Sheinbaum niega que propuesta censure audiencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido al paso de las críticas surgidas en torno a la iniciativa y los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, defendiendo su propósito como un mecanismo para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información. En su conferencia matutina del 30 de julio de 2026, Sheinbaum enfatizó que tales propuestas no representan un intento de censura hacia los medios de comunicación.

La mandataria aseguró que las críticas son infundadas y que los lineamientos, aún en fase de consulta pública, están abiertos a modificaciones. “Nunca vamos a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho”, afirmó con firmeza, expresando su convicción de que la censura no debe tener lugar en un estado democrático.

Sheinbaum destacó que el debate sobre los derechos de las audiencias no es nuevo; ha sido un tema de discusión tanto a nivel nacional como internacional durante años. Recordó el papel del senador Javier Corral y de varios periodistas y especialistas que han abogado por que los ciudadanos cuenten con herramientas para expresar inconformidades respecto a la información que reciben.

La propuesta incluye la designación de una persona responsable en cada empresa de radio y televisión, encargada de recibir las quejas de los oyentes y televidentes sobre el derecho a la información. La presidenta subrayó que esta legislación ha sido elaborada en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), donde se han llevado a cabo mesas de trabajo para alcanzar consensos sobre artículos específicos.

“La ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información”, remarcó Sheinbaum, quien también criticó la interpretación de diversas voces que han considerado la propuesta como un ataque a la libertad de prensa.

En conclusión, mientras la propuesta sigue su curso en la esfera pública y se somete a consulta, Sheinbaum insiste en que se priorizará siempre la garantía del derecho a la información, asegurando que las puertas a la modificación permanecen abiertas ante el diálogo constructivo.

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