BOSCO, situado en un terreno de 16,618 metros cuadrados, comprende 179 viviendas, cada una con lote tipo de 68 metros cuadrados y aproximadamente 63.5 metros cuadrados de construcción. Además, el desarrollo incluye una plaza de 2,158 metros cuadrados, comercio y áreas de estacionamiento para visitantes. La climatología de Hermosillo fue un factor determinante en el diseño, lo que llevó a incorporar elementos como ventilación cruzada, técnicas de control solar y techos verdes. Asimismo, se priorizó una mayor densidad arbórea en calles más angostas, mientras que las viviendas se configuraron como adosadas para maximizar la integración con el entorno urbano.

La innovadora configuración desarrollada por TAX permitió alcanzar hasta 120 viviendas por hectárea, superando las 100 que son comunes en proyectos similares y las 80 alcanzadas previamente por la empresa en un desarrollo cercano. Este prototipo logró ofrecer interiores de 73 metros cuadrados, un aumento del 48% respecto a productos comparables, logrando todo esto con un incremento de costos controlado gracias al uso de materiales locales y métodos constructivos alternativos.

Sin embargo, llevar este diseño a la práctica presentó sus propios desafíos. La implementación requirió trabajar con materiales y proveedores que Derex no había utilizado anteriormente, lo que generó ajustes y retrasos que incrementaron los costos financieros del proyecto. Por ejemplo, la colocación de árboles tuvo que ajustarse en varias ocasiones, algunos de estos árboles debieron ser retirados y trasplantados para asegurar una adecuada urbanización.

Ante este panorama de sobrecostos, el precio final de las viviendas se fijó en 770,000 pesos, por debajo de lo que la desarrolladora podría haber cobrado. Aurora García de León, directora general de Derex, enfatizó la importancia de mantener una rentabilidad mínima sin sacrificar el carácter social del producto. Esta decisión no fue sencilla, ya que el proyecto mantenía la premisa de ser rentable mientras se cumplían los objetivos sociales.

El proceso de desarrollo de BOSCO ha dejado lecciones significativas en la forma en que la empresa diseña, construye y coordina proyectos. Esta experiencia, analizada también por Harvard en su estudio "Building Better Cities with Strategic Investments in Social Housing", invita a reflexionar sobre cómo incentivar a más desarrolladores hacia proyectos de vivienda social, fomentar la colaboración entre instituciones y empresas, y la posibilidad de replicar estas soluciones adaptadas a distintos contextos en el país.

A pesar de las innovaciones y aprendizajes obtenidos, García de León señala que muchas prácticas, como la adecuada orientación de las viviendas, la integración de vegetación nativa y el uso de métodos que reduzcan los puentes térmicos, aún no se implementan ampliamente en el sector. En este sentido, la iniciativa de BOSCO se posiciona como un modelo a seguir en la búsqueda de un desarrollo habitacional más sustentable y accesible en México.

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En términos de precios por metro cuadrado, Santa Rosa Jáuregui destaca con el monto más elevado: 31,899 pesos. En contraste, El Marqués y Corregidora se posicionan con precios de 26,722 y 24,078 pesos, respectivamente. Esta disparidad en los precios se relaciona en parte con la concentración industrial; El Marqués es sede de 30 de los más de 50 parques industriales de Querétaro, lo que genera una demanda de vivienda relacionada con la necesidad de personal.

El análisis no se detiene en la compra; también examina el mercado de renta, donde Corregidora ha experimentado el mayor incremento con un asombroso aumento del 10.9%, alcanzando un precio mensual de 9,284 pesos. Por otro lado, Santa Rosa Jáuregui ha visto un aumento de poco más del 7%, llegando a 12,376 pesos. Sorprendentemente, El Marqués ha visto una disminución en los precios de renta, con un descenso del 2.4% hasta ubicarse en 9,919 pesos mensuales.

Es importante destacar que estos datos corresponden a precios de publicación en el portal, y no necesariamente reflejan los valores finales de compraventa o renta. Esta información es crucial para quienes buscan entrar al mercado inmobiliario en Querétaro, resaltando no solo las oportunidades sino también las variaciones que pueden influir en las decisiones de compra y alquiler.

Con estos cambios en el mercado, es evidente que las dinámicas de oferta y demanda están en constante evolución, lo que requiere un análisis atento por parte de los potenciales compradores y arrendatarios. A medida que nos acercamos a 2026, se puede prever que el escenario inmobiliario continuará ajustándose según las tendencias económicas, la movilidad poblacional y las condiciones del mercado laboral en la región.

Estos datos corresponden al 4 de octubre de 2026, y cualquier actualización futura podrá ofrecer nuevas perspectivas sobre este sector en constante transformación.

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Según un estudio reciente de Infohabitat, un impactante 62.8% del parque habitacional en México está compuesto por viviendas autoproducidas. De hecho, 86.8% de estos hogares ha recurrido exclusivamente a recursos propios para financiar sus construcciones. Estos números reflejan el papel crucial que juega el ahorro familiar ante las escasas opciones de financiamiento disponibles en el mercado.

El estudio sostiene que esta no es una preferencia cultural, sino una necesidad que surge cuando la oferta formal de vivienda no se alinea con lo que las familias pueden pagar. Como consecuencia, el crédito hipotecario, en lugar de aplicarse para mejoras y ampliaciones, se destina en su mayoría a la compra de viviendas ya construidas.

Analizando más a fondo, se estima que de los 1.25 millones de créditos hipotecarios vigentes, solo 23,996 se utilizan para mejoras y remodelaciones, lo que representa un escaso 1.9% del total. Adicionalmente, entre 2015 y 2025, la producción de vivienda popular ha caído en un alarmante 78%, mientras que la vivienda de interés social ha disminuido un 54%. Esta notable reducción en la oferta ha convertido la autoproducción en una de las alternativas más viables para las familias que buscan mejorar su patrimonio.

Enrique Margain explica que, a nivel bancario, un 82% del financiamiento está destinado a la adquisición de vivienda, pero solo un pequeño porcentaje (5%) se utiliza para adquirir terrenos o construcciones por etapas, lo que revela un contraste entre las necesidades habitacionales de las familias y las opciones de financiamiento ofrecidas.

No obstante, la demanda existe. El programa Mejoravit, que ofrece financiamiento para mejoras de vivienda, ha visto un aumento notable, pasando de 53,600 acciones en el primer semestre de 2025 a 104,000 en el mismo periodo de 2026, lo que representa un crecimiento del 93.9%. Sin embargo, el acceso a estos productos a menudo depende de la situación laboral de los hogares, dado que muchas de las opciones disponibles están vinculadas al empleo formal. En 2026, la informalidad laboral alcanzó un 55.1% de la población ocupada, lo que equivale a 33.1 millones de personas.

Para abordar esta problemática, el estudio sugiere la necesidad de diseñar productos financieros que consideren los ingresos variables de las familias y que ofrezcan desembolsos por etapas, en lugar de utilizar los criterios tradicionales para evaluar las hipotecas. Se destaca que, durante décadas, el sistema financiero se ha centrado en la vivienda ya terminada, ignorando que la demanda real está en viviendas aún en construcción, donde los ocupantes ya están pagando en efectivo, a menudo a un costo mucho mayor y con riesgos inherentes.

Entre las alternativas propuestas se incluyen créditos de menor monto orientados a ampliaciones y reparaciones, con plazos de tres a siete años y pagos parciales conforme avanza la obra, acompañados de asistencia técnica. Implementando estos enfoques, se podría lograr que más hogares accedan a financiamiento y, eventualmente, se reduzca su dependencia de recursos propios para mejorar y construir sus viviendas.

Actualización (2026-09-21 09:14:00): La situación del financiamiento sigue siendo crítica, y es evidente que se requieren soluciones innovadoras para atender las necesidades habitacionales de millones de familias mexicanas.

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Ubicado en la zona de Aldama Tetlán, Vistas del Parque se sitúa estratégicamente a solo 650 metros de la estación Tetlán de la Línea 2 del Tren Ligero y a escasos 100 metros del Parque Luis Quintanar, rodeado de escuelas, mercados y servicios de salud. Durante la presentación del proyecto, Sergio Leal, presidente del Consejo de Administración de Grupo Vinte, enfatizó la misión de la empresa de integrar vivienda asequible en un entorno comunitario, alineándose con la visión de una "mejor ciudad".

La decisión de reducir los estacionamientos ha permitido liberar espacio valioso. Esta estrategia no solo disminuyó costos de construcción, sino que también facilitó la inversión en áreas comunes destinadas a la convivencia y recreación de los residentes. Del total de 72 viviendas, 12 se comercializaron bajo un esquema de vivienda protegida, con precios máximos de 850,000 pesos. Otros seis inmuebles tienen un precio de 950,000 pesos, mientras que las 54 unidades restantes están valoradas entre 1.3 y 1.4 millones de pesos. Además, se estableció que el 16.7% de las viviendas se reservarían para trabajadores de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El proyecto no solo responde a la necesidad de vivienda, sino que también incluye áreas de juegos y parques, y prioriza la conexión con el transporte público. La inversión total en Vistas del Parque alcanzó los 55.2 millones de pesos, de los cuales 11.6 millones se destinaron a la adquisición del terreno. La construcción fue financiada íntegramente por Javer, y un análisis del Urban Land Institute reportó un margen bruto del 30 al 35%, y una utilidad neta entre el 12 y el 14%.

La comercialización comenzó en agosto de 2024, y para enero de 2025 se había colocado el 80% de las viviendas. Esta dinámica de venta culminó en julio de 2025, cuando se vendió la última unidad, demostrando el rápido interés en el desarrollo por parte de los futuros residentes.

Todo esto forma parte de una estrategia más amplia que promueve el Desarrollo Orientado al Transporte (TOD), un enfoque que planea concentrar vivienda, empleo y servicios en áreas cercanas a estaciones de transporte público. Este modelo busca reducir la dependencia del automóvil, promoviendo un estilo de vida más sostenible y conectado.

Vistas del Parque emerge como un ejemplo en la construcción de vivienda en Guadalajara, combinando accesibilidad, comodidad y una sólida planificación, lo que señala un cambio significativo en la forma de abordar el desarrollo urbano en la región.

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Un documento clave en este proceso es el Certificado de Libertad de Gravamen. Este certificado, que establece la situación registral de la propiedad al momento de su expedición, permite detectar la existencia de hipotecas, limitaciones de dominio, anotaciones preventivas y otras condiciones que deben ser analizadas antes de avanzar con la operación inmobiliaria. En la Ciudad de México, este documento se conoce oficialmente como Certificado de Libertad de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, Limitaciones de Dominio y Anotaciones Preventivas Único, y es expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Este informe funciona como una especie de radiografía de la situación registral del inmueble, lo que lo hace indispensable para operaciones de compraventa, solicitudes de créditos o cualquier acto jurídico relacionado con la propiedad. Gracias a este certificado, los compradores pueden conocer no solo si el inmueble está libre de cargas, sino también si existen limitaciones que puedan afectar su uso o transmisión, como servidumbres o usufructo.

Además, este documento puede revelar anotaciones preventivas tales como embargos o fianzas, que advierten sobre derechos, procedimientos o actos en curso que podrían afectar la situación registral del inmueble. Aunque la existencia de estas anotaciones no prohíbe necesariamente una compraventa, es recomendable analizar sus implicaciones antes de realizar cualquier pago o firmar un contrato, ya que podrían modificar sustancialmente las condiciones de la operación.

Es importante destacar que el Certificado de Libertad de Gravamen y la Constancia de Folio cumplen funciones distintas en la revisión registral de un inmueble. Mientras que la Constancia de Folio permite consultar inscripciones que aparecen en el registro, como transmisiones de propiedad, hipotecas y embargos, el certificado informa sobre el estado actual en cuanto a gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas. Ambos documentos son complementarios y deben ser considerados conjuntamente para una revisión exhaustiva.

Por último, es esencial subrayar que el certificado no debe ser analizado de manera aislada. Se recomienda realizar una revisión integral del inmueble antes de entregar un enganche, firmar un contrato de promesa de compraventa o iniciar el proceso de escrituración. Estar debidamente informado puede significar la diferencia entre una compra exitosa y una serie de complicaciones legales y financieras.

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El subdirector de Análisis Bursátil de Valmex Casa de Bolsa, Alik García, destacó que el desempeño positivo se debe, en gran parte, al crecimiento de Ruba, que representó un impresionante 45% de los ingresos totales del grupo. Este auge se ha visto impulsado por condiciones favorables en las tasas de interés y una estabilidad creciente en la confianza del consumidor, elementos que han estado acompañados por cambios en la política habitacional del gobierno.

De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), la producción habitacional formal aumentó un 7% en comparación al año anterior, alcanzando un total de 66,129 unidades construidas. Jesús Sandoval, director general de Ruba, enfatizó el impacto positivo del programa de “Vivienda para el Bienestar”, además de la fortaleza actual de las empresas en el sector.

En términos financieros, Ruba es la que ha mostrado el mayor crecimiento, con un aumento del 30% en ingresos y un incremento del 55% en utilidad neta. La compañía no solo ha ampliado su presencia en segmentos de vivienda media y residencial en el norte del país, sino que además tiene una razón deuda/EBITDA de -0.08 veces, subrayando su sólida posición de efectivo.

Por otro lado, Consorcio Ara ha demostrado un crecimiento más moderado, con un incremento del 3.5% en utilidad neta y una razón deuda/EBITDA de 0.27 veces, preparándose para nuevos proyectos en Mérida. En contraste, Vinte y Cadu han enfrentado mayores presiones financieras. Aunque ambos experimentaron crecimiento en ingresos, Vinte vio una caída del 12.4% en unidades vendidas y una razón deuda/EBITDA de 2.6 veces, mientras que Cadu reportó un aumento del 7.4% en utilidad neta con una razón deuda/EBITDA de 2.85 veces.

Los desafíos no solo se limitan a las finanzas de estas empresas. Los precios de las viviendas han experimentado un aumento significativo, ubicándose entre 1.2 y 1.6 millones de pesos, con un incremento promedio del 13.7% en comparación al año anterior. Este fenómeno presenta un reto considerable para el acceso a la vivienda y su eventual impacto en la economía.

A pesar de los resultados positivos, los expertos advierten sobre riesgos para el futuro, como posibles aumentos en las tasas de interés y un incremento de la morosidad hipotecaria, ya que esta alcanzó un 3.20% en junio del 2026. También se destaca la burocracia y corrupción que complican los trámites para la construcción de proyectos, lo que podría obstaculizar el crecimiento futuro de la oferta habitacional.

El sector de la vivienda está llamado a jugar un papel fundamental en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante el año, pero el camino hacia su fortalecimiento está empedrado por desafíos administrativos y económicos que requieren atención inmediata. La necesidad de transparencia y simplificación administrativa es más evidente que nunca para asegurar el crecimiento sostenible en este sector vital.

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Desde el 20 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2026, se recibirán postulaciones para desarrollos, acciones, investigaciones y experiencias concluidas en el período mencionado. Este premio se presenta como un instrumento de política pública con el objetivo de identificar y destacar proyectos habitacionales que representan avances significativos en las condiciones de vivienda en el país.

El PrNV busca reconocer las mejores prácticas en técnicas constructivas, arquitectónicas, tecnológicas y de gestión que contribuyan al bienestar de la población. La organización del premio cuenta con el respaldo de Sedatu, en colaboración con los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y otros miembros del Grupo Organizador.

En palabras de la Secretaría, estas convocatorias continúan el legado del Premio Nacional de Vivienda, orientado a identificar experiencias que puedan convertirse en referentes en la lucha por el derecho a la vivienda adecuada en México. Esta iniciativa no solo resalta los logros en el campo de la vivienda, sino que también busca inspirar a quienes trabajan en este aspecto vital de la sociedad.

Simultáneamente, Sedatu invita a profesionales con experiencia en vivienda, desarrollo urbano, patrimônio, investigación o política pública a formar parte del Grupo Evaluador del premio. Este grupo será responsable de valorar las postulaciones que se reciban, garantizando un proceso de evaluación técnico e independiente. El registro para los evaluadores estará abierto del 20 de agosto al 13 de septiembre de 2026 y la participación será honorífica.

El Premio Nacional de Vivienda tiene una historia que se remonta a 2002, organizado inicialmente por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Desde 2019, Sedatu ha asumido el rol de liderazgo en la planificación y logística del reconocimiento, adaptando las categorías para alinearlas con los objetivos del gobierno federal. En ediciones anteriores, destacados como el Consorcio Ara y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán han sido premiados por sus contribuciones notables.

Los interesados en participar en el Premio Nacional de Vivienda 2026 o en integrar el Grupo Evaluador pueden consultar las convocatorias completas y los documentos pertinentes publicados por Sedatu. Esta es una oportunidad no solo para destacar los esfuerzos en materia de vivienda en México, sino también para contribuir a un futuro donde la calidad habitacional sea una prioridad para todos.

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Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México contaba, hasta 2023, con aproximadamente 38.1 millones de viviendas. Un impresionante 92.6% de estas tenía paredes construidas con materiales como tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto. Estos materiales han demostrado ser parte integral del parque habitacional, tanto en iniciativas privadas como en proyectos de vivienda pública.

El enfoque actual en construcciones adecuadas implica evaluar los materiales de construcción no solo por su costo inicial, sino también por su impacto en la habitabilidad, seguridad estructural y eficiencia energética. Esto cambia radicalmente la manera en que se toma decisiones en el diseño arquitectónico, teniendo en cuenta factores como el confort interior y los costos operativos en la duración útil de cada edificación.

Por ejemplo, la normativa internacional EDGE, creada por la International Finance Corporation (IFC), establece un ahorro mínimo del 20% en energía, agua y recursos incorporados para las construcciones que buscan certificación en comparación con métodos convencionales. En México, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se ha alineado con este objetivo sustentable, buscando mejorar la habitabilidad y conciliando el uso de energías renovables.

En este contexto, los materiales como el ladrillo, el barro y la piedra están recibiendo atención renovada. Estos no solo permiten la creación de viviendas que reflejan la identidad cultural del país, sino que también prometen mayores beneficios a largo plazo. Por ejemplo, el ladrillo no solo aporta un carácter único y estético, sino que también ofrece características térmicas que regulan la temperatura interior, contribuyendo a un menor consumo energético.

Arquitectos y diseñadores están prestando más atención a estos materiales, buscando integrar su cualidad estética y funcional en proyectos contemporáneos. Alfredo Martínez, director de Grupo Resnova, menciona que el ladrillo "muestra de dónde viene, envejece con el tiempo y adquiere carácter", resaltando su capacidad para adaptarse a las necesidades modernas sin perder la esencia de su materialidad.

Con el enfoque en un futuro más sostenible y eficiente, la industria de la construcción en México está en un punto de inflexión, donde la elección de materiales puede marcar la diferencia no solo en la estética de un hogar, sino también en su impactos ambientales y en el bienestar de sus ocupantes. A medida que el país continúa avanzando hacia una construcción más responsable, será fundamental que tanto desarrolladores como consumidores consideren estos aspectos en sus decisiones. La calidad y vida útil de la vivienda están en juego, y la elección de los materiales es más crítica que nunca.

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De acuerdo con cifras recientes, 22 de las 32 entidades federativas en México, es decir, el 68.8% del total, ya cuentan con legislación específica para regular los servicios inmobiliarios. Sin embargo, 10 estados aún carecen de un marco legal en este ámbito, una situación que la AMPI considera preocupante. En el segundo trimestre de 2026, el valor de la vivienda en el país experimentó un aumento del 7.3% anual, superando la inflación general de 3.37%, lo que plantea un contexto de precios cada vez más desafiante.

El valor promedio de las viviendas adquiridas mediante un crédito hipotecario alcanzó en el primer semestre de 2026 la cifra de 1,960,032 pesos. Este dato subraya el impacto que puede tener una operación inmobiliaria en las familias, siendo, a menudo, una de las transacciones más significativas en sus vidas.

AMPI sostiene que la existencia de una ley específica es solo el primer paso; es fundamental que esta regulación vaya acompañada de capacitación, certificación, ética y mecanismos de supervisión. Jenny Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI, destacó que una operación inmobiliaria no es una transacción cualquiera, sino una representación del patrimonio construido durante años de esfuerzo.

La profesionalización puede contribuir a varios aspectos importantes: aumentar la certeza jurídica y la transparencia en contratos, reducir unos riesgos de fraude y conflictos legales, así como proteger el patrimonio de las familias. Además, potenciar la capacitación y certificación de competencias es esencial para fortalecer la confianza de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.

La existencia de leyes en diversos estados resalta la necesidad de implementar mecanismos de aplicación efectivos. Un marco regulatorio, por sí solo, no garantiza una preparación homogénea entre todos los actores del mercado.

Con el objetivo de ampliar esta profesionalización, AMPI aspira a que todas las entidades federativas cuenten con estándares mínimos que permitan homologar las condiciones bajo las cuales operan los profesionales del sector. Según Rivas Padilla, aunque se han logrado avances significativos, el verdadero reto radica en extender esta profesionalización a todo el país.

Celebrando su 70 aniversario, AMPI llevará a cabo su 55° Congreso Internacional Inmobiliario del 17 al 19 de noviembre en el World Trade Center de Ciudad de México. Este encuentro abordará temas cruciales como la certeza jurídica, inteligencia artificial, innovación tecnológica, certificaciones, estándares internacionales, desarrollo urbano sostenible, así como comercialización, inversión y financiamiento.

El entorno actual exige un compromiso renovado por parte de todos los profesionales del sector para garantizar un mercado inmobiliario robusto y confiable, que asegure la protección de uno de los activos más valiosos para la población: su hogar.

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El Pleno de la Corte subrayó que esta obligación no solo se relaciona con el acceso a la vivienda, sino que constituye un derecho laboral específico que debe ser respetado durante la relación laboral. Las reformas que modifican los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo se sitúan dentro de un marco más amplio destinado a proteger a un sector que ha enfrentado históricamente problemas de vulnerabilidad y desigualdad.

Entre las exigencias que se derivan de esta normativa, se incluye la provisión gratuita de habitaciones dignas, alimentación y agua durante la jornada laboral, así como la atención médica y la capacitación para el personal agrícola. Esta serie de medidas fue informada por la SCJN, que enfatizó su importancia en un contexto donde las condiciones laborales siguen siendo preocupantes, especialmente para las mujeres en el sector agrícola.

Uno de los principales argumentos presentados por las empresas que impugnaron estas nuevas obligaciones fue que sobrepasaban el alcance constitucional del derecho a la vivienda, argumentando que dicha responsabilidad debía recaer en el Estado. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó este planteamiento, reiterando que la obligación de los empleadores de garantizar condiciones adecuadas de alojamiento responde a un propósito distinto: mejorar la calidad de vida de los jornaleros durante su labor.

La SCJN también recordó que esta obligación no es nueva; se ha mantenido en la Ley Federal del Trabajo desde 1970, lo que significa que las reformas recientes simplemente precisan los estándares que deben seguir los empleadores para garantizar un alojamiento digno.

Así, queda claro que la Corte no solo reafirma la necesidad de condiciones de vida dignas para los trabajadoras del campo, sino que también sitúa estas obligaciones dentro del marco constitucional, asegurando una mayor protección de los derechos laborales en el país. En tiempos donde las brechas de desigualdad continúan siendo un reto, estas medidas representan un paso significativo hacia la dignificación del trabajo agrícola en México.

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El Pleno de la SCJN resolvió que las empresas deben proporcionar, sin costo alguno, habitaciones dignas, alimentación y agua a los trabajadores durante la jornada laboral. Además, la ley exige el traslado para atención médica, suministro de material de curación, así como acciones de capacitación y educación. Esta protección es especialmente crucial, ya que los jornaleros, y en particular las mujeres, enfrentan vulnerabilidades significativas y obstáculos en el acceso a derechos laborales y protección social.

Durante el análisis de los amparos, las empresas argumentaron que esta obligación excede el marco constitucional del derecho a la vivienda, sugiriendo que dicha responsabilidad quedó en manos del Estado y que ya existen mecanismos adecuados para garantizarlo. Sin embargo, la SCJN desestimó esta afirmación, afirmando que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo buscan garantizar un alojamiento digno específicamente durante la relación laboral, lo que no impide la existencia de otros mecanismos destinados a facilitar el acceso a una vivienda.

La Corte recordó que la obligación de proporcionar alojamiento a los trabajadores agrícolas no es un concepto nuevo; existe en la legislación desde 1970. Las reformas recientes solo han ajustado y precisado los estándares necesarios que los empleadores deben cumplir, reafirmando así que la ley busca proteger los derechos de un sector laboral que a menudo se encuentra en condiciones precarias.

Este fallo no solo tiene un impacto inmediato sobre la vida de miles de trabajadores del campo, sino que también subraya la importancia de garantizar un entorno laboral seguro y digno. Al fortalecer estas disposiciones, la SCJN se alinea con los principios de justicia social y derechos humanos que deben prevalecer en el ámbito laboral, brindando un marco legal más robusto para la protección de quienes desempeñan labores fundamentales para la economía del país.

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La Corte resolvió los amparos en revisión 587/2025, 199/2026 y 230/2026, en los que empresas del sector agrícola cuestionaron reformas a los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo. La decisión del Pleno subraya la validez de estas disposiciones, las cuales obligan a los empleadores a proporcionar, sin costo alguno, habitaciones dignas, alimentación, agua durante la jornada laboral, transporte para atención médica, y capacitación para el uso seguro del equipo de trabajo.

Este pronunciamiento es particularmente relevante en un contexto donde las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, especialmente las mujeres, han sido objeto de preocupación por su vulnerabilidad y dificultad para acceder a derechos laborales fundamentales. La SCJN destacó que las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo se alinean con la Constitución y son parte integral de un esquema de protección para este grupo.

Uno de los argumentos principales de las empresas que promovieron los amparos fue que la obligación de ofrecer alojamiento digna se sobrepasaba del alcance constitucional del derecho a la vivienda, proponiendo que esta responsabilidad recaía en el Estado. Sin embargo, la Corte desestimó dicha posición, argumentando que la finalidad de las disposiciones es garantizar condiciones adecuadas de alojamiento durante la relación laboral, sin que esto implique un menoscabo de los mecanismos estatales para facilitar el acceso a la vivienda.

Es relevante recordar que la obligación de los patrones de proporcionar habitaciones dignas no es algo nuevo; se encuentra en la Ley Federal del Trabajo desde 1970. La reforma de 2024 simplemente clarificó las condiciones y características que deben cumplir estas obligaciones, sin crear una nueva prestación.

Con esta decisión, la Suprema Corte enfatiza que la protección de los derechos de los trabajadores del campo es crucial y que el compromiso de los empleadores va más allá del cumplimiento de las leyes; se trata de un imperativo moral y humano que busca dignificar la vida laboral de aquellos que sostienen el sector agrícola del país.

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En un evento reciente en la alcaldía de Coyoacán, la mandataria destacó el compromiso de su administración, revelando que en casi dos años de gestión se han invertido 18,000 millones de pesos en políticas de vivienda. En lo que va de este año, ya se han entregado 2,000 casas, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que están avanzando en este ámbito. "Una de las primeras decisiones que tomamos cuando entramos al gobierno fue crear la Secretaría de Vivienda y duplicar el presupuesto", subrayó Brugada.

La jefa de Gobierno enfatizó que el acceso a la vivienda es un derecho humano fundamental, lo que obliga al gobierno a agilizar la construcción de proyectos habitacionales. "El reto es que los ciudadanos no tengan que esperar tanto tiempo para acceder a una casa”, dijo, insistiendo en la necesidad de superar los trámites burocráticos que a menudo retrasan el desarrollo de nuevas viviendas.

Sin embargo, este esfuerzo se lleva a cabo en un contexto de desafíos significativos. Según el Registro Único de Vivienda, entre enero y junio de 2026 solo se edificaron 296 viviendas en la capital, mientras que otras 2,000 siguen registradas como en construcción. Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, aseguró que actualmente hay 9,000 viviendas sociales en proceso, con un ritmo de construcción más acelerado que en años anteriores.

La administración está abordando la crisis de acceso a la vivienda que enfrentan muchas metrópolis alrededor del mundo, mediante la promoción de proyectos de vivienda social y popular. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado un modelo de coproducción, que involucra a las familias que habitarán las nuevas viviendas en el proceso de desarrollo.

Este modelo permite ofrecer viviendas a un costo promedio de entre 700,000 y 900,000 pesos, apoyadas por financiamiento público sin intereses. Según se señaló, los créditos contemplan mensualidades que no superan el 20% del ingreso familiar. Algunas familias podrían pagar tan solo 900 pesos al mes, mientras que las que cuentan con ingresos más altos podrían enfrentarse a pagos de aproximadamente 3,000 pesos.

Con estas iniciativas, la administración de Brugada no solo busca mitigar la crisis de vivienda en la Ciudad de México, sino también proporcionar una solución sostenible a largo plazo para sus habitantes, respaldando así un derecho humano esencial que afecta a miles de familias.

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eleconomista.com.mx: https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/cdmx-proyecta-entregar-10-000-hogares-costo-20260725-824977.html