Lo que comenzó como un proceso de diálogo para construir un proyecto relacionado con las pensiones y los derechos de los trabajadores del estado de Morelos, amenaza con convertirse en un conflicto político y social de grandes dimensiones.
La razón es sencilla: nadie parece tener claro cuál es el verdadero proyecto, quién lo está elaborando y, sobre todo, con quién se está negociando. Mientras algunos funcionarios sostienen que el documento aún no existe y que apenas se construye en mesas de trabajo, otras voces afirman que el proyecto prácticamente está terminado y que las reuniones únicamente buscan socializar una decisión ya tomada.
Esa contradicción, lejos de generar confianza, ha provocado incertidumbre entre miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados.
La situación se complica todavía más cuando los propios dirigentes sindicales ofrecen versiones encontradas. El liderazgo de los trabajadores del Poder Ejecutivo ha expresado públicamente su inconformidad con la forma en que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda y Administración están conduciendo las reuniones. Según esa postura, las mesas de trabajo no son realmente espacios de negociación, sino encuentros donde se pretende presentar decisiones previamente definidas.
Del otro lado, funcionarios estatales aseguran que el diálogo se desarrolla con los liderazgos existentes y que el proceso es abierto e incluyente. Sin embargo, cuando dos versiones oficiales son completamente distintas, lo único que consigue el gobierno es alimentar la desconfianza.
Quizá el problema de fondo sea otro. Da la impresión de que quienes hoy conducen este proceso desconocen la compleja estructura de representación que existe entre trabajadores en activo, jubilados y pensionados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No basta con convocar reuniones, es indispensable identificar quiénes cuentan realmente con la representación y la confianza de las bases.
La experiencia demuestra que cualquier reforma relacionada con pensiones toca uno de los temas más sensibles para cualquier trabajador, o sea su patrimonio y la seguridad económica de su familia. Por ello, la reacción natural de quienes durante años han recibido una prestación será defenderla con todos los recursos legales y políticos a su alcance.
No importa cuántas conferencias de prensa se ofrezcan ni cuántos comunicados oficiales se publiquen. Si entre los trabajadores existe la percepción de que pueden perder parte de los ingresos que legítimamente reciben cada quincena, la respuesta difícilmente será de aceptación. Será, por el contrario, de resistencia.
Precisamente por eso, resulta indispensable construir confianza antes que imponer calendarios. La comunicación institucional no puede basarse en mensajes contradictorios. Cuando un funcionario afirma una cosa y un dirigente sindical sostiene exactamente lo contrario, la credibilidad del proceso comienza a deteriorarse rápidamente.
Además, existe un componente jurídico que tampoco puede ignorarse. Diversos sectores sostienen que cualquier modificación deberá respetar plenamente los derechos previamente reconocidos y observar los principios constitucionales aplicables, entre ellos la prohibición de aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de las personas, prevista en el artículo 14 de la Constitución. En caso contrario, es previsible que el conflicto también se traslade a los tribunales.
Nadie discute que los sistemas de pensiones enfrentan desafíos financieros importantes y que deben analizarse alternativas para garantizar su viabilidad futura. Sin embargo, una reforma de esta naturaleza no puede construirse únicamente desde los escritorios. Requiere consenso, información transparente, certeza jurídica y, sobre todo, capacidad de conciliación.
Morelos necesita un proceso serio, técnicamente sólido y políticamente responsable. Si el proyecto aún no existe, debe elaborarse con la participación efectiva de todos los sectores involucrados. Si ya existe, lo correcto sería presentarlo íntegro, explicar sus alcances y abrir una discusión auténtica, no una simple simulación de consulta.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Pero ese tiempo no será infinito. Mientras persistan las versiones encontradas, los desencuentros entre funcionarios y dirigentes, y la incertidumbre sobre el contenido real de la propuesta, el conflicto seguirá creciendo.
Lo que no ha entendido la autoridad, es que sus problemas financieros no son, ni les importa a los jubilados, esos son de la autoridad en turno nada más.
En política, pocas cosas generan más problemas que aquello que la gente percibe que se decide sin escucharla. Y cuando lo que está en juego es el ingreso de miles de familias, la conciliación deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.
¿No cree usted?
