Miles de jóvenes en el país generan ingresos a través de diversas actividades como la actuación, la creación de contenido digital y el comercio. Así, la cuestión sobre la fiscalidad aplicable a los menores de edad se ha vuelto un tema crucial que merece atención. Yanin Ortiz, subdelegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Tabasco, enfatiza que las personas físicas que obtienen ingresos en territorio nacional están obligadas a cumplir con esta normativa, incluyendo a aquellos que residen en el extranjero pero tienen un establecimiento permanente en México.

Bajo estas condiciones, los menores de edad que generan ingresos deben, sin duda, pagar impuestos. La ley establece que los tutores o responsables legales de estos menores son los encargados de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Esto significa que, aunque los niños y adolescentes pueden generar estos ingresos, quienes tienen la tutela son considerados responsables solidarios ante el fisco.

Existen dos escenarios específicos para los menores que trabajan o generan ingresos. Primeramente, los adolescentes de 16 años pueden inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para comenzar su andadura fiscal, siempre con la autorización de sus padres o tutores. Este registro es particularmente aplicable a aquellos que trabajan formalmente en un empleo subordinado, donde las responsabilidades de cálculo y retención de impuestos recaen sobre el empleador.

Por otro lado, aquellos menores que operan por su cuenta, como los generadores de contenido o los comerciantes, pueden también obtener su RFC, pero las obligaciones fiscales recaen en sus tutores hasta que alcancen la mayoría de edad. Según el catedrático Juvenal Lobato de la UNAM, la normativa fiscal no distingue entre adultos y menores, subrayando que si hay ingresos, necesariamente debe cumplirse con la obligación de declarar y pagar impuestos.

Al llegar a la mayoría de edad, todo joven que haya estado generando ingresos o que prevea hacerlo debe inscribirse en el RFC. La ley mandató en 2022 que quienes cumplan 18 años se registren, aunque no estén trabajando, lo que les permite tener una base legal clara. Sin embargo, el incumplimiento de este registro por parte de quienes ya generan ingresos puede acarrear sanciones que oscilan entre 4,480 y 13,430 pesos.

Este marco legislativo es fundamental para entender el panorama fiscal de los jóvenes en México. La realidad de que cada ingreso cuenta y que la responsabilidad fiscal puede recaer en sus tutores es un aspecto que cualquier joven emprendedor o trabajador debe considerar seriamente.

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A diario, miles de jóvenes en el país reciben ingresos a través de diversas actividades, incluyendo la actuación, la creación de contenido digital, el comercio y el empleo formal. La subdelegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Yanin Ortiz, ha subrayado que cualquier individuo que obtenga un ingreso en el territorio nacional, ya sea una persona física o moral, está sujeta al pago de impuestos. Esta normativa se extiende incluso a aquellos con residencia en el extranjero que mantienen un establecimiento permanente en México.

Para aquellos menores que generan ingresos, existen diferentes modalidades. A partir de los 16 años, un menor puede registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para formalizar su obligación tributaria, aunque este proceso requiere la autorización de sus padres o tutores. Este registro se aplica principalmente a quienes comienzan a trabajar con un patrón bajo el régimen de sueldos y salarios, asegurando que el empleador se encargue de las retenciones y otros trámites fiscales.

En el caso de los jóvenes que trabajan de manera independiente, como en la actuación o la creación de contenido, también pueden obtener su RFC. Sin embargo, aquí la responsabilidad de las obligaciones fiscales recae en un "responsable solidario"—típicamente un padre o tutor—hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. Este enfoque busca asegurar que la carga fiscal se cumpla, sin importar la edad del contribuyente.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta y las disposiciones fiscales son claras: cualquier ingreso que pueda ser declarado debe serlo, y la obligación de pagar impuestos es ineludible. Esto significa que, mientras el trabajo de un menor no contravenga las leyes laborales, está obligado a cumplir con sus responsabilidades fiscales.

En cuanto a la obtención del RFC, Ortiz menciona que cualquier persona que realice actividades generadoras de ingresos o que deba emitir facturas está obligada a registrarse. Desde 2022, incluso los jóvenes de 18 años, aunque no estén trabajando, deben hacerlo. Si un joven no genera ingresos, se le clasifica como "persona física sin obligaciones fiscales", lo que exime de sanciones por incumplimiento.

Sin embargo, es crucial que aquellos contribuyentes que sí generan ingresos se registren a tiempo. Las multas por no hacerlo pueden oscilar entre 4,480 y 13,430 pesos, una carga considerable que podría evitarse con una adecuada gestión.

Este contexto pone de manifiesto la importancia de la educación fiscal desde una edad temprana, ayudando a los jóvenes a entender no solo sus derechos, sino también sus deberes como ciudadanos responsables frente a la autoridad fiscal. La inclusión de los menores en el ámbito fiscal es, sin duda, un tema que merece atención y reflexión en nuestra sociedad actual.

(Actualización hasta 2026-09-13 10:00:00)

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Durante los primeros meses de 2026, el SAT ya reportaba 32 mil 557 actos de fiscalización finalizados, lo que sugiere que, al cierre de este año, esta cifra podría elevarse a 62 mil 229. Este aumento en la fiscalización de contribuyentes puede ser indicativo de un esfuerzo por aumentar la recaudación ante una base de contribuyentes que se expande a un ritmo preocupante.

Mario Rizo, especialista en Gobierno Corporativo, ha señalado que la desaceleración en el crecimiento del padrón tributario es una tendencia que merece atención. La insuficiente expansión de la base tributaria es un factor que podría limitar la capacidad de financiamiento del Estado en el futuro. Este fenómeno también revela los persistentes desafíos que enfrenta México para integrar a más personas y empresas en la economía formal.

Con una tasa de informalidad laboral que ronda el 55% de la población ocupada, más de la mitad de los trabajadores en el país se encuentran en condiciones de informalidad o carecen de acceso pleno a la seguridad social. Aunque la disminución en el número de contribuyentes no es, por sí sola, un indicativo de un aumento en la informalidad, sí evidencia las dificultades que persisten para fomentar la participación de más individuos y negocios dentro del marco fiscal.

Un análisis más profundo revela cinco factores estructurales que han desincentivado la formalidad en México en años recientes. La baja productividad de las microempresas, junto con la complejidad administrativa, los costos asociados a la contratación formal, la falta de incentivos visibles y un crecimiento económico moderado, se combinan para crear un entorno donde la formalización representa un reto significativo.

Para las pequeñas empresas, alinearse con las obligaciones laborales y las contribuciones de seguridad social puede ser una carga considerable que desincentiva la formalidad. Sin embargo, es esencial que se implementen estrategias efectivas para abordar estas cuestiones y fomentar un entorno donde más personas y empresas puedan participar plenamente en la economía formal.

La situación actual, reflejada en estos datos hasta septiembre de 2026, exige un análisis cuidadoso y acciones concretas para fortalecer la economía y integrar a más contribuyentes en un sistema que, además de garantizar la recaudación, promueva un desarrollo equitativo y sostenible.

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Este crecimiento es notablemente bajo y representa la tasa más baja desde el año 2000, lo que plantea importantes interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema fiscal mexicano. En paralelo, se ha intensificado la fiscalización. El número de actos fiscales terminados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha incrementado significativamente, pasando de 21,572 en 2021 a 47,525 en 2025. Este patrón de revisión continuada se mantiene en los primeros meses de 2026, con 32,557 actos concluidos y proyecciones que sitúan esta cifra en 62,229 para fin de año.

Mario Rizo, socio de la práctica de Gobierno Corporativo de Salles Sainz Grant Thornton, considera que esta desaceleración en el crecimiento del padrón de contribuyentes es alarmante y merece atención. Una base tributaria que no se expande al ritmo que requiere la economía limita la futura capacidad de financiamiento del Estado. Rizo también señala que esta situación pone de manifiesto los retos persistentes para integrar a un mayor número de personas y empresas en la formalidad.

Aproximadamente el 55 por ciento de la población ocupada en México se encuentra en condiciones de informalidad laboral, lo que significa que más de la mitad trabaja sin acceso pleno a la seguridad social. Aunque la disminución en el número de contribuyentes no necesariamente indica un aumento en la informalidad, refleja las dificultades que enfrenta el país para incorporar a más individuos y negocios en la economía formal.

Rizo identifica cinco factores estructurales que han desincentivado la formalidad en México durante los últimos años: la baja productividad de las microempresas, la complejidad administrativa, los costos asociados a la contratación formal, la falta de incentivos visibles y un crecimiento económico moderado. Para las empresas más pequeñas, la formalización implica cumplir con diversas obligaciones laborales y contribuciones de seguridad social, lo que representa una carga considerable.

La situación actual subraya la necesidad de revisar estrategias que incentiven la formalización y el crecimiento de la base tributaria, así como la imperiosa necesidad de abordar la informalidad de manera efectiva. Mantener una economía saludable y sostenible requiere la participación activa de un amplio espectro de contribuyentes, vital para el financiamiento del Estado y el desarrollo del país. En un entorno donde la fiscalización se intensifica, es crucial encontrar el equilibrio que promueva la inclusión económica sin asfixiar a quienes buscan cumplir con sus obligaciones fiscales.

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Aunque el SAT ha adoptado tecnologías para facilitar la gestión tributaria, la experiencia del usuario ha sido todo lo contrario a lo esperado. Muchos contribuyentes se quejan de largas filas y tiempos de espera que no se corresponden con la eficiencia que debería ofrecer la digitalización. La saturación de las oficinas es evidente, lo cual provoca no solo frustración, sino también la sensación de que los beneficios de los trámites electrónicos no se están aprovechando al máximo.

Al analizar la situación, es crucial resaltar que, a pesar de la buena intención detrás de la digitalización, la infraestructura actual aún presenta fallos que obstaculizan el flujo normal de las operaciones. Esto deja a muchos ciudadanos con la sensación de que las soluciones propuestas no son más que parches temporales a problemas estructurales más profundamente arraigados.

Es evidente que el SAT tiene el desafío de equilibrar la innovación digital con la necesidad de un servicio ágil y eficaz. Mientras los esfuerzos continúan en busca de una administración tributaria más eficiente, la esperanza es que se implementen las mejoras necesarias para que los beneficiarios de estos servicios sientan un cambio real y positivo en sus interacciones con la institución.

A medida que se avanza hacia el futuro, es esencial que tanto el gobierno como los contribuyentes permanezcan atentos a los desarrollos en esta área. La situación de 2026 destaca la importancia de no solo buscar modernización, sino también de asegurar una experiencia fluida y satisfactoria para los ciudadanos. La adecuada implementación de tecnologías digitales no debe solo ser un objetivo, sino un compromiso firme hacia el mejoramiento continuo de los servicios públicos.

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