El panorama es claro: dentro del total de 160,000 cuentas de predial, las 20,000 identificadas marcan un punto crítico en la recaudación. Mientras que la mayoría de los deudores individuales son propietarios de viviendas, el enfoque inicial del Ayuntamiento se centrará en aquellas industrias y negocios que manejan adeudos más altos. Este diferencial es significativo, dado que el municipio está compuesto por 19 juntas auxiliares que requieren atención específica.

González Cobián también hizo hincapié en que primero se abordará a los empresarios a través de invitaciones para buscar un diálogo y mediar en los posibles acuerdos de pago. Aunque prefirió no especificar los sectores con mayores deudas, subrayó la importancia de fomentar la voluntad de los contribuyentes a través de cartas de invitación.

Se estima que el programa de pago anticipado, orientado a regularizar las cuentas en 2027, podría generar ingresos entre 400 y 450 millones de pesos. Esta cifra incluye los 100 millones en adeudos históricos que representan una parte crucial de la infraestructura y servicios del municipio.

Por otra parte, la Tesorería enfrenta un desafío adicional con la indefinición de límites territoriales, lo que ha llevado a ciertos contribuyentes a argumentar que sus propiedades pertenecen a municipios contiguos para evitar el pago del predial. Este año, 80 cuentas que anteriormente estaban registradas en localidades vecinas ahora se asignaron a Puebla, mientras que 30 cuentas de esta capital se trasladaron a otras jurisdicciones.

Es fundamental que los ciudadanos en situación de morosidad aprovechen las oportunidades ofrecidas por el programa de pago anticipado. La regularización de estas cuentas no solo beneficiará a los contribuyentes, sino que también asegurará la disponibilidad de recursos para el desarrollo de proyectos en el municipio.

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La reforma en la ley del ISR, incluida en el paquete económico recientemente entregado al Congreso, busca fortalecer la lucha contra la evasión fiscal, específicamente en relación con las factureras, prácticas que han desviado importantes recursos públicos.

Además, se estima que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) crecerá un 2.6% real, ascendiendo a 1.768 billones de pesos. Por su parte, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) experimentará un aumento del 10.5%, alcanzando 828,300 millones de pesos. Este último incremento se verá impulsado por una notable recuperación del 16.2% en los ingresos por el IEPS a gasolinas y diésel, gracias a la expectativa de una baja en los precios internacionales del petróleo, lo cual permitirá al gobierno reducir estímulos fiscales en comparación con el año anterior.

El crecimiento de los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta en un 15.9% para el 2027, comparado con el 15.4% que se espera cerrar en el presente año. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La LIF 2027 también anticipa una caída significativa del 14% en los ingresos petroleros, que se estiman en 984,500 millones de pesos. Este descenso se atribuye principalmente a la expectativa de menores precios del petróleo y del gas natural, junto con una plataforma de producción de hidrocarburos estable.

Aunque los ingresos petroleros del gobierno verán una disminución del 26.7%, la caída será compensada en parte por el crecimiento proyectado en los ingresos tributarios y un incremento del 24.6% en los ingresos no tributarios, que sumarán 521,800 millones de pesos. Asimismo, se prevé que los ingresos por organismos y empresas del Estado, como la CFE y el IMSS, aumenten un 4.4%, alcanzando 1.386 billones de pesos.

En conjunto, se espera que los ingresos presupuestarios totales para el 2027 alcancen los 9.157 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 3.9% en términos reales en relación con las estimaciones del presente año. Estos ingresos, que constituyen el 23.2% del PIB nacional, reflejan un leve incremento respecto al 23.0% proyectado para cerrar 2026.

La combinación de estas proyecciones fiscales subraya un esfuerzo significativo por parte del gobierno para maximizar la recaudación y abordar desafíos económicos, instaurando un camino hacia la estabilidad económica en los próximos años.

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Uno de los puntos centrales de este paquete es el incremento de la recaudación tributaria. Para 2027, se proyecta un crecimiento real de 5.9% en los ingresos tributarios comparado con 2026, alcanzando un récord histórico equivalente al 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Amador Zamora explicó que este aumento se sustentará en la modernización del sistema fiscal y en el fortalecimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de nuevas herramientas digitales que facilitarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promoverán la fiscalización efectiva.

Además, se anticipan modificaciones para reforzar la equidad tributaria, buscando evitar que los tratamientos fiscales se utilicen para la planeación fiscal agresiva. Entre las medidas propuestas se encuentran ajustes a las deducciones y pérdidas fiscales para empresas, así como acciones destinadas a combatir la facturación de operaciones simuladas, la elusión y la evasión fiscal. Simultáneamente, el gobierno tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de las pequeñas empresas, a través de la ampliación de los umbrales del Régimen Simplificado de Confianza.

En cuanto al gasto y financiamiento, se prevé que el gobierno federal continúe con el proceso de consolidación fiscal en 2027, garantizando la asignación de recursos a la inversión pública y los programas sociales. Según las estimaciones, el déficit público se situará en 3.9% del PIB, una mejora respecto al 4.1% proyectado para el cierre de 2026. Las medidas permanentes que se implementen contribuirán a estabilizar la trayectoria del déficit en los próximos años y asegurar que la deuda pública se mantenga en niveles sostenibles.

El secretario de Hacienda también destacó que el 85% de la deuda pública estará en moneda nacional, con el 80% de los valores gubernamentales contratados a tasa fija y a largo plazo, lo que refuerza una estructura financiera más sólida.

Como resultado de esta presentación, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, anticipó que se abrirá un debate crucial sobre los ingresos, la deuda y el crecimiento económico del país en los años venideros. Destacó que el Senado deberá revisar cuidadosamente las proyecciones de crecimiento, los ingresos públicos, las necesidades de financiamiento, el déficit, la deuda y el costo financiero, así como sus implicaciones sobre los servicios públicos, los programas sociales, la inversión y el empleo. Yunes Márquez también planteó el desafío de equilibrar el fortalecimiento de los ingresos del Estado con la necesidad de evitar cargas excesivas para los contribuyentes.

Esta información, con fecha de 2026-09-08, subraya el panorama económico que se perfila para el país en el futuro cercano y la responsabilidad que recae sobre el Senado para evaluar y decidir sobre estos aspectos vitales para el bienestar nacional.

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Entre enero y julio de este año, la recaudación por ISR alcanzó 1.77 billones de pesos, lo que representa una caída del 6% comparado con el mismo periodo del año pasado. Este decrecimiento es atribuible principalmente a la disminución en los pagos realizados por las personas morales. Sin embargo, se ha observado un crecimiento en las recaudaciones relacionadas con sueldos y salarios, reflejando un aumento en las remuneraciones reales y en el empleo formal, lo que ha mitigado parcialmente el impacto negativo de la reducción del ISR.

Por otro lado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) experimentó un crecimiento notable del 9.9% anual, y otras recaudaciones, como la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aumentaron un 2%, mientras que los ingresos por importaciones crecieron un 8.1%. La venta de petróleo también ha contribuido positivamente a los ingresos públicos, aportando 608,564 millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.7% en comparación con el año anterior.

A pesar de estos datos optimistas, los ingresos totales del gobierno alcanzaron poco más de 4.9 billones de pesos, un crecimiento de apenas 0.9% anual, pero 170,306 millones de pesos por debajo de lo proyectado.

En cuanto al gasto público, se ha observado un incremento del 3.5% en comparación con el año anterior, con un total de alrededor de 5.7 billones de pesos gastados entre enero y julio. Sin embargo, esta cifra también refleja un subejercicio considerable, puesto que se gastaron 438,703 millones de pesos menos de lo aprobado en el presupuesto.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público se han ubicado en 727,533 millones de pesos, lo que pone de manifiesto las presiones que enfrenta el déficit.

En resumen, el panorama fiscal de México en 2026 está marcado por una recaudación sostenida en algunos rubros, pero con retos persistentes en la recaudación del ISR y un gasto público que aún no logra alinearse con las proyecciones oficiales. La economía continúa navegando en un contexto complicado, donde se deberán implementar estrategias efectivas para revertir la caída en los ingresos y optimizar el uso de los recursos disponibles.

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Hasta ahora, el programa ha permitido otorgar estímulos fiscales que suman 5,739 millones de pesos, destinados a reducir las multas, recargos y gastos operativos. Esta acción ha beneficiado a un total de 36,185 contribuyentes, incluidos 10,775 empresas y 25,410 personas físicas, lo que subraya su alcance y relevancia.

El SAT enfatiza la importancia de regularizarse y hace un llamado a quienes aún no han corregido su situación fiscal, recordando que tienen plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su solicitud. Esta oportunidad está dirigida a aquellos contribuyentes cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no superen los 300 millones de pesos.

Los adeudos fiscales susceptibles de regularización abarcan varias situaciones, incluyendo las contribuciones federales y cuotas compensatorias que no hayan sido determinadas por la autoridad. También incluye créditos fiscales firmes establecidos por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El programa es aplicable a los adeudos generados en 2024 y en años anteriores, así como a multas impuestas por diversas infracciones fiscales y aduaneras.

Para aquellos interesados en aprovechar este programa, el SAT ha facilitado el proceso de solicitud. Los contribuyentes pueden presentar su solicitud de manera online a través del Portal del SAT, o bien de forma presencial en una de sus oficinas. Ingresando a sat.gob.mx y utilizando su RFC y contraseña, pueden enviar el escrito libre, asegurando que tras recibir respuesta, procedan a realizar el pago en los plazos establecidos.

Esta estrategia del SAT no solo busca recuperar recursos, sino también fomentar una cultura de cumplimiento fiscal. La regularización representa una oportunidad tanto para el gobierno como para los contribuyentes, facilitando un camino hacia una mayor transparencia y responsabilidad tributaria en el país.

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