La Unión Europea se encuentra en una encrucijada en la que la utilización de activos rusos congelados para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania tras la guerra está siendo deliberada. Actualmente, se estima que alrededor de 210,000 millones de euros (245,850 millones de dólares) en activos rusos permanecen congelados dentro del bloque a raíz de las sanciones impuestas a Moscú tras su invasión de Ucrania.
Ucrania, junto con varios países europeos, como Estonia, Lituania y Polonia, sostiene que estos activos deberían ser embargados y destinados para apoyar a Kiev, especialmente a medida que el país enfrenta un déficit de financiación que asciende a decenas de miles de millones de euros solo para el próximo año. Sin embargo, potencias de la UE como Francia y Alemania, así como Bélgica —que alberga la mayor parte de estos activos— han rechazado la idea de su confiscación inmediata.
Estos países han planteado preocupaciones sobre la legalidad de tal acción y sus posibles repercusiones en la estabilidad del euro. A pesar de que los ingresos generados por estos activos están siendo utilizados para asistir a Ucrania, no se considera viable la confiscación en este momento.
Durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Copenhague, Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE, remarcó que es “impensable” que Rusia recupere este dinero, salvo que se compense a Ucrania por los daños ocasionados por la guerra. La necesidad de establecer una estrategia para la gestión de estos activos concluyó como un consenso entre los líderes europeos.
Maxime Prevot, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, argumentó que cualquier intento de confiscación podría desencadenar una inestabilidad financiera sistémica y erosionar la confianza en el euro, añadiendo que no era sensato cambiar la estrategia de inversión de los beneficios generados por estos activos, debido a los riesgos involucrados.
Cabe mencionar que el año anterior, el grupo de países del G7, que incluye a la UE, acordó utilizar los beneficios provenientes de los activos congelados para facilitar un préstamo de 50,000 millones de dólares a Ucrania.
Aunque hay una comprensión general de que Rusia deberá hacerse responsable de los daños causados, muchos países, incluido Bélgica, no están dispuestos a debatir sobre la incautación de activos en este momento. Según informes, Rusia ha dejado entrever que podría aceptar el uso de estos activos congelados para la reconstrucción de Ucrania, pero con la condición de que una parte de los fondos se destine a las áreas bajo su control.
Este contexto revela la complejidad de las relaciones geopolíticas actuales y la delicada balanza entre la necesidad de apoyo a Ucrania y los desafíos legales y financieros que enfrenta la Unión Europea en este proceso.
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