La crisis migratoria en Ceuta ha presentado una nueva oportunidad para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien busca reactivar su controversial plan para gestionar las deportaciones de migrantes. Originalmente lanzado con el nombre de “plan Albania”, este proyecto ineficaz intenta establecer centros de deportación en países terceros, principalmente en África, financiados esta vez con recursos europeos.
En una videoconferencia que tendrá lugar este martes, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, presentará esta iniciativa a sus colegas de los 27 países europeos. Entre los estados que podrían involucrarse se mencionan Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania, Egipto, Uganda y Etiopía, así como Uzbekistán, Armenia y Montenegro. Se espera que esta estrategia antiflujo migratorio cobre relevancia tras los recientes acontecimientos en Ceuta.
A pesar de que los centros albaneses establecidos en Shëngjin y Gjadër han permanecido prácticamente vacíos, Italia aspira a revitalizar su anterior apuesta, que había fracasado desde su introducción en septiembre de 2024. La administración de Meloni espera que, impulsados por la crisis de Ceuta, los socios europeos reconozcan la necesidad de ‘deslocalizar’ las expulsiones de migrantes a países situados más allá de cuyo litoral.
Sin embargo, el plan Albania se ha caracterizado por sus altos costos y su poca efectividad. Diversos informes sugieren que el costo de su implementación podría alcanzar hasta 1.000 millones de euros durante los primeros cinco años, mientras que solo 600 migrantes han sido deportados a Albania en el último bienio. Esto contrasta notablemente con la cifra de 3.000 deportaciones que se proyectaban inicialmente. El estancamiento en la actividad migratoria en los centros está evidenciado por un promedio de solo una veintena de personas mensuales.
Adicionalmente, existe una incertidumbre jurídica en torno a este plan. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) todavía debe pronunciarse sobre dos apelaciones presentadas por jueces italianos respecto a la legalidad de los centros de deportación en Albania. Sus decisiones, que se anticipan para el próximo mes, determinarán cuestiones clave: la capacidad de Italia para retener a solicitantes de asilo en Albania, la legalidad del terreno de los centros albaneses como extensión del suelo italiano y la compatibilidad del pacto con la autoridad de la UE en materia de migraciones.
Es importante señalar que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, lo que significa que los migrantes que cruzaron la frontera española no pudieron continuar hacia la Península Ibérica. La reciente suspensión de la frontera Schengen con España por parte del Gobierno italiano, en vigor durante al menos los siguientes 30 días, parece más una declaración política que una medida basada en el riesgo real de circulación de migrantes hacia el resto de Europa.
La propuesta de Meloni, enmarcada en un contexto de competencia política interna, busca recuperar protagonismo ante el auge de un nuevo partido de ultraderecha, Futuro Nacional, liderado por Roberto Vanacci, que ganó notoriedad en los últimos sondeos. Este panorama se torna complejo, dado que el liderazgo de Meloni enfrenta la presión tanto de su propio vicepresidente, Matteo Salvini, como de este nuevo rival.
A medida que avanza la crisis migratoria y la respuesta política en Europa se desarrolla, el futuro del plan Albania y las medidas relacionadas ilustran los desafíos persistentes en la gestión de las migraciones en el continente. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo estas políticas evolucionan y cómo se aborda la cuestión migratoria en un marco europeo cada vez más interconectado y, a la vez, dividido.
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