Las dificultades en el uso de aplicaciones móviles de bancos y otras instituciones se reflejan en el reporte de Banxico, que destaca la necesidad de homogeneizar y simplificar el proceso de envío de dinero. La meta es que los usuarios puedan concretar transferencias electrónicas de manera más intuitiva y en el menor número de pasos posible. Esto no solo facilitaría el uso habitual de este medio de pago, sino que también podría impulsar su adopción en transacciones cotidianas, tanto entre personas como en pagos comerciales.

Sin embargo, un sondeo reciente indica que muchos usuarios aún enfrentan barreras. La opinión general es que los sistemas son confusos y propensos a fallos en momentos de alta demanda, como durante quincenas o fines de semana. Por ejemplo, un cliente de BBVA menciona que, a pesar de las promesas de mejoras, la última actualización complicó su uso. Otra usuaria de Banorte opina que, aunque su aplicación es más fácil que otras, el número de pasos requeridos sigue siendo excesivo.

El desafío se extiende incluso a los usuarios más jóvenes y digitales. Un cliente de Inbursa señala que el proceso de uso es poco claro, y refleja la dificultad que enfrentarán las personas mayores, quienes pueden no estar tan familiarizadas con las tecnologías. Esto resalta la importancia de que las instituciones bancarias desarrollen interfaces más amigables para todos los grupos etarios, particularmente para los adultos mayores, quienes pueden hallar complicado el manejo de estas aplicaciones.

En cuanto a las estadísticas del uso de efectivo versus métodos digitales, el Índice Banamex de Inclusión Financiera 2025 revela que, a pesar de una tendencia a la baja en el uso de efectivo, este sigue siendo el método de pago más popular. En compras de 500 pesos o menos, las transferencias electrónicas representaron solo el 4.4% del total en 2024, comparado con un abrumador 85.2% de operaciones en efectivo. La situación se mantiene similar para montos superiores, donde el efectivo representa un 73.5%.

A pesar de que se prevé que las transacciones electrónicas se tripliquen a nivel global para 2030, la realidad en México muestra que el efectivo continuará siendo predominante, especialmente en las áreas con menor inclusión financiera. De hecho, solo el 49% de los adultos en el país tiene una cuenta en una institución financiera, lo que resalta la necesidad de mejorar tanto la infraestructura como la penetración financiera en el país.

La transición hacia un sistema de pagos más digital es necesaria, pero requerirá un esfuerzo significativo para hacer que estas tecnologías sean más accesibles y fáciles de usar. La obligación recae en las instituciones bancarias y en el marco legislativo que las regula, para que se adopten medidas que garanticen un camino más sencillo hacia el futuro digital.

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Los legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado avanzaron en la aprobación de varios dictámenes significativos. Entre los proyectos más destacados se encuentra la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada el 6 de octubre. Esta ley busca fomentar la disminución del uso del efectivo y facilitar la adopción de medios de pago electrónicos, introduciendo, entre otras, laCURP digital como identificación oficial en transacciones financieras. Tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto fue enviado al Senado para su análisis.

Otra reforma relevante fue la Ley del Derecho de Autor, conocida popularmente como "Ley Antimemes", que también recibió luz verde el 7 de octubre. Este dictamen propone que los proveedores de servicios de Internet implementen controles para proteger los derechos de autor y penalicen a usuarios reincidentes. La reforma busca establecer una responsabilidad compartida entre plataformas digitales y proveedores de servicios para combatir la piratería.

El 6 de octubre, también se aprobó la reforma a la Ley Aduanera, que endurece las normas contra la subvaluación de mercancías, facultando a las autoridades para embargar mercancías incluso si la subvaluación es menor al 50%. Este paso se dirige a proteger la industria nacional y aumentar la recaudación fiscal en las aduanas.

Asimismo, la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada la madrugada del 7 de octubre. Esta ley tiene como objetivo modernizar la información catastral y facilitar la coordinación entre las autoridades, creando, entre otras cosas, una Clave Única Catastral para identificar inmuebles de forma precisa.

En un marco adicional, el Senado aprobó una ordenanza para combatir el acoso telefónico con fines comerciales. Este proyecto prohíbe a las empresas llamar de forma reiterada a consumidores sin su autorización, estableciendo sanciones que van desde 56,570 hasta 2 millones 345,728 pesos para quienes infrinjan estas normas.

Con respecto a la protección de menores, el Senado también estableció medidas más estrictas contra la explotación sexual y la pornografía infantil en el sector turístico. Las reformas exigen que aquellos que acompañen a menores de edad en viajes acrediten su parentesco, y de no cumplir, se deben avisar a las autoridades pertinentes.

En otro ámbito, se realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de nacionalidad única, que estipula que quienes aspiran a la presidencia y a las gubernaturas deben demostrar nacionalidad única.

Durante esta misma semana, los legisladores se reunieron para discutir el Paquete Económico 2027, abordando temas cruciales como la recaudación de impuestos y el manejo de la deuda pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Mirando hacia el futuro, en las sesiones de la próxima semana, la Cámara de Diputados tiene planeado discutir la Ley de Ingresos de la Federación, abordando así cuestiones fundamentales para la economía nacional.

Este compendio de reformas y actividades legislativas subraya un período de transformación y adaptación fundamental para México, en un momento en que la innovación tecnológica y la protección de derechos son más relevantes que nunca.

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Con un respaldo contundente, la ley fue avalada por 330 votos a favor y 122 en contra. Entre sus disposiciones más destacadas, otorga a la Secretaría de Hacienda (SHCP) la facultad de determinar en qué sectores y actividades se aceptarán únicamente pagos digitales y electrónicos. Sin embargo, el uso del efectivo no desaparecerá por completo, lo que sugiere la implementación de un enfoque gradual hacia los medios digitales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta legislación es que, aunque aún no se han especificado los sectores que adoptarán exclusivamente pagos digitales, la SHCP será la encargada de definir esas directrices una vez que la ley entre en vigor. Esto permitirá a las autoridades competentes establecer los requisitos específicos para la transición a un ecosistema financiero más digitalizado.

La normativa también contempla excepciones ante contingencias que impidan las operaciones electrónicas, permitiendo el uso de efectivo o cheques durante situaciones extraordinarias. No obstante, estas excepciones no podrán ser utilizadas como una vía permanente para eludir las obligaciones impuestas por la ley.

Otro cambio significativo radica en la forma en que se contratarán servicios financieros digitales. La CURP Digital se reconoce como una identificación válida, aunque los usuarios podrán optar por otros mecanismos de identificación. Además, se introduce un expediente digital ciudadano, que facilitará la consulta y portabilidad de documentos necesarios para realizar trámites y contratar servicios, garantizando que los documentos digitales tengan los mismos efectos legales que los físicos, donde así lo establezca la ley.

La ley también fortalece el papel del Banco de México (Banxico) al permitirle emitir regulaciones para mejorar el uso de medios electrónicos, incluyendo la adopción de códigos QR en las transacciones. Banxico podrá crear programas que faciliten las transferencias electrónicas y unificar la experiencia del usuario en las aplicaciones de las instituciones financieras.

En cuanto a las autoridades y proveedores, se establece la obligación de aceptar medios de pago digitales en todos sus trámites y servicios, fomentando la infraestructura necesaria y manteniendo informados a los usuarios sobre las opciones disponibles. La legislación contempla una variedad de medios digitales, desde tarjetas de débito y crédito hasta tecnologías como NFC y códigos QR.

Sin embargo, la normativa aún debe pasar por el Senado para seguir su proceso legislativo. Una vez promulgada, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de ese momento, Hacienda tiene un plazo de 15 días hábiles para identificar los sectores donde se aplicará esta transición a pagos digitales. Posteriormente, las autoridades de cada sector contarán con otros 15 días hábiles para emitir disposiciones sobre las condiciones y requisitos necesarios.

La Ley de Economía Digital no solo promete una modernización de la economía mexicana, sino que también se enmarca en un contexto más amplio de transformación digital que podría redefinir cómo los ciudadanos interactúan con los servicios financieros en el país.

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La propuesta se fundamenta en potenciar plataformas ya existentes, principalmente aquellas administradas por el Banco de México, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y CoDi. En una exposición reciente, José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que se simplificará el uso de CoDi a solo tres pasos en las aplicaciones bancarias. Esto permitirá a los comercios cobrar a través de códigos QR, ya sea desde un celular o mediante pantallas en las cajas de grandes tiendas. Además, se lanzará una nueva cuenta denominada N2 Bis que facilitará la recepción de montos mayores, especialmente de forma digital.

Con la implementación de estas novedades, se prevé que estas funcionalidades estén operativas para diciembre de 2026, incluso antes de la campaña del Buen Fin, que se celebra en la primera quincena de noviembre. Merino destacó que muchos del sector financiero han manifestado su compromiso de tener estas herramientas listas antes de esa fecha, lo que podría significar un impacto positivo en la adopción de pagos digitales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es la eliminación gradual del uso de efectivo en áreas estratégicas, comenzando por gasolineras y casetas de peaje. No obstante, es fundamental destacar que no se prohibirá el uso del efectivo, sino que se busca facilitar la transición hacia un sistema de pagos digital más robusto. El objetivo es reducir el uso del efectivo del 85% actual a un 50% en el primer año de la estrategia, apoyándose en modelos exitosos como el de Brasil con su plataforma Pix, donde los pagos digitales aumentaron notablemente en su primer año.

Es importante mencionar que tanto SPEI como CoDi no están sujetos a comisiones ni para clientes ni para proveedores, lo que representa una ventaja competitiva significativa. La estrategia busca no solo modernizar los métodos de pago, sino también fomentar la inclusión financiera, ampliando el acceso al crédito y facilitando la formalización de negocios mediante la eliminación de barreras regulatorias.

La Ley de Economía Digital, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, apunta a crear condiciones más favorables para el intercambio económico entre personas y empresas, avanzando hacia una economía más digitalizada e inclusiva. La visión es clara: aprovechar las capacidades existentes para transformar el panorama financiero del país y fomentar un futuro donde los pagos digitales sean habituales, accesibles y eficientes.

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Aunque la CURP digital ofrecerá a muchos la posibilidad de acceder a servicios antes limitados, los especialistas advierten sobre los riesgos asociados. Aunque esta nueva identificación no será obligatoria, su implementación suscita inquietudes en un país donde el fraude financiero ha crecido un 8.7% en el último año, acumulando más de 5.2 millones de quejas. David González, investigador de ciberseguridad, señala que la centralización de información biométrica, incluyendo huellas dactilares y escaneos de iris, puede convertirse en un atractivo objetivo para ciberdelincuentes.

González enfatiza que una filtración de estos datos podría facilitar suplantaciones de identidad y fraudes. Por ello, sugiere la implementación de estrictos controles de seguridad, como autenticación multifactor y cifrado de información, para proteger esta base de datos sensible. Adicionalmente, las instituciones financieras deben adoptar modelos de identidad en capas y mecanismos para monitorear operaciones sospechosas, asegurando así la confianza del usuario en estos procesos.

Jaime Márquez Poo, experto en desarrollo de negocios en transferencias financieras, también resalta que el acceso a la CURP digital no garantiza la inclusión financiera sin la educación adecuada. Las personas deben comprender plenamente los productos financieros que utilizan, sus costos y obligaciones. La responsabilidad de este aprendizaje no recae únicamente en el gobierno; bancos y fintechs deben colaborar para ofrecer una educación accesible y comprensible.

A pesar de estas innovaciones, el uso del efectivo en México sigue siendo dominante. El 85.2% de las transacciones menores a 500 pesos se saldan en efectivo, lo que demuestra que, aunque se busca avanzar hacia un sistema digital, aún hay un camino por recorrer. La Casa de Moneda de México pronostica que, en el futuro cercano, el efectivo seguirá siendo el método de pago preferido, especialmente en comunidades vulnerables y en áreas con acceso limitado a infraestructura financiera digital.

En esta nueva era digital que se perfila, la CURP biométrica, introducida oficialmente el 16 de octubre de 2025, se presenta como un avance hacia la simplificación de trámites. Aun así, es crucial abordar los desafíos de seguridad y la educación financiera para garantizar que todos los mexicanos puedan beneficiarse de estos cambios sin ser víctimas de los riesgos que conllevan.

A medida que se despliega esta iniciativa, la cooperación entre el sector público y los actores del mercado financiero será fundamental para fomentar un entorno seguro y accesible, donde la inclusión financiera no solo sea una posibilidad, sino una realidad palpable para todos.

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Durante el evento titulado “México en su era contactless rumbo a 2030”, organizado por la fintech de pagos STP, Luna enfatizó la necesidad de preservar los incentivos para la inversión en infraestructuras de pago digital, sugiriendo que la regulación no debe imponer un medio específico de pago a consumidores y comercios. Argumentó que "los incentivos deben ser los correctos para que los participantes sigan teniendo apetito de invertir", resaltando la importancia de un entorno que favorezca el crecimiento y el desarrollo en el ámbito de los pagos digitales.

Por su parte, Neri Tollardo, director ejecutivo y cofundador de Banco Plata, aportó una visión complementaria sobre la regulación, considerándola un catalizador para la sustitución del efectivo, especialmente en sectores como el de las gasolineras, donde se está buscando hacer obligatoria la aceptación de pagos digitales.

La propuesta más reciente, que incluye un decreto para el establecimiento de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, fue presentada como parte del Paquete Económico 2027. Este marco legal plantea una transición gradual del uso de efectivo hacia métodos electrónicos en sectores considerados estratégicos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá un plazo de 15 días hábiles tras la vigencia de la ley para definir en qué sectores los pagos digitales se convertirán en la única opción válida.

La inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes) es otro aspecto vital de esta transición. Jaime Márquez Poo, director de Desarrollo de Negocios en STP, destacó la importancia de la "Cuenta Nivel 2 Bis*W", diseñada para facilitar la incorporación de estas empresas al sistema financiero digital. Esta cuenta permitirá recibir ingresos de hasta 15,000 UDIS mensuales, equivalentes a aproximadamente 132,232 pesos. Márquez subrayó que la infraestructura debe estar acorde con el crecimiento de las operaciones y que las soluciones tecnológicas deben ser simplificadas para el usuario final.

Además, la iniciativa incluye herramientas como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, que facilitarán la contratación remota de servicios financieros. También se contempla el uso de métodos como SPEI, CoDi y DiMo, como parte de un sistema que aspire a ser inclusivo y accesible.

Así, el gobierno mexicano comienza a establecer un nuevo estándar en la adopción de pagos digitales, con la intención de fortalecer la infraestructura financiera, impulsando un ecosistema donde todos los actores, desde reguladores hasta usuarios finales, trabajen colaborativamente para modernizar el sistema y facilitar una transición que beneficie a la economía en su conjunto.

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El objetivo principal de esta iniciativa es optimizar los procesos aduaneros, reducir los tiempos de espera y minimizar la corrupción que históricamente ha afectado este sector. Con medidas que enfatizan la digitalización de los trámites y la implementación de tecnologías que garanticen la trazabilidad de las mercancías, la iniciativa busca incrementar la eficiencia y facilitar el comercio internacional. A medida que la economía mexicana enfrenta nuevas dinámicas globales, esta modernización es esencial para mantener una competitividad sostenible.

Además, la presidenta ha acompañado esta propuesta con dos normas adicionales, que se centran en aspectos relacionados con la administración pública y la gestión de recursos. Estas leyes buscan instaurar un sistema más claro y eficiente que promueva la rendición de cuentas, garantizando así que los recursos públicos sean utilizados de manera óptima.

Desde su llegada al poder, Sheinbaum ha mostrado un compromiso claro por transformar las instituciones y que estas respondan con eficacia a las demandas ciudadanas. En este sentido, las reformas propuestas no solo representan un avance en materia de aduanas, sino también un intento de cohesionar los procesos administrativos dentro de un marco más ético y transparente.

Como país, la propuesta llega en un momento crítico, no solo por los desafíos logísticos que enfrentamos, sino también por la necesidad de restablecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La implementación exitosa de estas reformas podría significar un antes y un después en la relación entre el gobierno y los contribuyentes.

A medida que la iniciativa se discuta en el Congreso, será crucial observar cómo recibe la oposición este proyecto y qué modificaciones se proponen en el camino. La capacidad de estos cambios para traducirse en mejoras palpables dependerá no solo de la voluntad política, sino de la colaboración entre las diversas fuerzas representadas en la Cámara.

Este anuncio, que data de un contexto actual relevante, marca una etapa decisiva en la evolución de la política aduanera mexicana. Con el enfoque en la modernización y la eficiencia, los próximos meses serán vitales para determinar el impacto real de estas iniciativas en la administración pública y en la vida económica del país.

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reforma.com: https://www.reforma.com/propone-csp-reformas-a-aduanas-pagos-digitales-y-catastro/ar3272732

Daniel Garrido, director de Política y Estudios de Sistemas de Pago e Infraestructura de Mercados del Banco de México (Banxico), subrayó que el auge en las operaciones de transferencias electrónicas está principalmente impulsado por estos intermediarios. Su contribución no sólo ha sido significativa, sino esencial para la expansión del SPEI, un sistema cada vez más accesible que permite la realización de transacciones de dinero de manera más eficiente.

Según los datos de Banxico, las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) son las que dominan este panorama, representando un 29.3% de la participación de las IFNB en el SPEI. Les siguen en importancia las casas de bolsa y las sociedades financieras populares (Sofipos), con un 22% de participación cada una. Por su parte, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) aportan un 9.8%, mientras que los transmisores de dinero, fideicomisos, afores, y cámaras de compensación tienen una participación del 2.4% cada uno.

Uno de los puntos destacados por Garrido es que el éxito del SPEI también se ha relacionado con el desarrollo e implementación de soluciones digitales que facilitan el uso de las transferencias electrónicas. Estas innovaciones, particularmente a través de dispositivos móviles, han mejorado sustancialmente la experiencia del usuario, haciendo que realizar pagos digitales sea un proceso más sencillo y amigable.

Además, el modelo de participación indirecta ha ganado relevancia. Este enfoque permite a los intermediarios conectarse al sistema sin la necesidad de una conexión directa, una evolución importante que beneficia especialmente a las cooperativas. Según Garrido, cerca de la mitad de los participantes indirectos del SPEI son Socaps, lo que demuestra cómo este sector ha sabido adaptarse a las crecientes demandas del mercado y a las nuevas tecnologías.

En resumen, el contexto de los pagos electrónicos en México está en constante evolución, impulsado por el papel crucial de las instituciones financieras no bancarias. Este crecimiento no solo promueve la inclusión financiera, sino que también fomenta un ecosistema más competitivo y diversificado dentro del mundo de las transferencias electrónicas. Con cada vez más participantes ingresando a la red, el futuro del SPEI se perfila como un espacio dinámico, crucial en la transformación digital de los servicios financieros.

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Marmolejo señaló que una de las barreras principales al acceso es la preferencia generalizada por el efectivo y el temor a las comisiones asociadas con los servicios financieros. De acuerdo con su análisis, la digitalización no se limita a ofrecer herramientas, sino que requiere la creación de incentivos que motiven a las pymes a integrarlas en sus operaciones diarias.

El director ejecutivo de Finsus también destacó la importancia de utilizar la información generada por las transacciones en lugar de depender exclusivamente de los estados financieros convencionales. Esto permitiría a las instituciones financieras tener una visión más cercana y precisa del comportamiento financiero de las empresas, facilitando la oferta de productos ajustados a sus necesidades reales.

La transición del mero acceso al uso efectivo de estos servicios también tiene implicaciones en la gestión de flujos de efectivo. Alejandro Coronado, fundador y director de PagaTodo, propuso que la tecnología puede transformar los modelos de cobranza, permitiendo que los cobros se realicen de manera directa sobre los flujos disponibles de las empresas. Sugiere que mecanismos como los mandatos de cobro y los cargos recurrentes en cuentas pueden ofrecer mayor seguridad a los prestamistas.

Sin embargo, las dificultades que enfrenta la digitalización de los pagos son significativas. Elementos como la inseguridad, la falta de certeza jurídica y la baja recaudación fiscal continúan siendo obstáculos estructurales en este proceso.

Para abordar esta situación, Jorge de Lara, presidente de Clara México, subrayó la necesidad de mejorar la claridad financiera de las pymes, especialmente cuando se trata de solicitar financiamiento. Muchas empresas, según De Lara, carecen de una visión clara sobre su capacidad de pago, lo que puede conducir a decisiones perjudiciales como la concesión de créditos a ciegas.

De Lara también sugirió la utilización de datos transaccionales y nuevas tecnologías, incluidas la inteligencia artificial, para comprender mejor el comportamiento de las pymes y ofrecer productos que se alineen con sus capacidades financieras. A su juicio, la experiencia digital es esencial; si un empresario no puede resolver sus necesidades desde su teléfono, es probable que busque alternativas más accesibles.

Este análisis, que corresponde a una fecha reciente, el 28 de agosto de 2026, destaca la necesidad urgente de que las pymes no solo tengan acceso a herramientas digitales, sino que también las adopten plenamente para optimizar su operación y mejorar sus posibilidades de financiamiento en el futuro.

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Para satisfacer las necesidades de esta gran competencia, se habilitaron de forma temporal 330 MHz adicionales en varias bandas de espectro, incluyendo 600 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz y entre 3.3 y 3.6 GHz. Compañías como Altán Redes, AT&T y Telcel no escatimaron esfuerzos, intensificando sus operaciones con el refuerzo de 854 sitios LTE y la instalación de 102 sectores 5G. Durante el partido entre México e Inglaterra, la velocidad de carga alcanzó un aumento del 227.8%, pasando de 9.45 a 30.98 Mbps, mientras que la velocidad de descarga creció un 165.2%, saltando a 37.36 Mbps, según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Este impulso tecnológico también se reflejó en lugares como el Fan Festival del Zócalo, donde la velocidad de descarga aumentó un 47.9% hasta alcanzar los 18.07 Mbps. La experiencia adquirida a partir de este evento ha sentado un precedente en el uso temporal del espectro, lo cual podría ser clave para futuras concentraciones masivas de dispositivos.

Bruno Juanes, director ejecutivo de KIO IT Services, destacó la importancia de adaptarse a la demanda cambiante. “La nube es la que nos da escalabilidad”, mencionó, enfatizando que las empresas deben evaluar qué capacidad necesitan y dónde alojarla, ya que la expansión de recursos impacta directamente en los costos. Durante el Mundial, esta flexibilidad operó en conjunto con arquitecturas preparadas para soportar fallos, garantizando que los incidentes no afectaran la experiencia del usuario.

El consumo generado en torno a los partidos propició un notable incremento en pagos digitales. Las transacciones con tarjetas Visa en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey experimentaron un crecimiento del 41% en el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 5 de julio, en comparación con el mismo lapso de 2025. Los pequeños negocios vieron un aumento del 33%, y las operaciones sin contacto de visitantes internacionales se elevaron en un 105%.

Esta infraestructura no solo fue temporal; la Secretaría de Economía y Visa informaron que el programa Crece tu MIPYME logró incorporar más de 692,000 negocios en la aceptación de tarjetas, superando su meta inicial de 500,000. Las terminales de pago que se instalaron en comercios podrán seguir en funcionamiento, beneficiando a las empresas a largo plazo.

En el ámbito tecnológico, el torneo también hizo un uso intensivo de la inteligencia artificial. La FIFA implementó Football AI Pro para ofrecer análisis detallados a las 48 selecciones que compitieron, y en el International Broadcast Centre, se utilizaron servidores de Lenovo para operar diez canales internos en más de 1,000 pantallas, manteniendo una latencia de menos de cinco segundos. Además, se desplegaron más de 17,000 dispositivos de Lenovo y Motorola en las sedes y campos de entrenamiento.

Sin embargo, este aumento en la conectividad también conllevó un riesgo significativo en términos de ciberseguridad. En abril, antes del torneo, Check Point registró un promedio de 3,548 ciberataques semanales por organización en México, la cifra más alta entre los tres países anfitriones. Durante el Mundial, se reportaron más de mil millones de ataques bloqueados, así como la identificación y neutralización de más de 11,000 dominios maliciosos.

Juanes también subrayó cómo esta presión obliga a las compañías a reconsiderar su presupuesto de protección digital. “Ciberseguridad hoy en día ya no es un tema de decir, 'me van a atacar o no'. Te van a atacar, lo que no sabemos es cuándo”, advirtió. KIO, por su parte, lanzó un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en México capaz de detectar y frenar más de 65,000 ataques mensuales.

El legado tecnológico que deja el Mundial es valioso. Enrique Bermeo, arquitecto de Soluciones de Baufest, resaltó que muchas aplicaciones tuvieron que aumentar su ancho de banda durante los picos de actividad y que varios contratos de infraestructura se mantendrán disponibles para futuros proyectos. Este evento ha proporcionado a las empresas mexicanas una referencia clara sobre cómo pueden crecer las cargas digitales en cuestión de minutos y la infraestructura necesaria para mantener servicios operativos en momentos de alta demanda.

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