En una conferencia sostenida en Calzada La Huerta, integrantes del FNLS han expresado que las medidas de seguridad implementadas en el Centro Histórico son una restricción a su derecho a la libre manifestación. Durante esta jornada de lucha, la organización presenta una serie de demandas, incluyendo la libertad de presos políticos y el cese de la persecución política. Además, solicitan la presentación con vida de desaparecidos y se oponen a lo que consideran una criminalización y represión hacia las organizaciones sociales.

"La protesta y libre manifestación es un derecho inalienable del pueblo, los espacios públicos también”, declararon enfáticamente. Aclararon, asimismo, que su presencia en la plaza no se limita al comercio, sino que también involucra actividades culturales, educativas y artísticas como bailes, talleres, presentaciones de libros y exposiciones de artesanías.

El FNLS ha responsabilizado a los gobiernos estatal y municipal por el operativo policial, denunciando que los elementos de seguridad están dispuestos a reprimir a los manifestantes. Un miembro de la organización incluso relató un incidente en el que una compañera de Uruapan supuestamente resultó lesionada por una bala de goma, reforzando las acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

A medida que se aproximan las elecciones de 2027, el grupo ha señalado su intención de llevar su descontento a las comunidades que visiten los aludidos funcionarios en actividades de campaña. “Le vamos a cobrar la factura a Alfonso Martínez Alcázar cuando visite nuestras comunidades como candidato del PAN", señalaron, enfatizando su determinación por hacer oír sus demandas.

Desde la instalación del despliegue policial, la plaza ha estado custodiada con vallas, afectando la movilidad en el área. El Ayuntamiento de Morelia argumenta que esta acción se basa en la aplicación de reglamentos municipales que restringen el comercio informal en el primer cuadro de la ciudad, mientras que el FNLS sostiene que su jornada debería llevarse a cabo en el Centro Histórico.

Con nuevas movilizaciones anunciadas, la organización repite su llamado por el acceso a la zona, manteniendo viva su lucha por derechos esenciales en un contexto de creciente tensión política.

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changoonga.com: https://changoonga.com/2026/10/04/morelia-fnls-lanza-amenazas-vs-autoridades-les-vamos-a-cobrar-la-factura/

Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) y líder del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, ha analizado cómo el fenómeno urbano de la isla de calor amplifica los impactos económicos del calentamiento global. Al considerar este efecto, la estimación del costo social del carbono se eleva de aproximadamente 187 a 490 dólares por cada tonelada de CO₂ emitida. Este indicador busca traducir en términos monetarios los daños que ocasiona a la sociedad la emisión de dióxido de carbono.

El cálculo del costo social del carbono ha sido históricamente un tema en discusión, con evaluaciones que a menudo han dejado fuera impactos cruciales. Esto implica una subestimación de los beneficios económicos que se podrían obtener al reducir las emisiones. En este sentido, el análisis de Estrada Porrúa destaca que las zonas urbanas concentran entre el 78% y el 93% de los daños climáticos modelados, lo que resalta la importancia de considerar fenómenos urbanos para una evaluación más precisa de los costos asociados al calentamiento global.

Pero las ciudades no son el único aspecto que ha sido pasado por alto en las estimaciones económicas. La investigación liderada por Bernardo A. Bastien-Olvera, también del ICAyCC-UNAM, ha encontrado que, al incluir los impactos del cambio climático sobre los océanos, el costo social del carbono se duplica. Este estudio, publicado en "Nature Climate Change" en enero de 2026, considera daños en arrecifes de coral, manglares, pesquerías y otra infraestructura relacionada, revelando que los ecosistemas marinos constituyen una parte significativa de la factura climática.

Conocer el costo real del carbono es fundamental no solo para medir los daños ambientales, sino que influye en la evaluación de políticas de mitigación, inversiones en adaptación y regulaciones de emisiones. Los estudios de los investigadores de la UNAM coinciden en que los daños económicos de las emisiones podrían ser considerablemente mayores de lo reflejado en muchas de las estimaciones actuales.

Este nuevo reporte, que será presentado internacionalmente el 6 de octubre de 2026, corresponde a una síntesis coordinada por Future Earth, The Earth League y el World Climate Research Programme (WCRP), y reúne la investigación de más de 70 científicos de cerca de 30 países. En este contexto, se plantea que el verdadero costo social del carbono ha sido severamente subestimado, planteando nuevas consideraciones sobre cómo abordar el cambio climático y sus efectos en nuestra economía y sociedad.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/politica/cambio-climatico-encarece-factura-costo-carbono-alcanza-490-dolares-tonelada-20261004-836784.html

Los efectos se hacen visibles en los resultados financieros de la CFE, especialmente en el segundo trimestre de 2026. Para junio, la empresa reportó un incremento notable en sus gastos, con 77 mil 219 millones de pesos destinados a adquirir plantas, instalaciones y equipos, lo que representa un aumento del 167% en comparación con los 28 mil 888 millones del mismo período en 2025. Este contexto se agrava por el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum en invertir más de 700 mil millones de pesos en infraestructura eléctrica este año. Sin embargo, cada nuevo kilowatt demanda desembolsos significativamente mayores que el año anterior.

Los datos provenientes de los almacenes de la CFE son igualmente llamativos: el inventario de refacciones y equipos ha aumentado un 25% en solo seis meses, alcanzando un total de 6 mil 760 millones de pesos. Un dato particularmente revelador se encuentra en la Nota 17 de su reporte, relacionada con pasivos contractuales de largo plazo, que ascienden a casi 2 mil 300 millones de pesos, un rubro que en 2025 no existía.

Este significativo gasto proviene de la implementación de un nuevo mecanismo financiero, el fideicomiso FORTASEN, mediante el cual la CFE emitió cartas de crédito por 131.6 millones de dólares con BNP Paribas y BBVA para las centrales de ciclo combinado en Altamira, Salamanca y Mazatlán. La justificación es clara: se trata de anticipos para asegurar la disponibilidad de equipos fundamentales que aún no han sido entregados. A nivel mundial, los tiempos de entrega de turbinas y transformadores se han extendido de tres a cuatro años. Por lo tanto, quienes no aseguran financiamiento con anticipación corren el riesgo de quedarse sin equipos.

No se trata de una cuestión de malversación de recursos, sino de un cuello de botella en la infraestructura global que nadie previó. La demanda de productos eléctricos ha superado las expectativas, y este problema ya está teniendo repercusiones en México.

En la región, la fabricación de equipos eléctricos en Estados Unidos se ha encarecido un 14% solo en el tiempo que Sheinbaum ocupa la presidencia, y en los últimos cinco años, los costos han aumentado un 56%. Con la reciente declaración del Departamento de Energía de Estados Unidos sobre un crecimiento exponencial en la demanda de energía, impulsado por el auge de centros de datos y nuevas fábricas, la situación no parece mejorar en el corto plazo.

Entramos en una etapa donde los gastos en energía serán elevados, y es crucial que el país explore alternativas para afrontar estos costos crecientes. Un camino posible es diversificar y ofrecer productos de mayor valor en el mercado de tecnologías emergentes. Fabricar coches, por ejemplo, ya no representa un sector con alto valor agregado.

La necesidad de adaptarse y aprender a innovar en la producción es urgente. Debemos estar preparados para estas transformaciones, no solo para asegurar una infraestructura eléctrica eficiente, sino también para enfrentar los desafíos de un entorno económico que está cambiando rápidamente.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/presidenta-cayo-nuevo-recibo-luz-20260908-832392.html

De acuerdo con un análisis publicado recientemente, la recaudación del ISR experimentó una disminución del 6.2% real anual en el primer semestre de 2026, marcando el segundo peor desempeño en 26 años, solo superado por el colapso de 2009, en plena crisis financiera global. Una mirada más cercana revela que el ISR empresarial se desplomó un 11.8% en el primer trimestre, lo que representa una pérdida de 61.4 mil millones de pesos en ingresos para el Estado. Los efectos son claros: las empresas ya no generan utilidades y los trabajadores formales son quienes sostienen, en gran medida, los ingresos tributarios del Gobierno. Es un paliativo insostenible: la existencia de empleos formales depende de empresas que estén en condiciones de operar formalmente.

El INEGI confirma esta tendencia. En 2025, la economía creció apenas un 0.6%, y en la primera mitad de 2026, el crecimiento apenas alcanzó el 1.2%. La inversión fija bruta ha caído durante dos años consecutivos, con un retroceso anual cercano al 3%. El IMSS reportó la pérdida de casi 20,000 empleos formales solo en julio, con apenas 243,000 nuevos empleos creados en el año, un ritmo lamentablemente bajo para un país que necesita generar cuatro veces esa cifra para satisfacer sus necesidades.

Los expertos, consultados por el Banco de México, pronostican un crecimiento de solo 1.2% para este año. Además, han elevado la probabilidad de una contracción económica en el tercer trimestre de 21.5% a 28.2%. Este complicado panorama no se originó con la actual presidenta, pero evidentemente no ha mejorado. La administración heredó un sexenio con el crecimiento más bajo en décadas y un déficit fiscal histórico, todo esto en un contexto donde la inversión pública se ha concentrado en obras de dudosa rentabilidad.

Casi seis de cada diez pesos que ingresan al Gobierno provienen del ISR. Si las utilidades de las empresas disminuyen, la recaudación se ve afectada; si esta cae, se recurre a la deuda o se realizan recortes en el gasto. Aumenta la preocupación, ya que si más empresas se deslizan hacia la informalidad, la base tributaria se destensa de manera permanente.

Este círculo vicioso vislumbra un futuro sombrío: el estancamiento económico erosiona la recaudación, limitando al Estado en su capacidad para fomentar el crecimiento. Es una lección alarmante pero necesaria: no puede haber finanzas públicas saludables sin empresas rentables, y las empresas no prosperarán sin inversiones sostenibles y un Estado de derecho que les brinde certidumbre.

La alarma sobre el ISR no es solo una cuestión de estadísticas frías; es un reflejo del estancamiento económico del país, un reto que tenemos que enfrentar todos, y no podemos permitir que la situación siga deteriorándose.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/factura-estancamiento-20260812-827990.html

Durante semanas, la atención de los mexicanos se centró en una “caja mundialista” que abarcó desde cervezas y botanas hasta el consumo en restaurantes y la compra de nuevas pantallas de televisión. Aparentemente, estos gastos indicaban un resurgir vigoroso del mercado interno. Sin embargo, una mirada más profunda a los datos del consumo revela un fenómeno preocupante: la canibalización de los bolsillos.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró presiones dispares. En los meses que rodearon el evento, los precios de los servicios y alimentos consumidos fuera del hogar tuvieron un alza persistente que superó el 6%. Si nos centramos en los insumos críticos para las botanas, como las papas y tubérculos, los aumentos superaron el 60%. Mientras que algunos atribuyen esto a la temporalidad agrícola, su impacto en el gasto familiar fue innegable.

El gasto promedio por persona en días clave de partidos estuvo lejos de ser un impulso económico duradero. De hecho, los datos del Indicador Big Data de BBVA reportaron una caída del 0.2% en el consumo total del país. Esto trazó una clara conclusión: no hubo una expansión auténtica de la economía ni un aumento real en la capacidad de compra. Se trató, más bien, de una redistribución del ingreso disponible.

Para cubrir los gastos emergentes relacionados con el fútbol, muchas familias se vieron obligadas a recortar gastos en otros rubros esenciales o a posponer la compra de bienes duraderos. Con esto, surge el temor de que pronto se vean enfrentados a los saldos de sus tarjetas de crédito, sintiendo la presión que, como Messi, les hará derramar lágrimas.

Las repercusiones de este ajuste en el presupuesto familiar son evidentes y podrían afectar a la economía en su conjunto. Muy pocos de los gastos realizados en torno al Mundial serán catalizadores para un crecimiento sostenido; en cambio, fueron un espejismo que drenó la liquidez inmediata de los hogares.

Con el final del torneo, las presiones inflacionarias continúan presentes. Los precios de los energéticos vuelven a estar al alza, impulsados por tensiones globales que también afectan las cadenas de suministro alimentarias. Esto significa que, al enfrentar la segunda mitad del año, los consumidores deberán lidiar no solo con un presupuesto agotado, sino con un margen de maniobra aún más limitado.

La Copa del Mundo puede haber terminado, pero la factura de la celebración apenas comienza a llegar a los hogares mexicanos, y es crucial que se prepare adecuadamente.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/mundial-factura-hogar-20260720-824220.html