Para comprender el desmoronamiento de la república venezolana es indispensable analizar al régimen chavista a lo largo de sus 27 años de existencia. Al asumir el poder tras ganar las elecciones de 1998, Hugo Chávez ofrecía un cambio de régimen enfocado en combatir la corrupción y transitar hacia una “democracia participativa y protagónica”.
Tras la polarización derivada del intento de golpe de Estado en contra el gobierno chavista en 2002 se optó por endurecer el control estatal. A partir de 2005 comenzó a promover la “transición al socialismo del siglo XXI”, imponiendo a través de leyes un “estado comunal” y un diseño del “poder popular” que emulaba parcialmente al régimen cubano. En 2007 intentó elevarlo a rango constitucional, pero perdió el referéndum por estrecho margen.
El boom petrolero permitió implementar una política social amplia. Estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas señalan que Venezuela recibió la cifra de 780,000 millones de dólares entre 1999 y 2012. Esta inyección masiva de capital financió un frenesí consumista insostenible y un agresivo proceso de estatizaciones que desmanteló al sector privado, expropiando más de 1,100 empresas en una década.
Paralelamente, el régimen garantizó su permanencia eliminando los contrapesos institucionales, acosó a la y estrechó una alianza con los mandos de las fuerzas armadas.
Tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 heredando un modelo económico con distorsiones estructurales. Por ejemplo, la inflación en 2013 fue del 56.3%. Así mismo estaba desprovisto del carisma y el presupuesto de su antecesor. Además, a partir de 2015, tuvo que lidiar con sanciones económicas financieras y comerciales, a lo largo de los gobiernos de Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump.
No es casual que el inicio de las sanciones coincidiera cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. La que intentó destituir a Maduro en octubre de 2016 a través de un golpe parlamentario emulando a la derecha brasileña que logró destituir a la presidenta Dilma Rousseff (agosto, 2016). A partir de ahí Maduro endureció su política contra la oposición.
Las medidas de controles sobre los precios, la producción y las divisas, Maduro no contuvo la debacle económica. El PIB de Venezuela sufrió una contracción de aproximadamente 75% entre 2014 y 2021. El factor relevante de esta situación es la guerra económica realizada por los Estados Unidos.
Este colapso macroeconómico se tradujo en una crisis humanitaria. La ONU documenta que más de 8 millones de venezolanos abandonaron su país durante este periodo.
En el plano político, el régimen neutralizó los liderazgos que desafiaron su legitimidad. Desde el interinato de Juan Guaidó, cuyo reconocimiento internacional terminó por disolverse, hasta Edmundo González y María Corina Machado. Sobre esta última, se reportó el 16 de enero de 2026 una reunión celebrada en la Casa Blanca, donde Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, le entregó su medalla a Donald Trump en señal de gratitud por su “acción decisiva” para deponer a Maduro.
A pesar del discurso dogmático y antiimperialista del chavismo, la caída de Maduro reveló un pragmatismo político. The Guardian indicó que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge (presidente de la Asamblea Nacional) sostuvieron negociaciones secretas con funcionarios estadounidenses y qataríes desde el otoño anterior, para cooperar con Washington una vez que Maduro fuera apartado del poder, con el fin de evitar un “Estado fallido”. Los hechos apuntan hacia la confirmación de esa versión.
Tras la incursión militar de enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina del país. En los análisis del International Banker, los economistas la denominaron bajo el seudónimo de “Delxiaoping”, un paralelismo con el líder chino Deng Xiaoping, debido a su disposición para abrir los mercados locales para salvar la economía sin perder el poder.
El reflejo de esta transformación ocurrió a finales de enero de 2026 con la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Rompiendo con 50 años de monopolio petrolero estatal en Venezuela al permitir que firmas privadas extranjeras participen en la producción y comercialización de crudo, eliminando la obligatoriedad de que la estatal PDVSA posea una participación mayoritaria.
Asimismo, Rodríguez consintió una disposición permitiendo a Estados Unidos asumir el control de la venta de petróleo venezolano, que ya alcanza los 13 mil millones de dólares. A Venezuela únicamente se han transferido 300 millones. El gobierno de Trump está cometiendo “un robo en despoblado”. Además, el Departamento del Tesoro, decidiendo qué empresas reciben licencias operativas.
Buscando la estabilización financiera, la mandataria interina ha multiplicado sus canales. Durante los meses posteriores a la transición, ha sostenido reuniones con el director de la CIA, John Ratcliffe, siendo este el primer funcionario de rango ministerial estadounidense en visitar Caracas en décadas. Así como negociaciones de refinanciamiento con directivos del sector privado internacional, comisiones del FMI y el Banco Mundial.
Seis meses después de la intervención militar estadounidense, la situación del depuesto mandatario permanece sumida en la opacidad jurídica de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia fundamenta la retención bajo acusaciones federales de narcotráfico, conspiración criminal y lavado de dinero dictadas por tribunales neoyorquinos. No obstante, observadores internacionales señalan que el confinamiento de Maduro y Flores carece de un juicio legítimo y de una acusación penal procesada bajo los marcos contemplados en el derecho internacional, constituyendo una anomalía procesal justificada por Washington bajo “la seguridad nacional”.
El frágil equilibrio sociopolítico de Venezuela se fracturó el pasado 24 de junio de 2026, cuando un devastador doble terremoto azotó el norte del país, provocando el colapso de la infraestructura en Caracas y La Guaira. Se denuncia que el desastre natural era inevitable, pero que la devastación generalizada es la factura de décadas de corrupción y debilidad institucional.
Las personas fallecidas ya rebasan los 5 mil quinientas y las heridas 17 mil. Los daños se calculan en 19 mil 600 millones de dólares, equivalente al 18% del PIB venezolano. La Casa Blanca prometió 300 millones de dólares para ayuda humanitaria y el despliegue de equipos de búsqueda, dicha suma resulta ridícula.
El porvenir de Venezuela se debate hoy entre las dinámicas de poder de los Estados Unidos y China y, la supervivencia de las élites locales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió una declaración condenando el uso unilateral de las licencias generales estadounidenses por violar los derechos legítimos de cooperación comercial internacional e intentar desplazar las inversiones de Pekín y Moscú en la región. El control de la producción petrolera del mundo por los Estados Unidos choca con los intereses chinos que es el mayor importador de ese producto en el mundo.
Además, el impacto multidimensional de la subordinación venezolana afecta directamente a la gobernabilidad y estabilidad de México en tres vertientes:
1.- La reconfiguración de la Ley de Hidrocarburos venezolana y la posterior inundación del mercado norteamericano con crudo regulado desde Washington abaratan los costos energéticos globales para las corporaciones estadounidenses. Esto reduciría el margen de negociación de PEMEX, debilitando un pilar de la soberanía nacional. Esto no ha sucedido por el empantanamiento de la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.
2.- Con una nación sudamericana devastada y un éxodo de ocho millones de desplazados, el flujo migratorio masivo que asciende a través de la frontera del Darién impacta la seguridad de las fronteras mexicanas. México queda atrapado geográficamente en medio de esta crisis, absorbiendo las tensiones de una tragedia humana que Washington decide administrar mediante deportaciones masivas.
3.- Coloca a México en la mira de Estados Unidos junto con el asedio económico y político a Cuba.
El trágico destino de Venezuela es el recordatorio definitivo de que la soberanía nacional y la estabilidad de América Latina se encuentran bajo un asedio permanente en este orden global convulso, impulsado por los afanes neocoloniales de los Estados Unidos.
