un sistema regulatorio y de evaluación que necesita ser afinado, la experiencia internacional puede ofrecer lecciones valiosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Comité de Inversión Extranjera (CFIUS) combina autoridades económicas y de seguridad para examinar inversiones que impacten la seguridad nacional, funcionando bajo principios establecidos durante décadas. Mientras tanto, la Unión Europea opta por equilibrar las evaluaciones de seguridad y competencia económica en sus decisiones de inversión.

A medida que México avanza en esta iniciativa, es crucial fortalecer la capacidad del país para identificar y mitigar riesgos en inversiones extranjeras, mientras se asegura un marco jurídico claro que fomente la certeza y la competencia. Solo así, el país podrá atraer el capital necesario para su crecimiento sin comprometer su seguridad.

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Un fenómeno similar está ocurriendo en el ámbito de la seguridad digital. Hoy en día, gran parte de nuestra información está resguardada por complejos “candados” matemáticos. Cada transacción financiera, desde la autenticación de identidades hasta el intercambio de datos confidenciales, se encuentra respaldada por diversos mecanismos criptográficos que operan de forma invisible, garantizando la protección de lo que es tan valioso en el mundo virtual.

La llegada de la computación cuántica abre un nuevo capítulo en este campo. A diferencia de computadoras tradicionales, las cuánticas procesan información de maneras que pueden resolver problemas extraordinariamente complejos. Aunque esta tecnología aún está en desarrollo, su potencial ha llevado a gobiernos, empresas tecnológicas e instituciones financieras a considerar la próxima generación de seguridad digital. Este concepto se conoce como criptografía poscuántica, o quantum-safe, un enfoque que busca desarrollar nuevos mecanismos para mantener la información segura frente a las capacidades futuras de las computadoras cuánticas.

Lo más interesante es que no se trata solo de teorías. Durante 2025, el World Economic Forum subrayó cómo diversas instituciones financieras están avanzando en su preparación para un entorno cuántico. Una de las estrategias destacadas es la agilidad criptográfica: la capacidad de adaptar y actualizar los mecanismos de seguridad en función de los avances tecnológicos y los cambios en los estándares.

Con el tiempo, la protección del patrimonio ha comenzado a abarcar diferentes vertientes. Tradicionalmente, esto significaba diversificar inversiones, gestionar riesgos y establecer estructuras adecuadas para la planificación a largo plazo. Sin embargo, hoy también se suma una dimensión digital, donde la información financiera, contratos y documentos son parte integral del ecosistema que permite la gestión y transferencia de patrimonio. A medida que este ecosistema se digitaliza, es crucial que los mecanismos de protección también evolucionen.

Quizás la clave no radique en encontrar la caja fuerte perfecta cuya cerradura sea inquebrantable, sino en desarrollar una que pueda integrar nuevas capas de seguridad conforme vayan surgiendo innovaciones tecnológicas. Este enfoque es central en la criptografía poscuántica: construir sistemas que no solo reaccionen al futuro, sino que sean capaces de adaptarse a él.

Así, proteger el patrimonio a largo plazo no solo implica resistir el cambio, sino estar dispuestos a evolucionar con él, preparándonos para los retos de un entorno digital cada vez más complejo.

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El 10 de septiembre, conmemoramos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un momento que debería ser más que un simple recordatorio anual. Necesitamos establecer políticas de prevención robustas y construir espacios de diálogo que permitan a los jóvenes expresar sus preocupaciones antes de llegar a situaciones extremas. Las estadísticas pueden hablar de números, pero no pueden mostrar el tiempo que transcurre entre el inicio del sufrimiento y la crisis final. Este lapso puede durar días, meses o incluso años, y es aquí donde se encuentra una de las mayores oportunidades para la intervención.

El suicidio no puede ser explicado de manera unidimensional. Cada caso refleja un trasfondo único que puede incluir problemas emocionales, conflictos familiares, violencia, aislamiento, dificultades económicas, y más. Al reducir la complejidad de esta realidad a una sola causa, se desatienden las verdaderas necesidades de los jóvenes. No se trata solo de reconocer que están en riesgo, sino de entender qué requieren para afrontar sus circunstancias.

Los datos demográficos también revelan un contraste significativo: entre los suicidios registrados en 2025, un alarmante 74.7% correspondió a hombres, mientras que las mujeres jóvenes exhibieron la tasa más alta entre la población femenina nacional. Esta disparidad sugiere que las estrategias de prevención no pueden ser homogéneas; deben adaptarse a las diferentes experiencias y desafíos que enfrenten los jóvenes, independientemente de su género.

La prevención del suicidio debe comenzar por una comprensión profunda de los contextos que generan sufrimiento. La esfera familiar, las amistades, y la comunidad educativa desempeñan un papel esencial. Estos entornos pueden ser lugares de escucha activa, donde se reconozcan señales tempranas de dolor emocional y se promueva el acceso a la ayuda profesional, sin pretender sustituir a los especialistas en salud mental.

Además, es crucial cambiar la narrativa sobre la atención psicológica. No debería ser un recurso reservado únicamente para las crisis; puede y debe abordar las dificultades emocionales antes de que se conviertan en situaciones críticas. La terapia puede servir como una herramienta para explorar emociones, relaciones y conflictos, proporcionando tanto a los jóvenes como a sus cercanos un espacio seguro para hablar de sus inquietudes.

La última década ha visto un aumento en las tasas de suicidio en el país, y esta realidad nos obliga a pensar más allá de la atención de emergencia. Es necesario incorporar la educación emocional y la detección temprana en nuestras respuestas, y garantizar el acceso efectivo a servicios de salud mental. Las barreras económicas y la falta de información sobre dónde acudir son obstáculos que impiden que las personas obtengan la ayuda que necesitan.

Cuando tratamos el tema del suicidio, la atención a la crisis inmediata es comprensible, pero no puede ser el único enfoque. Es vital considerar qué acciones se están tomando antes de que se presente una emergencia. Las conversaciones que permiten reconocer el sufrimiento, así como el acceso a información confiable y la compañía de profesionales, son fundamentales. También debemos esforzarnos por crear un entorno donde pedir ayuda no se considere una señal de debilidad, sino un acto de valentía.

Los jóvenes en México enfrentan un creciente riesgo de suicidio, y ante esta realidad, nuestra respuesta debe ser enérgica y reflexiva. Prevenir significa identificar sus necesidades antes de que alcancen un punto crítico y construir un ecosistema donde puedan expresar su angustia sin miedo. Solo así podremos lograr que la salud mental se integre en la cotidianidad de sus vidas, convirtiéndose en una prioridad en lugar de ser una conversación relegada a situaciones de crisis.

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Imaginemos la rutina de una niña que, al igual que muchos, pasa su día sentada: primero en el transporte, luego en la escuela, y finalmente frente a una pantalla. Su padre, atrapado en un ciclo laboral agotador, regresa a casa demasiado cansado para practicar deporte, mientras su abuela se enfrenta al miedo de caer en un entorno urbano descuidado. Este patrón no es una elección deliberada, sino el resultado de una organización social que prioriza la inmovilidad.

El plano nacional resalta la discrepancia entre las gloriosas victorias deportivas y el estado de la salud pública. A pesar de que el derecho a la cultura física está consagrado en nuestra constitución, prácticas cotidianas y estructuras como el sistema educativo y la infraestructura urbana limitan nuestras oportunidades de movimiento. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2023 apuntan a que sólo el 32.6% de la población infantil acumula la actividad física recomendada. Para las niñas, este porcentaje desciende a un alarmante 19.4%. Frente a pantallas, el tiempo de inacción se aplasta: un 76.4% del mismo grupo supera las dos horas diarias.

La inactividad no se limita a la infancia. A medida que maduramos, las desigualdades de género se vuelven más pronunciadas. En la adolescencia, el acoso y las presiones sociales de la imagen corporal juegan un papel significativo. En la adultez, el trabajo y las responsabilidades familiares consumen el tiempo necesario para moverse, mientras que en la vejez, el miedo a las caídas y la falta de apoyo acentuán la inactividad. Cada etapa vital puede reforzar el movimiento o, por el contrario, expulsarlo.

Es fundamental distinguir entre actividad física, ejercicio y deporte. La primera implica cualquier tipo de movimiento que eleva el gasto energético; el ejercicio es una práctica intencionada y repetitiva, mientras que el deporte añade reglas y competencia. El sedentarismo, por otro lado, se define como el tiempo en el que permanecemos inactivos durante nuestra vigilia. Para combatir esta inactividad, la política pública debe fomentar el movimiento y reducir el tiempo sedentario. No es necesario un entrenamiento intenso cada día; más bien, se requiere un enfoque en movernos con regularidad.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada semanalmente. Para la infancia, el objetivo es un promedio de 60 minutos diarios de actividad. Los beneficios del movimiento se extienden más allá de la pérdida de peso; incluso una sola sesión puede tener efectos positivos inmediatos, como la reducción de la presión arterial y mejoras en el estado de ánimo.

La falta de acceso a instalaciones adecuadas, especialmente para mujeres, es otro obstáculo. De acuerdo con los datos, el 49.8% de las personas que no practican actividad física citan el cansancio por trabajo o las tareas del hogar como sus principales impedimentos. A esta situación se suma que las mujeres dedican 39.7 horas semanales a trabajos no remunerados, en comparación con 18.2 horas de los hombres, lo que revela una desproporcionada carga de responsabilidades.

El rol de la educación es crucial. Las escuelas, que deberían ser un refugio para el desarrollo físico, presentan deficiencias alarmantes: cifras indican que solo el 35.3% de los preescolares públicos tiene un docente de educación física. Esta falta de atención al ejercicio y al juego como herramienta formativa contribuye a un ciclo que desestimula la actividad física desde la infancia.

El reto no se limita a la responsabilidad individual; es un desafío político que exige atención y acción a nivel social. Se necesita una colaboración entre sectores —salud, educación, y desarrollo urbano— para crear un entorno propicio para el movimiento. El presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es insuficiente, con sólo 19.06 pesos por habitante al año y una falta de claridad en la financiación de programas inclusivos.

El camino hacia un México más activo y saludable implica decisiones colectivas que van más allá del deporte de élite. No se trata de generar campeones esportivos que compitan en podios, sino de asegurar que todos, desde los niños hasta los ancianos, tengan acceso a un entorno donde el movimiento sea la norma. La verdadera victoria será una sociedad que valore el movimiento como un pilar fundamental de la salud y el bienestar.

Mientras la conversación sobre salud y deporte continúa, es esencial recordar que la inacción no puede ser la norma. Invertir en espacios y oportunidades para moverse es, en última instancia, una cuestión de equidad y desarrollo humano.

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El Acta 334 amplía la cooperación institucional desarrollada previamente con el Acta 306, y profundiza los esfuerzos realizados en las Actas 319 y 323, las cuales también abordaron la importancia del ecosistema del Delta. Por primera vez, se reconoce oficialmente la ecología ribereña como un componente esencial de la agenda binacional, destacando la notable decisión de ambos países de destinar agua a un ecosistema compartido mediante acuerdos internacionales. Este marco también garantiza la continuidad del Grupo Binacional de Trabajo Ambiental y asegura que las contribuciones de México, Estados Unidos y las ONG de la Alianza Revive el Río se mantengan para la conservación de sitios ya restaurados.

Es crucial reconocer que, en medio de la escasez extrema, México y Estados Unidos lograron evitar retrocesos en sus negociaciones. La Sección Mexicana de la CILA ha sido fundamental en este proceso, utilizando un modelo de diálogo técnico que fomenta la continuidad y la comprensión mutua de los desafíos en ambos lados de la frontera. Este enfoque ha permitido avanzar en la agenda ambiental, a pesar de las dificultades políticas en Estados Unidos que han complicado el panorama legal y financiero para nuevas iniciativas.

Sin embargo, el Acta 334 también introduce cambios significativos en la estructura del financiamiento. A diferencia de sus predecesoras, este nuevo acuerdo establece que toda el agua necesaria para mantener los sitios restaurados provendrá de la coalición binacional de ONG. Aunque los gobiernos seguirán apoyando financieramente, la ampliación del programa dependerá en gran medida de estas organizaciones, reflejando así las realidades de la crisis hídrica y la incertidumbre política en Estados Unidos.

A corto plazo, resulta vital que ambos países integren el medio ambiente como un interés compartido, y no como una preocupación aislada de ciertos sectores. La sostenibilidad del agua requiere reconocer que la agricultura, las ciudades, la industria y las decisiones gubernamentales dependen de un entorno sano. Esto implica, en parte, ofrecer al ecosistema un porcentaje mínimo del agua utilizada en la cuenca —apenas el 0.5%— lo cual sería un paso hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y resiliente.

De cara al futuro, el camino que abre el Acta 334 es significativo. La tarea principal ya no radica en presionar a los gobiernos para que proporcionen agua al ambiente, sino en establecer políticas que reflejen la interdependencia entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente. La inminente necesidad de reunir esfuerzos entre las partes interesadas se convierte así en un imperativo no solo para preservar el ecosistema, sino también para asegurar un suministro de agua sostenible para las generaciones venideras.

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Recientemente, un evento trascendental tuvo lugar en la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). En esta reunión se unieron la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, representantes de la industria farmacéutica (CANIFARMA) y diversos actores del sector industrial. Este encuentro no fue un mero trámite institucional, sino un reflejo de una maduración necesaria en la forma de abordar la salud pública en el país. La propuesta de una Declaratoria Conjunta "Hacia una Política Industrial Farmacéutica en el marco del Plan México" subraya un nuevo entendimiento: la salud no es simplemente un gasto forzoso, sino un impulsor crítico del desarrollo geoeconómico que exige un pacto entre diversas partes.

Dos elementos clave marcan la agenda económica de México: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la implementación del Plan México. Desde la óptica internacional, el sector mexicano de dispositivos médicos y farmacéuticos está pasando por un exhaustivo análisis conforme a los criterios del T-MEC. La pandemia de COVID-19 reveló a nuestros socios comerciales en Norteamérica la vulnerabilidad de depender de ingredientes farmacéuticos activos (APIs) procedentes de Asia. Esta reunión entre el sector legislativo y la industria envía una señal poderosa acerca del interés de México en construir una soberanía sanitaria que, además, sea atractiva para la inversión productiva a través del nearshoring.

El diagnóstico técnico derivado de la reunión plantea tres pilares. El primero, la Soberanía Sanitaria, aboga por la creación de incentivos fiscales concretos; no es suficiente con solicitar a la industria que produzca localmente, sino que se necesitan condiciones competitivas favorables. El segundo pilar se centra en la logística y distribución. La disposición del sector privado para colaborar con la capacidad instalada en redes de cadena de frío es un paso significativo que pone fin a la antigua dicotomía entre lo público y lo privado. El Estado debe liderar el abastecimiento, pero puede beneficiarse de la eficiencia del sector privado en la última milla, evitando pérdidas económicas y asegurando la atención oportuna para los usuarios del sistema de salud.

Por último, el tercer pilar destaca la necesidad de agilidad regulatoria. La transición hacia la Salud Digital y la Medicina de Precisión exige que la legislación avance al mismo ritmo que la tecnología, lo que es fundamental para fomentar la investigación clínica en el país.

El establecimiento de una Mesa de Trabajo Permanente es crucial. Este organismo no solo señala la voluntad de colaboración entre los sectores, sino que promete que las normativas que afecten la cadena de valor se basarán en evidencia técnica y viabilidad financiera antes de ser votadas.

Las acciones a seguir son claras. La Cámara de Diputados debe incluir en esta mesa a las Secretarías de Salud y de Economía; sin su participación, cualquier reforma podría caer en la ineficacia. Además, el sector industrial debe comprometerse a un trabajo colaborativo, compartiendo datos y modelos que demuestren cómo las inversiones en insumos para la salud pueden aliviar la carga financiera del Estado.

La convergencia de partes que históricamente han tenido posiciones discordantes representa un avance significativo en la política pública. Si este esfuerzo se articula sobre bases técnicamente sólidas y evita caer en la polarización política, México no solo fortalecerá su postura en la revisión del T-MEC, sino que establecerá un modelo industrial sanitario robusto que beneficiará tanto a su sistema de salud como a su economía.

El diálogo, sustentado en intereses comunes, abre nuevas oportunidades para todos. Al final, la colaboración provee más beneficios que las confrontaciones, sentando las bases para un futuro más cohesionado y eficiente en el ámbito de la salud.

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El informe destaca que se han destinado un billón de pesos a programas de bienestar, beneficiando a 42 millones de personas. No obstante, la gran interrogante persiste: ¿ese dinero realmente se traduce en mejor salud, educación o autonomía para las familias? En este sentido, también se hace eco de denuncias sobre irregularidades, como el escándalo conocido como el #FraudeDelBienestar, donde se reportaron 96 mil tarjetas del Banco del Bienestar no entregadas.

Dicha situación se refleja en el sector salud, donde el desabasto de medicamentos ha dejado 82 millones de recetas sin surtir y ha llevado a la caducidad de 18.4 millones de medicamentos. La insatisfacción de los ciudadanos es palpable; la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental revela que solo el 47% de los usuarios está satisfecho con los servicios del IMSS-Bienestar.

Los desafíos en educación son igualmente preocupantes. Aunque se han ofrecido becas a 20 millones de estudiantes, la cobertura en la población infantil ha caído del 94% al 89% en pocos años. La evaluación PISA 2025 también muestra que el rendimiento en matemáticas y lectura ha disminuido. Este escenario plantea la necesidad de ir más allá de los apoyos económicos y abordar la estructura educativa de manera integral.

Las propuestas del Partido Acción Nacional se centran en crear un padrón social único, auditable e interoperable, así como en implementar evaluaciones de impacto trimestrales. Además, sugieren la necesidad de un financiamiento sanitario ajustado a la inflación médica, garantizando así que cada peso invertido en programas sociales se traduzca en mejoras tangibles en la vida de los beneficiarios.

Defender los programas sociales implica exigir que estos no se utilicen con fines electorales. Un enfoque que sobrepase la simple transferencia de dinero hacia un sistema que garantice acceso a cuidados, educación y oportunidades es esencial para avanzar hacia un verdadero bienestar. La situación actual nos invita a reflexionar: un gobierno que entrega dinero, pero obliga a sus ciudadanos a cubrir las necesidades básicas de salud y educación, no está cumpliendo con su deber de garantizar un futuro digno para todos.

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Este proceso se presenta como la elección intermedia más significativa en la historia del país, con alrededor de 20,000 cargos en juego. La mayoría de estas posiciones corresponden a regidurías y sindicaturas que se eligen en conjunto, pero se estima que unas 3,400 son candidaturas que encabezan las boletas, incluyendo gubernaturas, diputaciones federales y locales, y ayuntamientos. Si consideramos un mínimo de tres candidatos por boleta, la cifra podría superar los 10,000, e incluso llegar a 15,000. Esto implica que, junto a sus equipos, más de 100,000 personas estarán involucradas en la campaña, lo que inevitablemente impactará en la economía y el empleo del país.

Ocho partidos nacionales estarán compitiendo. Hace seis años, hubo diez, y la posibilidad de que algunos desaparezcan es concreta. En 2024 vimos la desaparición del PRD, mientras que en 2021, tres partidos se retiraron del mapa político. Este proceso electoral planteará la interrogante sobre cuántos de estos partidos sobrevivirán.

El electorado es significativo: actualmente hay 99.3 millones de votantes en la lista nominal, y se estima que esta cifra alcanzará los 100 millones para 2027. En la elección intermedia anterior, votaron 49 millones de personas. Si la participación política se mantiene o se incrementa respecto al 53% de 2018, sería la primera vez que más de 50 millones de mexicanos ejerzan su derecho al voto en una elección de este tipo.

El contexto también incluye 17 gubernaturas, dominadas actualmente por 9 mujeres y 8 hombres. De estas, 12 pertenecen a Morena, tres al PAN, una a Movimiento Ciudadano y una al Partido Verde. Es relevante destacar que las elecciones en Aguascalientes y Quintana Roo se celebran cinco años después de que sus actuales gobernadoras asumieran el cargo, mientras que Sonora solo tendrá un mandato de tres años. Así, las estrategias de campaña dirigirán su atención hacia más de 100 municipios grandes —como Juárez, Chihuahua, y varias metrópolis clave— en los que los partidos invertirán fuertemente.

Los temas en el centro del debate electoral abarcarán programas sociales, la relación con Estados Unidos, la inseguridad, la salud y la economía familiar, incluyendo aspectos como la inflación y el desempleo. Observaremos también el papel de diversas instituciones y tribunales electorales, en un ambiente donde se cuestiona su imparcialidad. Los grupos sociales, desde madres buscadoras hasta transportistas y agricultores, influirán en el discurso, al igual que los potenciales escándalos de corrupción que podrían surgir en el camino.

Al ser una elección para el Congreso, no habrá un claro "ganador" como en las elecciones presidenciales. Pero sí existen tres posibles escenarios: que Morena y sus aliados mantengan su mayoría calificada, que logren una mayoría absoluta o que no consigan alcanzar esta última. Lo que está en juego afecta directamente la capacidad de aprobar presupuestos y reformas, además de la estabilidad en torno a posibles alianzas o conflictos internos dentro del partido en diferentes estados.

Hacia el futuro, los ciudadanos tienen legítimas expectativas sobre el proceso electoral. Se demanda la celebración de debates más interesantes y bien moderados, transparencia en los orígenes de financiamiento de las campañas, respeto a los resultados electorales y al deseo del pueblo, así como un llamado a promover la participación ciudadana activa.

Entre estos puntos, la responsabilidad de los partidos políticos destaca en particular: deben rendir cuentas por la calidad de los gobernantes que postulan. Si un candidato resulta ser corrupto, hay que recordar que su partido debe asumir responsabilidad por esa elección. Los votantes exigen candidatos limpios, alejados del crimen y la corrupción, que realmente representen un cambio positivo.

La temporada electoral promete ser dinámica y desafiante, y es esencial que como sociedad nos involucremos y participemos para garantizar un futuro en el que nuestros representantes cumplan con las expectativas y necesidades de la ciudadanía.

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Este año, las elecciones intermedias prometen ser las más grandes en la historia del país. Aproximadamente veinte mil cargos estarán en juego, incluyendo, en su mayoría, regidurías y sindicaturas. Si nos enfocamos en las posiciones de mayor relevancia, como las gubernaturas y las diputaciones, el total asciende a alrededor de tres mil cuatrocientas. Con un estimado de tres candidatos por boleta, esto podría resultar en más de diez mil aspirantes, incluso quince mil, y consideremos que, si cada uno cuenta con un equipo de diez personas, la cifra de individuos involucrados en las campañas podría superar las cien mil. Este despliegue no solo moviliza una significativa fuerza laboral, sino que también impacta sustancialmente la economía local.

Ocho partidos nacionales competirán en este entorno. Es importante recordar que hace seis años eran diez, y algunos podrían desaparecer en este ciclo. La desaparición del PRD en 2024 y de otros partidos en 2021 intensifica esta incertidumbre y nos deja la pregunta de cuántos sobrevivirán a este proceso.

En cuanto al electorado, la lista nominal actual cuenta con 99.3 millones de votantes, y se estima que para las elecciones de 2027 esta cifra llegue a los cien millones. En la última elección intermedia, aproximadamente 49 millones votaron, y si la participación se mantiene o supera el 53%, se podría alcanzar por primera vez más de cincuenta millones de votantes en este tipo de comicios.

El panorama político incluirá la elección de diecisiete gubernaturas, de las cuales actualmente nueve están a cargo de mujeres. Hoy, doce de estas gubernaturas están en manos de Morena, mientras que el resto se distribuye entre otras fuerzas políticas. Este ciclo también presentará elecciones clave en alcaldías de gran relevancia, donde los partidos invertirán recursos y estrategias significativas debido a su peso dentro del contexto electoral.

Los temas más prominentes en las campañas abordarán cuestiones de gran trascendencia: programas sociales, la relación con Estados Unidos, la inseguridad y la salud, así como la economía familiar, marcada por la inflación y el desempleo. Será fundamental observar el papel de las instituciones y tribunales electorales, especialmente en un clima donde se afirma que están alineados con el régimen. Las redes sociales, la inteligencia artificial y la influencia del crimen organizado también jugarán un rol esencial en la comunicación electoral.

La elección del Congreso será el centro mediático, sin un claro “ganador” nacional como en las elecciones presidenciales. Tres posibles escenarios emergen: que Morena y sus aliados mantengan una mayoría calificada, que logren una mayoría absoluta, o que pierdan dicha mayoría. Aunque lo más probable es que mantengan su estatus como principales fuerza, el desafío estará en la magnitud de su poder parlamentario, que determinará su capacidad para aprobar presupuestos y reformas legales.

Como ciudadanos, hay exigencias claras para este proceso. Primero, demandamos debates más dinámicos, donde los moderadores no solo lean preguntas, sino que profundicen y presionen a los candidatos. Segundo, es esencial la transparencia en la financiación de campañas, asegurando que se conozca el origen de los recursos. Tercero, un respeto absoluto hacia la autoridad electoral es crucial; se debe aceptar el resultado de las elecciones, ya sea favorable o no a las expectativas de los partidos. Cuarto, se debe incentivar la participación ciudadana, promoviendo la importancia de votar sin importar la preferencia por un candidato en particular. Por último, es esencial que los partidos asuman la responsabilidad por la calidad de los candidatos que postulan; no pueden hacerse de la vista gorda frente a los perfiles que resultan en escándalos de corrupción o violencia.

Frente a este panorama, las elecciones de 2027 prometen no solo ser un ejercicio democrático significativo, sino también un indicativo de la dirección futura del país, donde cada voto tiene el poder de decidir el rumbo que tomará la nación.

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En el año de 1911, en el marco de la Revolución Mexicana, Torreón se convirtió en un escenario de horror cuando una comunidad china de alrededor de 600 personas fue brutalmente atacada. Este grupo, que había prosperado a través del cultivo, el comercio y diversas empresas, se enfrentó a un creciente recelo y desprecio por parte de algunos sectores de la población local. Los gritos de "¡Mueran los chinos!" resonaban en las calles, mientras que los maderistas celebraban su victoria, dando rienda suelta a un periodo de violencia que culminaría en la masacre de 303 chinos, casi la mitad de la población china en la ciudad.

Este suceso no solo revela la fragilidad de la paz social, sino que sirve como un recordatorio del pasado que muchas sociedades prefieren olvidar. La impunidad que siguió a estos actos de violencia dejó heridas que aún persisten en la memoria colectiva. A pesar de las conclusiones de diferentes investigaciones que apuntaron a la naturaleza pacífica de la comunidad china, los crímenes quedaron sin justicia adecuada.

Esa lección histórica resuena aún hoy, en un contexto donde el odio parece despertar cada vez con más fuerza. Recientemente, un grupo de manifestantes marchó en México gritando consignas antisemitas, abriendo viejas heridas que, aunque parecen lejanas, son atemporales. A pesar de que la mayoría de los judíos en el país son ciudadanos respetuosos de la ley, esta agresión verbal en Polanco nos recuerda la vulnerabilidad de las minorías.

La falta de memoria colectiva frente a estos episodios de odio es inquietante. La historia muestra que cuando no se escucha el clamor de un grupo perseguido, el resultado puede ser fatal. La pregunta surge: ¿debemos esperar a ser testigos de otra matanza para que se produzca un cambio real en la sociedad?

El conocimiento y la educación son herramientas poderosas en la lucha contra el odio. La responsabilidad no solo recae en ciertos grupos, sino en todos nosotros, quienes debemos construir un espacio cimentado en el respeto y la tolerancia. Luchar contra el racismo, la violencia de género y demás formas de exclusión es un deber compartido, una tarea que debe ser asumida con seriedad y compromiso.

La historia nos enseña que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno puede llevar a regímenes de opresión, mientras que la empatía y el conocimiento pueden guiar a la reconciliación. Es un llamado urgente a recordar. En la construcción del futuro, que cada voz cuente y cada vida tenga un valor incondicional, es esencial para erradicar el odio y forjar una sociedad más justa.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/camino-impunidad-20260913-833276.html

La preocupación radica en que el verdadero peligro para la libertad de expresión ya no proviene únicamente de la censura estatal, sino de la moderación algorítmica ejercida por estas plataformas. Hemos trasladado el debate público a un ecosistema dominado por un puñado de corporaciones que tienen como principal objetivo captar nuestra atención. Las reglas de la conversación global ya no son definidas por parlamentos o tribunales, sino que se encuentran ocultas en los términos de servicio de grandes empresas.

Para manejar miles de millones de publicaciones diarias, estas plataformas han delegado la tarea de moderación a sistemas de inteligencia artificial. Este enfoque ha conducido a un modelo de censura que es preventivo, automatizado, e invisible. Los algoritmos, incapaces de entender el contexto, la ironía o el valor periodístico, operan bajo pautas programadas que intentan minimizar riesgos comerciales. En nombre de la lucha contra la desinformación y el discurso de odio, hemos visto la cancelación arbitraria de cuentas de periodistas, activistas y disidentes, sin un juicio previo ni una posibilidad real de apelación.

El filósofo Jürgen Habermas enfatizaba que la calidad de una democracia depende de la salud de su esfera pública, destacando que cuando esta se somete a intereses corporativos, la deliberación democrática se distorsiona. Los algoritmos no están diseñados para promover la verdad o el pluralismo, sino para maximizar el tiempo que los usuarios pasan en sus plataformas. Esta personalización extrema puede llevar a crear "cámaras de eco" que fragmentan y polarizan a la sociedad, tal como señala el constitucionalista Cass Sunstein.

Estamos atrapados en una paradoja conceptual: permitir que el gobierno controle directamente el contenido en las redes nos lleva hacia el autoritarismo, mientras que dejar el control en manos de algoritmos de Silicon Valley significa renunciar a derechos fundamentales. La solución no es desmantelar la tecnología ni regresar a formas de censura más tradicionales, sino exigir que el entorno digital esté constitucionalmente regulado. Las plataformas que sustentan el debate público no pueden actuar como reinos privados; deben ser transparentes en sus métodos, garantizar un debido proceso y permitir revisiones humanas independientes ante restricciones sobre la libertad de expresión.

La libertad de expresión no es un privilegio que estas plataformas nos otorgan basándose en su rentabilidad. Es, en esencia, la condición que permite la libertad humana. Si permitimos que los algoritmos reemplacen el razonamiento humano, no solo hemos cedido el control sobre nuestra voz, sino que también habremos renunciado, en silencio, a los fundamentos de la democracia.

Actualización hasta el 12 de septiembre de 2026: Estos debates continúan siendo relevantes en la actualidad, a medida que la tecnología y las regulaciones evolucionan.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/jueces-invisibles-privatizacion-decible-20260912-833209.html

Con frecuencia, un patrimonio se pone en riesgo no solo por grandes crisis financieras, sino también a través de una serie de decisiones incorrectas, muchas de las cuales parecen inofensivas. A continuación, se presentan diez principios fundamentales que pueden guiar a los inversionistas hacia un camino más seguro y exitoso.

Primero, es crucial involucrarse en las inversiones. Abandonar un portafolio en la pasividad es un error; sin embargo, no se trata de revisar constantemente el mercado. Es importante entender lo que se posee, el porqué de cada inversión y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir. Un portafolio debe ser ajustado a medida que cambian las circunstancias personales.

Segundo, ahorrar y luego invertir es esencial. Ahorrar ofrece una capa de protección, mientras que invertir tiene como meta el crecimiento. Antes de embarcarse en inversiones, es recomendable construir un fondo de emergencia, ya que tener que liquidar activos en un momento inoportunado puede convertir una caída temporal en una pérdida irreversible.

El tercer principio se centra en la diversificación. No se debe poner todo el capital en una única opción de inversión. Las distintas clases de activos, como acciones, bonos y bienes raíces, responden de manera diferente a las condiciones del mercado. Diversificar ayuda a mitigar riesgos, aunque no los elimina por completo.

Administrar la liquidez es el cuarto principio. Antes de realizar una gran compra, es prudente comparar opciones y analizar si es mejor utilizar liquidez o considerar otras alternativas, como un crédito razonable que pueda justificar mantener reservas líquidas.

Quinto, proteger el patrimonio es fundamental. La construcción de riqueza puede llevar años, pero un evento inesperado puede erosionar ese esfuerzo en cuestión de días. Contar con seguros apropiados puede salvaguardar las inversiones frente a gastos extraordinarios.

Además, es importante utilizar correctamente los medios de pago. Los puntos y descuentos pueden ser atractivos, pero solo tienen valor si se manejan de manera disciplinada. No se debe perseguir recompensas a costa de enfrentar altos intereses.

El séptimo principio es pensar en plazos. La planificación para la jubilación, la educación o la compra de vivienda requiere estrategias distintas. Mientras más largo sea el horizonte de tiempo, mejor se puede navegar la volatilidad del mercado, aunque no transforma una mala inversión en una buena.

Octavo, es fundamental entender las inversiones y buscar asesoría, pero no delegar las decisiones de manera ciega. Preguntar sobre las adquisiciones, sus costos y los posibles riesgos es vital. Un buen asesor puede ser un recurso valioso, pero la responsabilidad final recae en el inversionista.

Asimismo, priorizar la calidad es crucial. Al enfrentar ofertas que prometen rendimientos extraordinarios, es útil cuestionar no solo cuánto se puede ganar, sino también qué se puede perder y de dónde provienen esos rendimientos. La calidad, la regulación y la transparencia son tan importantes como las cifras prometidas.

Finalmente, decidir con método y evitar actuar impulsivamente ante el pánico o la euforia es esencial. Las decisiones deben basarse en una reflexión cuidadosa: ¿han cambiado los objetivos o las bases de la inversión? La deliberación ayuda a construir un camino más sólido hacia el éxito.

Las inversiones exitosas rara vez surgen de decisiones brillantes. Se construyen en torno a conocimiento, estrategia, disciplina, protección y paciencia. Al final, en lugar de enfocarse únicamente en qué genera más rendimiento, es más sensato preguntar qué estrategias permiten crecer sin arriesgar lo que no se puede permitir perder. Saber cuándo decir "no" puede ser tan valioso como saber cuándo decir "sí".

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/diez-decisiones-indispensables-exito-financiero-20260911-832801.html

La ambición del proyecto es indiscutible; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina una meta recaudatoria que representa 15.9% del PIB en 2027, lo que significaría un máximo histórico. Esta meta pretende alcanzarse a través de una mayor fiscalización, el combate a las factureras, el contrabando de combustibles y la implementación de herramientas digitales para mejorar el seguimiento de las operaciones fiscales.

En el contexto del gasto público, se estima que los ingresos presupuestarios alcanzarán 9.16 billones de pesos —equivalentes a 23.2% del PIB— frente a un gasto neto total previsto de 10.64 billones de pesos. Esto da como resultado un déficit del 3.9% del PIB, reflejando un margen todavía limitado para la consolidación fiscal. Un aspecto a destacar es que alrededor del 80% del gasto ya está comprometido antes de iniciar el ejercicio, las obligaciones con pensiones y transferencias que requiere el gobierno continúan consumiendo gran parte del presupuesto.

El reto es considerable, especialmente para las empresas. Bajo el nuevo esquema, aquellas con ingresos superiores a 50 millones de pesos enfrentarán límites en ciertas deducciones. Estas restricciones obligarán a reconocer una utilidad fiscal mínima de 3.33% sobre los ingresos acumulables, implicando pagos de ISR que pueden llegar a ser equivalentes a cerca del 1% de dichos ingresos, incluso si su margen real es inferior. Este enfoque permite a la SHCP seguir su objetivo de combatir la elusión y el uso de operaciones simuladas que favorecen a las empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales, pero genera inquietudes entre aquellos que operan con márgenes más reducidos.

Además, la incertidumbre sobre cuántas compañías serán realmente afectadas por estas nuevas reglas persiste, dado que los datos específicos provienen de declaraciones fiscales no transparentes. La comparación con legislaciones internacionales, como la de Pakistán, permite entender cómo otras naciones han implementado impuestos mínimos sobre la facturación, aunque el método elegido en México se basa en limitaciones a deducciones en lugar de un impuesto específico.

Este enfoque de mayor fiscalización se presenta en un contexto donde la base tributaria sigue siendo baja. En 2024, los ingresos tributarios apenas representaron 18.3% del PIB, el nivel más bajo entre los países miembros de la OCDE, reflejando un desafío notorio en la inclusión de trabajadores en la economía formal.

Por último, el Paquete Económico también propone la ampliación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, elevando los límites de ingresos que les permitirían beneficiarse de este. Este aparente contraste entre endurecer las reglas para grandes empresas y facilitar la carga fiscal a pequeños contribuyentes plantea preguntas sobre la equidad y proporción de las medidas adoptadas.

El desafío de consolidar las finanzas públicas es inminente y debe abordar tanto la mejora en la recaudación como la calidad del gasto. La discusión legislativa que se avecina brinda una oportunidad crucial para ajustar el mecanismo propuesto, asegurando que no solo se combatan las prácticas fiscales abusivas, sino que también se tomen en cuenta las realidades económicas diversas de las empresas en el país. La necesidad de fortalecer la recaudación es evidente; equilibrar este objetivo con la estabilidad y el incentivo para invertir es una tarea que requiere atención y precisión.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/impuesto-minimo-sobre-ingresos-empresas-20260911-833055.html

El objetivo recaudatorio es ambicioso: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aspira a que los ingresos tributarios alcancen un 15.9% del PIB en 2027, lo que representaría un récord histórico. Este aumento se pretende lograr mediante una fiscalización más intensa, que incluye la lucha contra prácticas ilegales como el contrabando de combustibles y el uso de facturas falsas, así como la implementación de herramientas digitales para mejorar la trazabilidad de operaciones. Así, el gobierno busca aumentar los ingresos sin elevar las tasas impositivas existentes.

Sin embargo, el marco económico presenta un desafío significativo. Se estiman ingresos presupuestarios de 9.16 billones de pesos, lo que contrasta con un gasto neto total de 10.64 billones, generando un déficit del 3.9% del PIB. Esto indica que el margen para una consolidación fiscal es sumamente limitado. Aproximadamente el 80% del gasto está comprometido antes de iniciar el ejercicio, lo que incluye pensiones y el costo financiero de la deuda, así como el apoyo continuado a Pemex.

Para las empresas, el nuevo Paquete plantea restricciones en las deducciones fiscales, especialmente para aquellas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. La posibilidad de deducir se limitará a un 96.67% de los ingresos acumulables o un 99% de las deducciones autorizadas, lo que implica que las empresas deberán declarar una utilidad fiscal mínima, resultando en un pago de ISR incluso si su margen real de ingresos es menor. Esta medida se asemeja a un impuesto mínimo, ya que asegura que una parte de la recaudación se mantenga, incluso en intervalos de operaciones desfavorables.

No obstante, la implementación de estas restricciones suscita inquietudes. Empresas que operan con márgenes delgados o enfrentan periodos de pérdida podrían verse afectadas desproporcionadamente. El propósito de combatir la elusión y cerrar espacios para prácticas evasivas es loable; sin embargo, es crucial considerar las realidades de las distintas industrias y su capacidad para cumplir con esos nuevos límites impositivos.

Un análisis preliminar sugiere que unas 145 mil unidades económicas, alrededor del 2.6% del total, superan el umbral de ingresos fijado. No obstante, el número específico de empresas afectadas sigue siendo incierto, dado que la información sobre declaraciones de contribuyentes no es pública. Para una evaluación justa de la medida, sería útil conocer los sectores de estas empresas y su actual contribución al ISR.

La apuesta de México por un enfoque similar al de países como Pakistán, que ya implementan un impuesto mínimo sobre facturación, pero con diferencias significativas en su tratamiento, plantea un precedente para la discusión legislativa. Aquí, la intención de asegurar una contribución mínima es válida, pero debe hacerse con prudencia para evitar que las empresas ya cumplidoras se vean en una posición desventajosa.

Mientras se endurecen las normas para las grandes empresas, el Paquete también busca incentivar la formalización de contribuyentes pequeños al elevar los límites de ingresos en el Régimen Simplificado de Confianza. Esta medida podría facilitar la inclusión fiscal, al tiempo que se busca maximizar la recaudación de las empresas ya formalmente integradas.

En conclusión, el Paquete Económico 2027 no solo representa una serie de ajustes tributarios, sino que también es un indicativo de que la consolidación fiscal en México requiere una visión integral. Cerrar la brecha entre contribuyentes, transformar la formalidad del sistema e incorporar criterios más equitativos serán fundamentales para asegurar un entorno empresarial robusto en el futuro. La discusión sobre estas medidas presenta una valiosa oportunidad para perfeccionar su diseño y asegurar que la lucha contra la elusión sea justa y proporcional para todos los actores económicos.

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Es crucial reconocer que el sistema educativo, desde la educación básica hasta los niveles superiores, enfrenta amenazas considerables. Este no es solo un problema de políticas erráticas, sino de resistencia por parte de aquellos que se benefician del status quo. Un claro ejemplo es la situación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde la violencia estudiantil, manifestada por grupos como los porros, ha limitado el ejercicio académico desde hace décadas.

A medida que campean preocupaciones sobre el rumbo de la educación, los resultados de pruebas como PISA, que sitúan a México en una posición desfavorable en comparación con naciones como China, se convierten en un reflejo de nuestras deficiencias. Mientras que el gigante asiático ha logrado transformar su modelo educativo con éxito, en México seguimos atrapados en la mediocridad, en discursos buscando apaciguar al electorado en un ciclo electoral que parece nunca acabar.

Las políticas educativas deberían centrarse en fortalecer la responsabilidad de educadores y alumnos, no en celebraciones sin sentido que, lejos de impulsar el aprendizaje, perpetúan un modelo de simulación. Las promesas incumplidas y la falta de recursos adecuados no deben ser motivo de complacencia; la educación es la herramienta fundamental para erradicar la pobreza y promover el desarrollo. Las propuestas deben buscar la autosuficiencia en los proyectos sociales, utilizando los recursos disponibles de manera efectiva, en lugar de depender de un presupuesto que se diluye en promesas vacías.

El clamor social es por un cambio auténtico en la gestión pública; los legisladores deben dejar de lado los intereses personales y enfocarse en el bien del país. Las decisiones deben ser transparentes y verdaderamente operativas para evitar el retroceso en áreas tan vitales como la educación y la economía. Está claro que el camino actual no conduce a ningún destino óptimo.

Así, ante esta encrucijada, es fundamental transformar los momentos difíciles en oportunidades para avanzar. Aceptar la realidad, aunque sea incómoda, es el primer paso para iniciar un cambio positivo en la trayectoria educativa del país. Hay que rechazar la idea de que la inflación baja y el aumento en los precios de algunos productos constituyen una victoria. Más bien, deben ser vistas como indicios de que el desarrollo económico y el bienestar social aún requieren un esfuerzo colectivo considerable.

A medida que las elecciones de 2027 se acercan, sería prudente que todos los involucrados en el ámbito educativo se preparen para debatir y construir un futuro mejor, donde el conocimiento y el mérito sean las verdaderas bases del progreso.

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Sin embargo, hay un lado positivo en esta lucha constante. La confianza se manifiesta en la sinceridad de las palabras y en el compromiso genuino de las personas. Las equivocaciones, lejos de ser solo fracasos, son oportunidades de aprendizaje. A medida que caminamos por la vida, el reflejo de nuestras acciones se convierte en una lección invaluable. Pero también es fundamental reconocer que el pasado no se puede cambiar; lo que tenemos es el presente y la capacidad de decidir nuestro futuro.

En este contexto, cada día se presenta como una nueva oportunidad. Las noches, al llegar, traen consigo el misterio, mientras que las experiencias de la juventud emergente se ven eclipsadas por la lucha por una vida digna. Aun así, el panorama no está completamente sombrío. La educación sigue siendo una herramienta crucial para romper los ciclos de ignorancia y pobreza. A través del estudio, del arte y del deporte, muchos encuentran un camino hacia un futuro mejor.

No podemos predecir lo que vendrá, pero al enfocarnos en el presente, podemos construir un entorno más solidario. Es esencial ser conscientes de la contaminación de la indiferencia y del abuso, que empañan nuestro entorno. En tiempos de transformación política, el gobierno federal busca reducir el déficit fiscal y fomentar la unidad entre las diferentes bancadas, con miras a las próximas elecciones en 2027.

La historia sigue su curso, y aunque la noche volverá, el ciclo de la vida nos brinda la oportunidad de reescribir nuestro destino. Así, a través de cada desafío y cada triunfo, nos recordamos la importancia de la resiliencia y la colaboración. La oportunidad de vivir plenamente se encuentra en las pequeñas cosas cotidianas, en la convivencia y en la voluntad de forjar un camino hacia adelante. Mientras nos armamos de esperanza y compromiso, encontramos en cada jornada la posibilidad de construir un futuro que no solo sea mejor para nosotros, sino también para las nuevas generaciones que vendrán.

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Este pacto judicial es el epílogo de un tumultuoso capítulo que estaba programado para desarrollarse en un tribunal federal en Oakland, California, donde se esperaba la comparecencia de Zuckerberg y otros altos ejecutivos de Meta. A pesar de la aparente magnitud de 17,000 millones, la realidad es que esta cifra representa solamente un 27% de las ganancias netas de Meta, que, en 2025, alcanzaron cerca de 60,000 millones de dólares sobre ingresos de aproximadamente 200,000 millones. El acuerdo se estructurará de tal manera que el impacto financiero se extienda a lo largo de diez años, lo que diluya significativamente la carga anual que recaerá sobre la compañía.

Al margen de las cifras, el núcleo de la demanda gira en torno a cómo las plataformas han sido diseñadas intencionadamente. Desde el scroll infinito hasta las notificaciones constantes, los testimonios durante las audiencias previas señalaron que Meta priorizó el aumento de sus métricas sobre el bienestar infantil. Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de la empresa, evidenció esta realidad al declarar que “si los usuarios se alejan del producto, no ganan dinero”.

Este acuerdo supuso no solo una estrategia para evitar un juicio que podría haber establecido un precedente legal, sino también un blindaje para los directivos, eludiendo así una responsabilidad legal directa. Sin embargo, no todos los estados han aceptado esta solución. Florida, por ejemplo, ha rechazado el acuerdo al considerarlo “peanuts” en comparación con el daño ocasionado y sigue adelante con sus propios litigios.

En el contexto internacional y, particularmente en México, la situación es desoladora. A día de hoy, el país no cuenta con una legislación eficaz que regule el diseño adictivo de las redes sociales o el uso de algoritmos persuasivos. A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno mexicano para establecer restricciones en el uso de dispositivos en escuelas, estas medidas siguen siendo principalmente recomendaciones en lugar de regulaciones obligatorias.

Las propuestas legislativas que buscan limitar el acceso a redes sociales para menores carecen de mecanismos adecuados para garantizar su eficacia. Esto plantea un desafío significativo: cómo auditar y sancionar el uso de algoritmos que comercializan la atención de los adolescentes. Mientras tanto, las críticas sobre el enfoque del gobierno se centran en que, aunque se reconocen los problemas de la adicción digital, aún se otorgan demasiadas libertades a las grandes plataformas.

Regulaciones más estrictas, al estilo de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales europeas, podrían ser la clave para establecer un marco normativo más equilibrado y robusto, que proteja a los usuarios más vulnerables, como niños y jóvenes, del diseño adictivo de estas plataformas.

La pelota está ahora en la cancha del gobierno mexicano. La necesidad de un cambio es inminente.

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Han pasado 23 años desde esa fecha histórica, transformándose en un movimiento que, año tras año, reúne a gobiernos, organizaciones sociales, universidades, investigadores y comunidades en más de 60 países. Esta jornada no solo ha elevado la discusión pública sobre el suicidio, sino que también ha contribuido a reducir el estigma en torno a este tema.

La narrativa ha evolucionado. En los últimos años, el lema internacional para el periodo 2024-2026—“Cambiar la narrativa sobre el suicidio”—invita a iniciar conversaciones sobre el tema, rompiendo el silencio que durante décadas lo rodeó. Persisten ciertos mitos, como el temor de que preguntar a alguien sobre sus pensamientos suicidas pueda inducir a estos, pero la realidad es que hablar, escuchar y facilitar el acceso a la ayuda son esenciales para la prevención.

Sin embargo, la OMS y la IASP plantean que hablar no es suficiente. Se necesita un cambio sistémico: políticas públicas que mejoren el acceso a servicios, estrategias basadas en evidencia y una responsabilidad compartida por parte de gobiernos e instituciones. Uno de los aprendizajes cruciales es que, aunque las campañas pueden disminuir el estigma, ningún esfuerzo debe reemplazar la infraestructura necesaria para apoyar a quienes lo necesitan.

La suicidología, el estudio científico del suicidio, ha evolucionado desde antes de 2003, abarcando no solo la salud mental, sino también factores sociales, culturales y ambientales que influyen en este comportamiento. Este marco amplía nuestra comprensión del suicidio, que no es un fenómeno aislado de la psiquiatría, sino un problema multidimensional que requiere una respuesta intersectorial.

Examinando el contexto internacional, se pueden observar avances significativos. Japón ha adoptado un enfoque integral al tratar el suicidio como un problema de salud pública. En Canadá, se implementó en 2024 un Plan Nacional de Acción para la Prevención del Suicidio, que incluye la línea de crisis 9-8-8, disponible las 24 horas. Por su parte, Uruguay ha planteado una estrategia que reconoce la complejidad del suicidio, abordando factores políticos, económicos y sociales.

A nivel regional, la OMS ha introducido el enfoque LIVE LIFE, que se centra en limitar el acceso a medios letales, promover una comunicación responsable, y fortalecer habilidades socioemocionales en adolescentes. En las Américas, se ha lanzado una Iniciativa Regional para la Prevención del Suicidio, que busca mejorar la implementación de intervenciones basadas en evidencia.

A pesar de estos progresos, el desafío sigue siendo crucial: solo el 47% de los países tiene alguna estrategia de prevención del suicidio, y en América, esta cifra asciende a 68%. La OMS subraya la importancia de convertir estas estrategias en políticas robustas que sean sostenibles y evaluables.

Surge también una pregunta clave que ha permanecido en la sombra: ¿quién define qué significa prevenir el suicidio? La forma en que se define el problema influye en las políticas públicas, en los profesionales considerados expertos y en las intervenciones elegidas. Si el suicidio se ve únicamente como un problema psiquiátrico, corresponderá a diagnósticos y tratamientos especializados. En cambio, reconocerlo como un fenómeno de salud pública abriría la puerta a un enfoque más completo que incluya la educación y el bienestar social.

En México, tras años de invisibilización en las políticas de salud, finalmente se ha integrado un Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Esta evolución, aunque significativa, subraya la necesidad de continuar trabajando por una política que abarque no solo la atención psiquiátrica, sino también los determinantes sociales y las desigualdades que contribuyen al fenómeno.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio ha dado visibilidad a un problema crucial; sin embargo, es fundamental que esta fecha no sea solo un momento de conmemoración, sino el comienzo de un esfuerzo continuo que aborde la prevención del suicidio de manera integral y permanente. Cambiar la narrativa es importante, pero el verdadero avance radica en la construcción de políticas públicas efectivas y sostenidas que enfrenten este desafío durante todo el año.

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Durante muchos años, se han utilizado métricas superficiales para medir la equidad: cuántas mujeres ocupan posiciones en mesas de decisión, cuántas acceden a puestos de liderazgo o cuántas se involucran en el deporte. Aunque estas cifras son relevantes, resultan insuficientes. Un estudio de EY y espnW reveló que el 94% de las mujeres en puestos directivos practicaron algún deporte en su juventud, destacando que no fue la participación inicial, sino la continuidad lo que marcó la diferencia. Abrir la puerta será solo el primer paso, pero no el destino final.

Crear un espacio donde las mujeres se sientan seguras y valoradas es una tarea mucho más compleja. A menudo, las niñas llegan a las canchas atraídas por la curiosidad o el deseo de socializar. Sin embargo, su permanencia depende menos de sus habilidades o esfuerzo y más de las experiencias positivas que viven en esos espacios. Preguntas como: ¿se sienten escuchadas? ¿existen modelos a seguir? ¿saben que tienen respaldo frente a situaciones de acoso? son claves para garantizar su continuidad en el deporte y en otros ámbitos.

El deporte, como reflejo de nuestra sociedad, presenta desafíos similares en contextos corporativos, educativos y sociales. La verdadera agencia no radica únicamente en acceder a un espacio, sino en poder habitarlo con confianza y la posibilidad de crecer. Así, la conversación sobre equidad necesita un giro: durante años hemos centrado el debate en cómo integrar más mujeres en sectores masculinos, sin cuestionar si esos espacios están realmente diseñados para ellas. La clave está en transformar esas estructuras.

Este cambio requiere decisiones profundas: revisar políticas, crear mecanismos de protección y fomentar una cultura inclusiva. Las organizaciones que están causando un verdadero impacto son aquellas que reconocen que la inclusión debe ser parte del diseño de sus iniciativas y no solo un gesto simbólico.

A través de la labor de grupos como She Wins México, se han desarrollado herramientas que permiten a las mujeres tomar la iniciativa, construir redes y sostener sus decisiones. Cada vez son más las empresas que responden a esta demanda, diseñando iniciativas que eliminan barreras y fortalecen el apoyo entre mujeres.

El día de encuentro en Mérida, las niñas que salieron a la cancha no solo estaban allí para jugar, sino para aprender y formar parte de una comunidad. Es fundamental recordar que un espacio deportivo no transforma vidas por sí solo; es la comunidad que lo rodea la que brinda apoyo, escucha y oportunidades para crecer.

La inclusión y la equidad, por lo tanto, no se miden simplemente por el número de puertas abiertas o sillas ocupadas. Se miden por la capacidad de construir espacios en los que cada persona se sienta bienvenida y pueda desarrollar su sentido de pertenencia.

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Independientemente de su tamaño, las empresas —ya sean pequeñas, medianas o grandes— comparten un riesgo inherente. Sin una estructura de gobernanza adecuada, pueden enfrentar consecuencias adversas significativas. La gobernanza corporativa se define como el sistema de órganos, principios y normativas que dirigen y controlan la empresa. Este marco establece responsabilidades claras para la alta dirección frente a accionistas y propietarios, asegurando el cumplimiento de sus objetivos.

El diálogo intergeneracional entre los miembros de una familia empresaria se vuelve crucial para preservar la esencia y los valores que los fundadores han inyectado en la empresa. Así, se asegura no solo la continuidad del negocio, sino también la de su filosofía, ética y reputación. En este contexto, Alfonso Urrea Martin, en su obra "Vivir, Trabajar y Crecer en Familia", resalta que elementos intangibles como principios compartidos, legado y actividades filantrópicas son tan vitales como los activos tangibles.

Establecer políticas de gobernanza ayuda a mitigar el riesgo de decisiones inadecuadas y democratiza la rutina diaria de la empresa. Existen varias prácticas que pueden afectar negativamente la toma de decisiones, tales como las decisiones centralizadas, donde la autoridad está concentrada en el dueño, las decisiones por costumbre, que se toman simplemente por hábito, y las decisiones sin registro, que carecen de seguimiento formal. Estas dinámicas pueden dar lugar a patrones disfuncionales que obstaculizan el desarrollo y ponen en riesgo la supervivencia del negocio.

La clave de una buena gobernanza radica en definir roles claros y establecer reglas precisas que aseguren que cada miembro —sean familiares o externos— cumpla con sus responsabilidades. Además, implementar un sistema de gobernanza no implica burocratizar la vida familiar; al contrario, se trata de anticipar desafíos para proteger lo valioso.

Entre los documentos necesarios para crear un sistema de gobernanza familiar se encuentran protocolos familiares, consejos de familia, comités con reglas claras, políticas de convocatoria y mecanismos para resolver disputas. Estos elementos no deben ser considerados como normas restrictivas, sino como guías que facilitan la toma de decisiones y permiten a la empresa crecer de manera continua.

Finalmente, iniciar un plan de gobernanza familiar requiere intención y apertura al diálogo. Esto es fundamental para plasmar el legado de los fundadores y establecer mecanismos que favorezcan la cohesión familiar y, por ende, la supervivencia de la empresa. Adaptarse a los cambios y a las nuevas realidades es esencial para que una empresa no solo sobreviva, sino que también prospere a lo largo de las generaciones.

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