Revisar castigos para menores delincuentes graves

El notable incremento en la participación de menores de edad en delitos graves, como homicidio, feminicidio, violación y secuestro, ha llevado a la reflexión y la acción de diversas autoridades en México. Josué David “Chepe” Guerrero Trápala, alcalde de Corregidora, Querétaro, ha expresado su preocupación por esta alarmante tendencia. Su propuesta de equiparar las sanciones para jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan tales delitos a las de los adultos ha comenzado a resonar en la esfera política.

El caso de Osmar, un estudiante de 15 años que, en un acto trágico, asesinó a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es un claro reflejo de la problemática. Este incidente, que ha despertado la indignación pública, resultó en una sentencia de solo tres años de encarcelamiento para el menor, lo que ha dejado a las familias de las víctimas con una sensación de impotencia ante un sistema que parece fallar.

Guerrero Trápala ha reiterado la necesidad de discutir y revisar las leyes en torno a este tema. “Cuando piensas en los familiares de las víctimas, es obvio que el sistema no está funcionando adecuadamente”, subrayó. La propuesta del alcalde encuentra respaldo en el Cabildo de Corregidora, y ya se evalúa en el Congreso de Querétaro, donde se podrían tomar decisiones en este sentido a lo largo de este año.

Sin embargo, la resolución del problema no es simple. El alcalde señala que en muchos casos, los menores son reclutados por el crimen organizado a través de engaños. A medida que los delitos graves se multiplican, también lo hace la preocupación por un sistema de justicia que se percibe como ineficaz, especialmente cuando se considera que las sanciones por estos crímenes son significativamente más bajas para los menores.

Guerrero Trápala hizo hincapié en que no solo se trata de endurecer las penas. Es fundamental también evaluar el funcionamiento de los juzgados especializados en menores, que han visto reducciones drásticas en su presupuesto desde 2024. Este recorte resulta problemático, dado el aumento en la violencia y el impacto social de estos delitos.

Más allá de la necesidad de sanciones más severas, el alcalde defiende la importancia de ofrecer alternativas a los jóvenes, como oportunidades en áreas de cultura, deporte, empleo y salud mental. Ha mencionado las acciones ya emprendidas en Corregidora, pero reconoce que el desafío trasciende fronteras municipales y que la iniciativa debe avanzar hacia el Congreso Federal.

Con un debate tan crítico en curso, la sociedad mexicana enfrenta una encrucijada. Las decisiones que se tomen en los próximos meses pueden ser determinantes no solo para el sistema de justicia, sino también para el futuro de la juventud y la seguridad en el país.

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