Este evento marca un avance significativo en el ejercicio de la democracia participativa y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Actualmente, ya son 55 las comunidades indígenas en Michoacán que gestionan directamente sus recursos presupuestales, un triunfo que Ramírez Bedolla ha calificado como un acto de dignidad y justicia social. Según el mandatario, el presupuesto directo para estas comunidades no es un favor del gobierno, sino un derecho constitucional que han conquistado a lo largo del tiempo.

La organización y supervisión del proceso electoral estuvo a cargo del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), asegurando la legalidad y transparencia del ejercicio. Este compromiso con la justicia se refleja en que, en los últimos cuatro años, más de 2,600 millones de pesos han sido directamente entregados a las comunidades indígenas con autogobierno. Este esquema ha permitido que las asambleas comunitarias prioricen y ejecuten proyectos que verdaderamente respondan a sus necesidades, sin intermediarios que entorpezcan el proceso.

El gobernador Ramírez Bedolla aseguró el respaldo total del gobierno estatal para acompañar a Huecorio en esta nueva etapa de transición administrativa. Con este respaldo, se espera que la comunidad pueda gestionar de manera más efectiva sus recursos y atender las demandas más urgentes de sus habitantes.

Sin duda, el triunfo de Huecorio marca un importante precedente en la historia del estado, reafirmando el camino hacia una mayor autonomía y empoderamiento de las comunidades indígenas en Michoacán. Este 2026, el ejercicio de la democracia participativa continúa fortaleciendo los derechos de los pueblos originarios y consolidando su capacidad de autogobierno.

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Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del CSIM, destacó que se han plantado 1 millón 100 mil ejemplares, predominantemente pinos, cedros y ahuehuetes. En sus palabras, “esto no es Sembrando Vida, no es empleo temporal; es una actividad que hacemos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia organización comunitaria”. La iniciativa es un testimonio del compromiso de estas comunidades con la Madre Tierra, enfatizando que no se trata solo de plantar árboles, sino de cuidar y conservar los ecosistemas en su totalidad.

Las comunidades se enfrentan a desafíos adicionales, como el cambio de uso de suelo asociado a la expansión de monocultivos de aguacate y frutos rojos, que han llevado a una disminución de las áreas boscosas. Pavel Ulianov señaló que empresas, talamontes y grupos delictivos están afectando negativamente los bosques y demandó la creación de una Ronda Intercomunal del Bosque para que las comunidades puedan proteger y defender sus territorios.

Alfredo Mexicano Vázquez, de la comunidad del Barrio del Calvario, añadió que su participación surge como respuesta a la pérdida de zonas boscosas y los problemas de plagas que atacan a los árboles. Según estimaciones del CSIM, la supervivencia de los habitantes plantados puede oscilar entre el 70 y el 90 por ciento, dependiendo de las condiciones específicas de las distintas regiones.

El compromiso por la reforestación continúa, ya que las comunidades planean seguir utilizando especies nativas y fortalecer la producción de plantas a través de sus propios viveros, además de implementar acciones de vigilancia y cuidado en las áreas restauradas. De esta manera, la lucha por la conservación de la Madre Tierra se reafirma como un esfuerzo colectivo, en el que el respeto por el entorno natural y la revitalización de tradiciones comunitarias son esenciales.

Con datos actualizados hasta el 11 de septiembre de 2026, este proyecto de reforestación no solo busca mitigar los efectos de la deforestación, sino que también simboliza un poderoso acto de reivindicación cultural y ambiental por parte de las comunidades indígenas de Michoacán.

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Ramírez Bedolla enfatizó la necesidad de un proceso comunicativo amplio que respete las tradiciones y disposiciones de cada comunidad. Durante las asambleas, los habitantes expresaron sus preocupaciones, y el gobernador subrayó: “Lo que yo diría es que se retome el diálogo, que se haga conforme a los usos y costumbres de las comunidades, que se consulte a todas las comunidades”.

Además, el mandatario destacó que la consulta a las comunidades indígenas debe ir más allá de un simple foro. Señaló la importancia de realizar una convocatoria previa que permita una adecuada difusión de la información y una comunicación efectiva. Entre las principales demandas de las comunidades está la necesidad de actualizar el padrón nacional del INPI, que actualmente no incluye a alrededor de 190 pueblos indígenas.

La nueva propuesta de ley, que incluye más de 400 artículos, requiere un análisis profundo, y el gobernador consideró crucial que las consultas se realicen bajo las condiciones específicas de cada pueblo. “Nosotros como Gobierno del Estado siempre estamos mediando, siempre estamos abiertos”, aseguró, ofreciendo la colaboración de su administración para facilitar el diálogo, aunque aclaró que el Estado no participará directamente en las asambleas.

Este llamado al diálogo es fundamental en un contexto donde la voz de las comunidades indígenas es vital para que se sientan representadas en la nueva legislación que, de ser aprobada, impactará directamente en sus derechos y formas de vida. La situación actual hace necesario un enfoque colaborativo, respetuoso y fiel a las tradiciones de cada uno de esos pueblos que componen el diverso tejido social de Michoacán.

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Durante el encuentro, Ramírez Bedolla reafirmó su compromiso con los pueblos originarios, destacando que para el próximo año se asegurará la disponibilidad de recursos a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) y el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum). Estos fondos son destinados a ejecutar obras prioritarias que impacten directamente en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades.

El mandatario también anunció que en octubre de 2026, se entregarán ambulancias a cada comunidad, las cuales serán adquiridas por el Gobierno de Michoacán tras un proceso de licitación. Esta iniciativa busca fortalecer el sistema de salud local y garantizar un atención rápida y efectiva en emergencias.

Los representantes de las comunidades presentes expresaron su agradecimiento por la apertura del gobernador y de los funcionarios estatales, evidenciando que cada año se observa un mayor apoyo y atención a sus necesidades. Este reconocimiento subraya la importancia de la colaboración entre el gobierno y los pueblos originarios para concretar proyectos que respondan a sus demandas.

Estuvieron presentes en esta reunión comunidades como Comachuén, Tarecuato, San Francisco Pichátaro, Santiago Azajo, y muchas más, cada una aportando su voz para el desarrollo de proyectos acordes a sus realidades y desafíos.

En un contexto donde el fortalecimiento de las comunidades indígenas es fundamental, estas acciones del gobierno representan un paso hacia el desarrollo integral y sostenible de estas poblaciones. La atención, el acceso a recursos y la mejora de infraestructura son claves para avanzar en el bienestar de sus habitantes y su inclusión en el tejido social y económico del estado.

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Sin embargo, regiones como la Cañada de los Once Pueblos y la Meseta Purépecha continúan siendo focos rojos, amenazadas por el crimen organizado que acecha desde hace años. Guzmán Ulianov subrayó la necesidad del cumplimiento por parte del Gobierno Federal para establecer una Base de Operaciones Interinstitucional en cada una de las regiones indígenas.

En respuesta a la creciente inseguridad, diez comunidades, especialmente de la región lacustre y la Meseta Purépecha, han tomado medidas drásticas: se han atrincherado y cerrado accesos para prevenir la entrada de posibles delincuentes. Se han levantado barricadas para garantizar la seguridad de los habitantes, con la esperanza de salvaguardar sus vidas y sus bienes.

Durante esta agitación, la comunidad vivió un día difícil, ya que varias instituciones en zonas indígenas fueron objeto de agresiones. La Feria de la Maceta, un evento importante para la comunidad, fue suspendida por precaución ante la posibilidad de incidentes. A pesar del contexto violento, no se reportaron heridos ni fallecidos. Los ataques, de hecho, se dirigieron principalmente contra instituciones públicas.

Estos sucesos se han intensificado después de la muerte de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha llevado a un incremento en los actos de violencia en la región. En este clima de inestabilidad, las comunidades originarias se sienten atrapadas en un ciclo de violencia que requiere una atención urgente y efectiva de las autoridades competentes.

Hasta el momento, la situación continúa siendo delicada, y las comunidades indígenas permanecen bajo una vigilancia constante, deseando recuperar la seguridad y la paz que les ha sido arrebatada.

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Mientras que, por mencionar un ejemplo, mi pertenencia al pueblo mixe se puede evaluar con respecto de una serie de criterios de reconocimiento de la colectividad mixe a la que pertenezco, ser indígena se juega en otra red de implicaciones y significados. Durante el censo del 2000, un amigo que fue encuestador del Inegi decidió preguntar en mixe si las personas hablaban “ayuujk” (lengua mixe en mixe)” porque, si hacía la pregunta en español “¿habla una lengua indígena?” las respuestas eran frecuentemente negativas pues la palabra “indígena” les parecía ajena. Ante diferentes tipos de encuestas en instituciones públicas, mi abuela siempre respondía “yo soy mixe, no sé qué es eso de “indígena”. La palabra indígena, que se utiliza sobre todo en español, no forma parte de la experiencia identitaria de todas las personas que son consideradas como tales por el Estado mexicano. Cuando migré a la ciudad, la palabra “indígena” tomó una relevancia que jamás había tenido para mí durante la infancia y la adolescencia en el que las experiencias identitarias me dejaban claro que yo era mixe: una niña decididamente distinta de las niñas zapotecas que acompañaban a su mamá a vender en el tianguis de mi comunidad, de las niñas chinantecas que llegaban en peregrinación a ciertas fiestas religiosas o de las niñas que venían de la ciudad y a las que enseñaba a diferenciar entre las flores silvestres del patio que podíamos cortar para jugar y las cultivadas que eran impalpable. Con el paso del tiempo, me queda claro que, más que una categoría cultural o identitaria, indígena es una categoría política que nombre a una serie de pueblos que sufrieron colonialismo y que quedaron encapsulados dentro del Estado mexicano, que ha querido desaparecerlos por asimilación o eliminación. A los pueblos y personas indígenas nos une una situación en la historia, ser indígena no es un rasgo esencial, el pueblo mixe ha sido mixe sin ser categorizado como indígena durante cientos de años.

En el contexto de las elecciones intermedias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó garantizar candidaturas a diputaciones federales para pueblos indígenas y afromexicanos. Esta acción afirmativa y las artimañas de los partidos políticos para evitar dar cumplimiento a la orden del Tribunal Electoral ha vuelto a poner de relieve las complicaciones de la adscripción a pueblos indígenas. De los candidatos indígenas que los partidos políticos postularon para ocupar un espacio en el Congreso de la Unión, 132 no pudieron acreditar que realmente pertenecen a un pueblo indígena como lo informó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El comportamiento de los partidos políticos sobre este asunto ha sido muy vergonzoso, Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente de la república, se postuló como candidata dentro de las posiciones reservadas para personas indígenas, el Tribunal Electoral consideró que sí cumple con este rasgo.

En Morelos, Daniel Martínez Terrazas, candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, dijo en entrevista que había obtenido una constancia de pertenencia a una comunidad indígena de Guerrero para poder cumplir así con las acciones afirmativas para pueblos indígenas, aunque no pudo mencionar el nombre de la comunidad nahua que lo reconoce como indígena. Aclaró además que es discriminatorio considerar que una persona indígena debe medir un metro de estatura y que debe tener determinado color de piel, aludiendo a que él es alto y su piel es clara. Estos comportamientos y lamentables declaraciones ponen en evidencia la dificultad que ha tenido el Estado mexicano para determinar quién es indígena y quién no lo es. Tener el poder de hacer esta clasificación evidencia ya la realidad de una opresión que tiene dos principales tipos de consecuencias: por un lado se somete a personas de pueblos indígenas a procesos de validación de diversos tipos, entre ellos los peritajes antropológicos y, por otro lado utiliza el criterio de autoadscripción para asaltar lugares destinados a personas indígenas en acciones afirmativas diseñadas por el estado mismo. En ambos casos, es el Estado quien tiene el poder de clasificar; las únicas ocasiones en las que he tenido que probar que soy indígena (mostrar que soy mixe sucede en otras situaciones) es en contextos en el que el Estado está involucrado. ¿Ante quiénes y por qué debemos probar que somos o no indígenas cuando históricamente se nos ha hecho creer que ser indígena es indeseable?

Por estas situaciones y el problema que plantea el criterio de la autoadcsripción cuando se trata de acciones afirmativas, el INE determinó ciertos criterios para probar la pertenencia, entre ellas el reconocimiento de una comunidad indígena. Este criterio es también engañoso pues no toda la población indígena pertenece a una comunidad; estructura comunitaria y pueblo indígena no son categorías intercambiables. Una amiga mixe, de padre y madre mixes, nació y habita en una gran ciudad, no habla la lengua de sus padres y vive en una pequeña casa adjunta a la casa en la que su madre hace trabajo doméstico. ¿Quién puede determinar si ella es indígena o no? ¿Bajo qué criterios?

Cuando nació el Estado mexicano, una cifra de el 70% de la población hablaba una lengua indígena y pertenecía a un pueblo indígena, ahora somos el 6,1%. ¿Qué sucedió con ese 64%? El Estado mexicano los desindigenizó arrebatándoles la lengua, desidentificándolos con los pueblos de los que provenían históricamente y adscribiéndolos a una identidad distinta y nueva que llamó “identidad mexicana”. El porcentaje de personas que se reconoce como morena en este país corresponde muy cercanamente a ese 70% que hablaba una lengua indígena a comienzos del siglo XIX. Ante esta realidad y paradójicamente, el Estado ha utilizado el criterio lingüístico durante mucho tiempo como prueba irrefutable de pertenencia a un pueblo indígena, al mismo tiempo que ejerce una opresión estructural para que estas lenguas dejen de hablarse. En muchas instituciones y para fines de sus estadísticas, indígena sigue siendo aquel que tiene una lengua indígena por lengua materna. El criterio de autoadscripción parece tambalearse en los hechos, una gran mayoría que reconoce descender de pueblos indígenas podría reclamar la autoadscripción y reclamar al Estado la violencia que ejerció sobre sus padres, madres, abuelas y abuelos para integrarlos a la nación mexicana, arrebatándoles lenguas y rasgos asociados a los muchos y diversos pueblos indígenas de este país. En todo caso, la clasificación y acreditación de personas como indígenas o no, puede compararse con procesos en otros países en los que, desde hace tiempo, se emiten cédulas de identidad indígena que conllevan también muchos problemas. La pregunta de fondo sigue siendo la misma, ¿por qué se necesita probar que alguien es indígena?

Otro tema interesante a discutir, es que las acciones afirmativas como las que plantea el INE para pueblos indígenas encubren una problemática mayor: la inclusión y la participación de individuos indígenas que responderán a sus partidos políticos más que a las colectividades a las que supuestamente pertenecen oculta la falta de participación como entidades colectivas de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión. Un diputado indígena, por más que lo sea, pertenece y representará sobre todo los intereses de su partido político; su voto y comportamiento legislativo no responderá a una representación del pueblo, o comunidad si es el caso, a la que pertenece. La acción afirmativa para individuos indígenas oculta la falta de reconocimiento como sujetos políticos de entidades colectivas como son los pueblos indígenas de este país. No basta con tener un diputado indígena si el pueblo indígena completo no tiene representación legislativa.

La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.

elpais.com: https://elpais.com/mexico/opinion/2021-05-16/pen-candidaturas-indigenas-basta-la-autoadscripcion.html