Cuatro alcaldes asesinados anualmente en México

En México, la violencia contra las autoridades municipales ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas décadas. De acuerdo con datos recientes, en los últimos cinco sexenios, un total de 123 presidentes municipales han sido asesinados, reflejando una crisis de seguridad que afecta al país en diferentes niveles.

El periodo más mortal para estos líderes locales fue el encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en el centro de esta tragedia con un total de 42 alcaldes ejecutados. Este triste récord destaca los desafíos que enfrentan quienes están al frente de la administración pública en un contexto donde la violencia criminal se ha infiltrado en la política.

En contraste, la administración de Vicente Fox Quesada se destaca como la de menor incidencia, con solo cuatro presidentes municipales asesinados. No obstante, el escenario se tornó más oscuro durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, donde 37 alcaldes perdieron la vida, marcando un periodo de intensa conflictividad.

Bajo el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, la violencia continuó su trayectoria ascendente, con 26 presidentes municipales asesinados. Por su parte, en la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, 14 alcaldes han sido víctimas de homicidio, sumando al total desolador de 123 en los últimos seis años.

Casos específicos han dejado una huella profunda en comunidades como Michoacán. Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, fue asesinado el 6 de junio de 2025, y Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, perdió la vida el 1 de noviembre del mismo año. También, el brutal asesinato de Marta Laura Mendoza Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, junto a su esposo, conmocionó a la región, dejando a su hijo herido en el ataque.

La realidad que enfrentan los presidentes municipales en México es una preocupación que exige atención y acción urgente, reflejando un escenario donde, en promedio, cada año, cuatro alcaldes son asesinados. Este fenómeno no solo atenta contra la vida de estos líderes, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones y complica la gobernabilidad en un país que lucha por la paz y la seguridad.

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