Esta propuesta, que se encuentra actualmente ante el Pleno del Congreso del Estado, busca modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La finalidad es añadir una fracción IX al artículo 151 de dicha ley para que las familias tengan la posibilidad de deducir los gastos de inscripción y reinscripción escolar realizados en instituciones privadas de educación básica a medio superior, siempre que estas cuenten con la debida autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Según Adriana Campos, los gastos educativos han ido en aumento y son una preocupación creciente para muchas familias. La iniciativa plantea que los pagos deducibles no solo incluyan aquellos efectuados por el contribuyente, sino también por su cónyuge, pareja en concubinato, y sus ascendientes o descendientes en línea recta. Esto podría aliviar en cierto modo la carga económica que representan estos costos.

Datos relevantes sustenta la propuesta: la matrícula en escuelas privadas ha incrementado un 10.15 por ciento entre 2022 y 2023, mientras que las inscripciones en instituciones públicas han disminuido. Esta tendencia resalta la necesidad de apoyar a las familias que eligen la educación privada, y la modificación a la ley sería un paso significativo en esa dirección.

Para garantizar que estas deducciones se apliquen de manera adecuada, la iniciativa establece que los pagos deberán ser documentados a través de métodos como cheque nominativo, transferencias bancarias o tarjetas de crédito, débito o de servicios. Además, se requiere que la documentación cumpla con los requisitos fiscales establecidos.

La propuesta de Campos no solo se limita a una modificación local; se plantea que el Congreso del Estado remita al Congreso de la Unión la solicitud para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta a nivel nacional, lo que podría tener un impacto más amplio en la política educativa y fiscal del país.

Con estos esfuerzos, se espera no solo aliviar la carga financiera de las familias, sino también incentivar una mayor inversión en la educación, un pilar fundamental para el desarrollo individual y social. El debate sobre esta propuesta seguramente será uno de los temas centrales en los próximos días, y su evolución será objeto de seguimiento estrecho por parte de la sociedad.

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changoonga.com: https://changoonga.com/2026/10/04/propone-adriana-campos-huirache-deducir-del-isr-cuotas-de-inscripcion-y-reinscripcion-escolar/

Este panorama se torna aún más inquietante al considerar que solo un 23 por ciento del territorio nacional presenta un predominio claro de las autoridades estatales. Esto sugiere que la presencia de grupos criminales va más allá de los índices de homicidio y confrontaciones directas; se manifiesta en su capacidad para establecer cuotas, controlar actividades económicas y limitar la movilidad de los ciudadanos, además de influir en la toma de decisiones de diversas autoridades.

El estudio, que fija su análisis hasta el 25 de septiembre de 2026, clasifica a nueve entidades como aquellas con un "predominio criminal en amplias regiones": Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo, donde se concentra un 23 por ciento de la población. Estos estados son ejemplos preocupantes de la penetración del narcotráfico y otras formas de criminalidad en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Por otro lado, un grupo más amplio de 14 estados se clasifica bajo condiciones de "control compartido o disputado". Entre ellos se encuentran entidades como Sonora, San Luis Potosí, Jalisco y la Ciudad de México. En conjunto, estas regiones albergan a un asombroso 59 por ciento de la población nacional, lo que subraya la magnitud del desafío que enfrenta el país en materia de seguridad y gobernabilidad.

En contraste, solamente nueve estados destacan por mantener un predominio estatal: Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán. Estas entidades, que representan un 17 por ciento de la población total, parecen ser las excepciones en un contexto mayormente marcado por la influencia del crimen organizado.

La situación es crítica y resalta la necesidad de políticas públicas efectivas que fortalezcan el estado de derecho y garanticen la seguridad de los ciudadanos. La complejidad del fenómeno delictivo en México exige que se aborden no solo los síntomas, como la violencia, sino también las causas subyacentes que permiten la proliferación de estructuras criminales. En este marco, es imperativo que los gobiernos locales y federales trabajen de la mano con la sociedad civil para restaurar el orden y la confianza en las instituciones.

Este estudio da voz a una realidad que no se puede ignorar: la lucha por el control del territorio en México es una batalla que abarca mucho más que estadísticas. Es un llamado a la acción para todos los actores de la sociedad, desde los responsables de la política hasta cada ciudadano, para participar en la construcción de un país más seguro y justo.

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reforma.com: https://www.reforma.com/controla-crimen-30-de-territorio/ar3287907

Juan Antonio José, respetado especialista en la aviación civil, expresó serias reservas sobre esta medida. Según él, "La aviación civil no es una prioridad para este Gobierno". Este comentario resalta una aparente contradicción: mientras se busca elevar la recaudación, se ha recortado más del 70% del presupuesto destinado a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la entidad que ofrece servicios cruciales en este ámbito.

El Seneam, que gestiona un vasto espacio aéreo de más de 5.5 millones de kilómetros cuadrados y supervisa anualmente más de un millón de operaciones, se enfrenta a un enorme reto. A pesar de que el Gobierno sostiene que las cuotas por servicios de control de tránsito aéreo no se han actualizado de manera sustancial en un prolongado periodo, las implicaciones de tales aumentos son motivo de preocupación.

Una de las consecuencias de esta falta de actualización ha sido una merma en la capacidad de financiamiento para el mantenimiento de infraestructuras vitales como radares, sistemas de comunicación y radioayudas, así como la capacitación del personal que garantiza la seguridad en el cielo. La propuesta actual plantea un incremento en las cuotas, que ya es objeto de análisis crítico en la comunidad aeronáutica.

Para los interesados en el futuro del transporte aéreo en México, el contexto es claro: el delicado equilibrio entre la mejora de la recaudación y la necesidad de fortalecer la infraestructura y servicios del sector es crucial. Las decisiones que se tomen en este ámbito no solo afectarán a las aerolíneas, sino también a millones de pasajeros que dependen de una aviación civil funcional y segura.

Dada la magnitud y complejidad de la situación, resulta imperativo que el Gobierno valore cuidadosamente sus prioridades y busque soluciones que realmente fortalezcan la aviación civil. La calidad de los servicios aéreos y la seguridad de los usuarios deben ser el faro que guíe estas reformas, para asegurar un futuro más prometedor en los cielos de México.

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reforma.com: https://www.reforma.com/buscan-subir-10-cuotas-a-aerolineas/ar3278067

El año 2025 marcó un hito en este aspecto, con un monto histórico de 38,244 millones de pesos en aportaciones, lo que representa un crecimiento del 9.04% en términos nominales. Este incremento refleja el aumento en la bancarización del país y la consolidación de los mecanismos de financiamiento del seguro de depósitos en México, destacando la importancia de estos sistemas para la estabilidad financiera.

El IPAB destina aproximadamente una cuarta parte de las cuotas aportadas por la banca a la construcción del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB). Este fondo tiene como objetivo garantizar que haya recursos suficientes para actuar de manera oportuna y proteger el ahorro bancario en el país. Al cierre del 2025, el FPAB alcanzó un saldo récord de 121,436 millones de pesos, el nivel más alto desde su fundación.

Desde 2026, una modificación en la Ley de Ingresos de la Federación ha cambiado el panorama: los bancos ya no pueden deducir el 75% de las cuotas pagadas al IPAB, lo que podría influir en la dinámica de estas contribuciones en el futuro.

Entre los bancos que más aportan se encuentran BBVA, Banorte y Santander, quienes, siendo las entidades más grandes, encabezaron las contribuciones al IPAB en el segundo trimestre. BBVA México reportó más de 2,408 millones de pesos en cuotas, seguido por Banorte con 1,344 millones y Santander México con 1,264 millones. Juntos, estos tres bancos aportaron poco más de 5,000 millones de pesos, representando casi la mitad del total del sistema.

Otras instituciones también hicieron contribuciones significativas: Banamex aportó más de 791 millones, Scotiabank superó los 593 millones, HSBC México alcanzó los 581 millones e Inbursa contribuyó con 462.3 millones. Estos datos evidencian la robustez del sistema bancario mexicano y su compromiso con la protección del ahorro de los ciudadanos.

Este análisis subraya la importancia crítica del IPAB y su papel en la salvaguarda de los recursos financieros en un entorno económico en constante evolución. Con los cambios regulatorios y la creciente participación de los bancos en este mecanismo, el futuro del ahorro bancario en México parece sólido, aunque será crucial observar cómo estas dinámicas se desarrollan en los próximos años.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/bancos-pagaron-10-millones-pesos-cuotas-ipab-segundo-trimestre-20260917-834056.html

Esta tendencia al alza se reflejó en los datos del año anterior, en el que las cuotas del sector bancario hacia el IPAB alcanzaron un récord histórico de 38,244 millones de pesos, marcando un crecimiento anual del 9.04% en términos nominales y del 5.16% en términos reales. Tal crecimiento no solo indica un aumento en la bancarización del país, sino que también destaca la consolidación de los mecanismos de financiamiento del seguro de depósitos en México.

El IPAB destina cerca de una cuarta parte de las cuotas recibidas a la construcción del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB), esencial para garantizar la seguridad de los ahorros de los mexicanos. Al final del 2025, el saldo del FPAB alcanzó 121,436 millones de pesos, lo que representa el nivel más alto desde su creación.

A partir de 2026, con base en lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación, se implementó un cambio significativo: los bancos ya no pueden deducir el 75% de las cuotas pagadas al IPAB, lo que podría tener un impacto en sus informes financieros futuros.

Los principales contribuyentes a este monto fueron BBVA, Banorte y Santander, que son los bancos más grandes del país. Durante el segundo trimestre, BBVA México aportó más de 2,408 millones de pesos, seguido por Banorte con más de 1,344 millones y Santander México con 1,264 millones. Juntos, estos tres bancos representaron prácticamente la mitad del total de las cuotas ordinarias al IPAB en el periodo.

Otras instituciones también realizaron aportes significativos, como Banamex con más de 791 millones de pesos, Scotiabank con más de 593 millones, HSBC México con 581 millones e Inbursa con 462.3 millones. Estos datos reflejan un panorama bancario en constante evolución, donde la protección del ahorro de los ciudadanos se convierte en una prioridad para el sistema financiero mexicano.

Esta información se basa en datos hasta el 17 de septiembre de 2026.

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Este tipo de extorsión se ha convertido en una práctica común que socava la seguridad de los trabajadores y afecta, de manera directa, su capacidad de generar ingresos. Los repartidores, que a menudo dependen de sus entregas para sustentar a sus familias, se ven obligados a entregar una parte de sus ganancias a estas organizaciones para operar en áreas específicas. La dinámica delictiva no solo afecta la economía de los trabajadores, sino que también amenaza la integridad de los servicios de entrega, un sector que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

La situación es particularmente alarmante dado el nivel de violencia que puede acompañar a este tipo de extorsiones. Los trabajadores, temerosos de represalias físicas o legales, se ven atrapados en un ciclo que parece no tener fin. La creciente ola de delitos de extorsión pone en jaque no solo a los repartidores, sino a la seguridad de los ciudadanos, que dependen de estos servicios para acceder a bienes y alimentos.

A medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos para desmantelar estas organizaciones criminales, se hace un llamado a la población y a las empresas para que fortalezcan sus protocolos de seguridad y se mantengan vigilantes. La colaboración entre ciudadanos y fuerzas del orden es esencial para erradicar este fenómeno que deteriora la convivencia en la capital.

El desmantelamiento de estas organizaciones delictivas se vislumbra como una tarea compleja, pero no imposible. En este contexto, es importante resaltar la necesidad de una respuesta institucional que contemple medidas efectivas para proteger a los trabajadores y restablecer un clima de confianza y seguridad en las calles de la ciudad.

En conclusión, la imposición de cuotas semanales a los repartidores es un reflejo de un problema mayor que requiere atención inmediata. La lucha contra la extorsión y el crimen organizado es responsabilidad de todos, y solo mediante el trabajo conjunto se podrá transformar esta realidad para asegurar un entorno laboral más seguro y justo para todos.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/videos/desmantelan-banda-exigia-cuotas-repartidores-20260829-830867.html

Si bien la iniciativa conlleva un ajuste en los límites establecidos previamente, el objetivo inicial de fijar un tope a dichas comisiones interbancarias permanece intacto. Los banqueros habían calificado el planteamiento inicial como un “control de precios”, y aunque las nuevas regulaciones mantienen los niveles actuales de comisiones, se establece un horizonte claro para su reducción.

El nuevo límite se ha fijado en 1.3% sobre cada operación y se implementará de manera gradual a lo largo de tres años. Esto tiene como finalidad no solo moderar las cuotas, sino también aumentar la interoperabilidad y competencia en el sector de pagos. Después de recibir el feedback de diversos agentes financieros, se ha recalibrado la reducción para las cuotas de intercambio que reciben los emisores al proponer un límite más alto que el inicialmente considerado.

No obstante, es importante aclarar que la cuota de intercambio representa el monto que recibe el emisor de una tarjeta al realizar una transacción y forma parte de los costos de procesamiento. En el caso de las tarjetas de crédito, la regulación establece que la cuota no podrá exceder el 1.3% por operación y que, en un periodo de 12 meses, el total de estas comisiones deberá ser igual o menor al 1% del monto operado. Para tarjetas de débito, se estipula un límite de 10.80 pesos por operación, además de un tope de 0.30% sobre el total operado en el mismo periodo.

Estos ajustes no se implementarán de manera inmediata; Banxico y la CNBV prevén un enfoque gradual para que los emisores adapten sus modelos a las nuevas normas. La propuesta presentada tiene como uno de sus ejes principales la disminución de estas cuotas, que se espera que reduzca los costos asociados al uso de tarjetas y fomente su aceptación entre los comercios.

Otro aspecto relevante es el impulso a una mayor competencia en el mercado. Las autoridades buscan atender las barreras identificadas en 2023 por la Comisión Federal de Competencia Económica en el sector de procesamiento de transacciones. Se han señalado problemas relacionados con el acceso y la fijación de cuotas, que a menudo benefician a los actores consolidados y dificultan la entrada a nuevos competidores.

Banxico y la CNBV tienen como meta establecer límites claros a las comisiones, facilitar la incorporación de nuevos participantes al mercado, transparentar los costos reales y garantizar una mayor interoperabilidad. Estas medidas buscan que todas las terminales de punto de venta acepten cualquier tarjeta, sin importar su emisor, lo que ampliará la aceptación y uso de métodos de pago.

Hasta septiembre, esta propuesta estará en consulta, permitiendo un diálogo continuo entre las autoridades y el sector bancario. La capacidad de ajustar estas regulaciones demuestra un enfoque equilibrado que busca, en última instancia, tanto la estabilidad del sistema financiero mexicano como una mayor equidad en el acceso y la competencia en el manejo de pagos con tarjeta. En este contexto, un nuevo equilibrio parece posible, beneficiando tanto a los banqueros como a los consumidores en un panorama financiero más justo y competitivo.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/moderan-topes-cuotas-intercambio-bancos-20260828-830679.html

En octubre de 2025, las autoridades dieron a conocer un anteproyecto que prometía reducir significativamente las cuotas de intercambio. Estas son las tarifas que el banco del comercio paga al banco emisor de las tarjetas de crédito y/o débito cuando se realizan compras. Originalmente, la propuesta establecía un límite de 0.60% para las tarjetas de crédito, marcando una baja considerable respecto al actual 1.92%. Para las de débito, la tasa se proyectaba descender de 1.15% a un atractivo 0.3%. Sin embargo, este anteproyecto experimentó modificaciones en los meses subsiguientes.

El nuevo anteproyecto, que ha sido objeto de un análisis más profundo debido a la extensa participación en la consulta pública, ahora propone un ajuste menos drástico en las tarifas. Las nuevas tasas establecidas son del 1.30% para las tarjetas de crédito y del 1.00% para las de débito. Estas cifras reflejan un balance entre la necesidad de mejorar los costos para los usuarios y la realidad del mercado.

Banxico y la CNBV han enfatizado en su comunicado que es esencial este proceso, ya que busca atender las demandas y necesidades del mercado de forma efectiva. Con la intención de impulsar una gradual disminución de las cuotas, las autoridades también planean fortalecer las obligaciones de interoperabilidad. Esto significa que todas las terminales de punto de venta deberán aceptar cualquier tarjeta, independientemente del emisor o la red a la que pertenezcan.

Las medidas propuestas no solo están orientadas a reducir los costos, sino que también pretenden fomentar la competencia y promover la innovación en el sector. De esta manera, se facilitará aún más la aceptación de pagos mediante métodos distintos al efectivo, un objetivo que ha cobrado especial relevancia en la actualidad.

A medida que las negociaciones y ajustes continúan, el impacto de estas decisiones podría ser sustancial, no solo para los comerciantes, sino para todos los usuarios que dependen de los pagos electrónicos en su vida diaria.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/banxico-cnbv-ajustan-propuesta-proponen-recorte-menor-cuotas-intercambio-pagos-tarjeta-20260827-830559.html

Emilio Romano, presidente de la ABM, destacó que ya han iniciado conversaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre esta cuestión y expresó que existe disposición por parte de la dependencia para dialogar. Romano subrayó que el sector bancario está abordando la situación con seriedad, buscando entender las razones detrás de esta medida gubernamental y encontrar maneras de minimizar su impacto en la banca.

Durante su intervención en el Foro Prosa 2025, el líder de la ABM señaló que estos diálogos tienen como objetivo atender las inquietudes del Gobierno Federal sin perjudicar al sistema bancario en su conjunto.

Además, en el ámbito internacional, las reuniones recientes entre bancos mexicanos y autoridades estadounidenses han sido calificadas como positivas. En estos encuentros, se habló sobre la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, asegurando que la banca se mantiene a la vanguardia en la implementación de mecanismos que prevengan el uso ilícito de sus servicios.

Romano enfatizó la importancia de establecer canales de comunicación efectivos para avanzar en el intercambio de información tanto entre autoridades como entre instituciones bancarias, lo que podría facilitar una colaboración más ágil y eficiente.

En resumen, la discusión sobre la reforma fiscal que afecta las aportaciones al IPAB y las interacciones con autoridades de Estados Unidos marcan un momento crucial para el sector bancario en México, subrayando la necesidad de diálogo y entendimiento para enfrentar estos desafíos de manera efectiva.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/bancos-advierten-sobre-impacto-eliminacion-deducciones-cuotas-ipab-20250919-777952.html

Según las estimaciones del PEF, la CNBV contaría con un presupuesto inicial de 1,506 millones de pesos, lo que implica un recorte del 14.2% en términos reales comparado con el 2024. Sin embargo, la discrepancia de 1,777 millones de pesos entre el presupuesto aprobado y el gasto proyectado por la CNBV proviene de solicitar ampliaciones presupuestarias a la Secretaría de Hacienda. Este ajuste se sustentaría en los ingresos excedentes que la CNBV obtiene a través de cuotas de supervisión a los diferentes intermediarios del sistema financiero.

Como parte de su plan, la CNBV prevé captar unos 3,330 millones de pesos en 2025 por concepto de cuotas de inspección y vigilancia. La solicitud de ampliación de presupuesto a la Secretaría de Hacienda busca cubrir la diferencia necesaria para alcanzar el total presupuestario de 3,283 millones de pesos. Esta iniciativa fue respaldada en una sesión de la Junta de Gobierno de la CNBV, firmada por su presidente, Jesús de la Fuente Rodríguez.

El impacto de la regulación se verá evaluado, especialmente en el sector de banca múltiple, que se posiciona como el mayor contribuyente a las cuotas de supervisión, con una expectativa de aportar 1,485 millones de pesos, es decir, el 44% total. Los emisores de valores seguirán con 361 millones de pesos, los bancos de desarrollo con 246 millones y las casas de bolsa con 245 millones, entre otros sectores que completan el restante.

Para la distribución de estos fondos, la CNBV ha delineado un plan de gastos dividido en cinco rubros. Los servicios generales dominan el presupuesto, con 1,758 millones de pesos (equivalente al 53% del total), seguidos por servicios personales con 1,444 millones (43%). Dentro de los servicios generales, se incluyen gastos cruciales como el mantenimiento de la infraestructura informática de la CNBV, que requerirá una inversión de 571 millones de pesos.

Aunque se contempló una asignación de 1,506 millones de pesos en el PEF, el organismo proyecta ejercer un total de 3,283 millones de pesos, reafirmando su compromiso con una regulación efectiva y robusta del sistema financiero en México.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/cnbv-busca-ampliar-presupuesto-cuotas-supervision-sistema-financiero-20250619-764578.html